EscucharUna filtración que recopila archivos confidenciales de la aplicación de transporte Uber evidencia tácticas éticamente cuestionables y potencialmente ilegales que la compañía usó para propulsar su frenética expansión global hace casi una década, reveló este domingo 10 de julio una investigación periodística conjunta.
Bautizada como "Los archivos de Uber", la investigación realizada entre docenas de medios revela que representantes de la compañía sacaron provecho de la reacción a veces violenta del gremio de los taxis contra sus conductores para obtener respaldo y evadir a las autoridades regulatorias, conforme buscaba conquistar nuevos mercados.
En total, se trata de 124.000 documentos de entre 2013 y 2017, inicialmente obtenidos por el diario británico The Guardian y que luego compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las revelaciones son otro duro golpe para una compañía que siempre estuvo acompañada por la controversia en su objetivo de convertirse en una fuerza disruptiva del transporte local en el mundo.
Los documentos incluyen intercambios de mensajes de texto y correos electrónico entre ejecutivos, uno de ellos su cofundador y antiguo presidente Travis Kalanick, quien tuvo que renunciar en 2017 por acusaciones de prácticas brutales de gerencia y múltiples episodios de acoso sexual y psicológico dentro de la compañía.
"La violencia garantiza el éxito", le escribió Kalanick a otro de los líderes de la empresa a medida que impulsaba una contraprotesta en medio de las manifestaciones de París en 2016 contra la llegada de Uber al mercado.
La veloz expansión de Uber se soportó en los subsidios a conductores y en descuentos en tarifas que hicieron mella en el gremio de los taxis, y “a menudo sin procurar licencias para operar como un taxi o servicio de limusina”, informó The Washington Post, uno de los medios que participó en la investigación.
Conductores de Uber de toda Europa enfrentaron violentas represalias de los taxistas que los veían como una amenaza a su medio de vida. La investigación halló que “en algunas instancias, cuando los conductores eran atacados, los ejecutivos de Uber reaccionaban rápido para capitalizar” la búsqueda de respaldo regulatorio y de la opinión publica, dice el Post.
Según The Guardian, Uber ha adoptado tácticas similares en países europeos como Bélgica, Países Bajos, España e Italia, movilizando a conductores y alentándolos a denunciar ante la policía cuando fueran víctimas de violencia, con el objetivo de usar el cubrimiento mediático para obtener prerrogativas de las autoridades.
Una portavoz de Kalanick negó tajantemente los hallazgos, argumentando que él "nunca sugirió que Uber se aprovechara de la violencia a expensas de la seguridad de sus conductores".
La compañía, sin embargo, trasladó la culpa el domingo al liderazgo de Kalanick, cuyos "errores" ya fueron hechos público.
"Nos hemos movido de una era de confrontación a una de colaboración, demostrando una voluntad de sentarnos a la mesa y encontrar puntos de acuerdo con antiguos opositores, incluyendo los sindicatos y las compañías de taxis", dijo Uber, que destacó que a su reemplazo, Dara Khosrowshahi, "se le encomendó la tarea de transformar cada aspecto de cómo opera Uber".
‘Interruptor de emergencia’
La investigación también acusa a Uber de haber trabajado para evadir investigaciones regulatorias sacando provecho de una ventaja tecnológica, escribió el Post.
El diario describió el momento en que Kalanick implementó un "interruptor de emergencia" para de manera remota eliminar el acceso a sistemas internos de Uber en dispositivos de una de sus oficinas en Ámsterdam durante una inspección de las autoridades.
"Por favor presiona el interruptor de emergencia inmediatamente", escribió el ejecutivo a un empleado vía correo electrónico. "El acceso debe apagarse en AMS (Ámsterdam)".
La portavoz de Kalanick, Devon Spurgeon, dijo que el ejecutivo "nunca autorizó ninguna acción o programa que obstruyera la justicia en ningún país".
Kalanick "nunca ha sido acusado en ninguna jurisdicción por obstrucción a la justicia u otro delito relacionado", abundó.
Sin embargo, la investigación señala que las acciones de Uber son ilegales y que sus ejecutivos lo sabían, citando a uno de ellos bromeando con el hecho de que se habían vuelto "piratas".
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Los reportajes dicen que los archivos revelan que Uber además hacía lobby con gobiernos para ayudar a su expansión, encontrando en Emmanuel Macron, ministro de Economía entre 2014 y 2016, a un aliado en Francia.
La compañía creía que Macron alentaría a los reguladores “a ser ‘menos conservadores’ en su interpretación de las normas que limitan la operación de la compañía”, afirma el Post.
Macron fue abiertamente partidario de Uber y de la idea de convertir Francia en una "nación de emprendimientos" en general, pero los documentos filtrados sugieren que el respaldo del entonces ministro controvertía con las políticas de izquierda del gobierno.
Las revelaciones han desatado indignación entre políticos de izquierda, que denuncian los vínculos entre Uber y Macron como contra "todas nuestras normas" y como un "saqueo al país".
La trayectoria en Costa Rica
En Costa Rica, la trayectoria de Uber, presente desde el 2015, tampoco ha estado ajena a polémicas.
