Un nuevo texto que se mueve en la Asamblea Legislativa plantea la posibilidad de que Costa Rica, finalmente, tenga una ley de cine. En detalle, la propuesta busca dos cosas dentro de un mismo borrador