La compañía ha mantenido un pulso constante con gremios de taxistas formales y con las propias autoridades en torno a su regulación, un debate que llegó incluso a protestas con algunos episodios violentos y que sigue sin cerrarse, por lo que la empresa se mantiene en un limbo.
Desde finales del 2020, los viajes en Uber y otras plataformas de transporte están sujetos al pago del impuesto al valor agregado (IVA) en Costa Rica, un cobro que las compañías dijeron que se lo trasladarían al usuario.
Pero tal vez el tema que más incomoda a Uber en Costa Rica tiene que ver con la condición laboral de las personas que trabajan en la plataforma, una discusión que hace eco de lo que se debate en otras latitudes.
Los pagos extra, las vacaciones y hasta la propia seguridad de los conductores, algunos asaltados, siguen siendo pendientes en la regulación del país.
Existe una demanda impuesta por un conductor ante el Juzgado de Trabajo de Desamparados contra Uber en abril del 2021. En ella, el conductor reclama una relación laboral y el reconocimiento de cargas sociales, horas extra, vacaciones, aguinaldo, entre otros derechos.
Además, ese mismo año, el Ministerio de Trabajo desarrolló un estudio sobre las condiciones laborales de conductores y repartidores de plataformas, un primer paso hacia una posible futura regulación.
Por su parte, Uber, y otras compañías similares, dijeron a EF el año anterior que mantienen la posición de denominarlos como “socios repartidores”, aunque están dispuestas a que se transforme el esquema hacia “trabajadores independientes”.
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Uber ha estado en el foco de diversas protestas de taxistas que piden la eliminación o regulación de la plataforma en Costa Rica. Fotografía de archivo. (Alonso Tenorio)
Una historia de escándalos
La historia de la plataforma de transporte Uber, creada en 2010, está plagada de escándalos de acoso, pirateo, espionaje industrial y disputas legales.
Desde el inicio, Uber ha estado en el punto de mira por sus prácticas laborales en decenas de países.
El gigante estadounidense defiende con vigor el uso del estatuto de trabajador independiente, pero decisiones judiciales de varios países le obligaron a conceder el estatuto de empleado a sus trabajadores.
También en 2021, la justicia británica pone fin a cinco años de juicios y dictamina que Uber deberá garantizar un salario mínimo y vacaciones remuneradas a sus conductores, una primicia mundial. Dos meses después, un acuerdo “histórico” permitió a los 70.000 choferes de Uber ser representados por un sindicato.
Poco después, la justicia francesa y neerlandesa considera que los conductores están regidos por un contrato de trabajo.
En 2019, California también consideró que los conductores de la compañía son asalariados. Pero en 2020, Uber lanza una contraofensiva mediante la aprobación de un referéndum sobre el estatuto de independiente de los trabajadores. Sin embargo, un juez dictó que el referéndum es inconstitucional y a continuación, Uber presentó un recurso.
En 2017, Uber, acusado de tolerar una cultura sexista y violenta, abrió una investigación interna. Su cofundador Travis Kalanick se vio obligado a dimitir por alentar prácticas directivas brutales. Además, la empresa despidió a 20 trabajadores tras 215 denuncias por comportamientos inapropiados e intimidaciones por parte de empleados de todo el mundo.
En India, uno de los dirigentes de la compañía fue despedido después de haber tratado de desacreditar el testimonio de una mujer violada por un conductor en 2014.
En 2018, una antigua ingeniera presentó una queja en San Francisco después de que la empresa le negara un aumento salarial tras haber denunciado discriminaciones y casos de acoso sexual contra mujeres en la compañía. Al parecer, se echó para atrás en un acuerdo confidencial por el que Uber pagaba $10 millones a varios empleados para evitar acciones legales.
En 2017, la justicia estadounidense investigó sospechas de corrupción en el extranjero y sobre el uso de programas ilegales para espiar la competencia o escapar del control de las autoridades. Uber implementó “una estrategia sofisticada para destruir, esconder, disimular y falsificar registros o documentos con la intención de impedir o interferir en las investigaciones del gobierno” (...), explicó la fiscalía estadounidense. El antiguo responsable de la “inteligencia” de Uber aseguró haber recibido $4,5 millones para no criticar a la empresa.
A inicios de 2018, Waymo, una filial de Google que desarrolla vehículos autónomos, lo acusó de haber robado secretos tecnológicos sobre el sistema de conducción autónoma. Uber tuvo que interrumpir durante varios meses sus pruebas tras la muerte de una mujer atropellada por un coche autónomo de la empresa en Arizona en 2018. Para resolver la demanda, Uber pagó a Waymo $245 millones.
En noviembre de 2017, Uber admitió que los datos de 57 millones de sus usuarios, clientes o choferes, habían sido pirateados. La empresa lo sabía desde noviembre de 2016, pero depositó $100.000 a los “hackers” para guardar su silencio. En 2018, Francia condenó a Uber a una multa de 400.000 euros por haber ocultado ese pirateo. La empresa también debió pagar dos multas de más de un millón de euros en Países Bajos y Reino Unido.
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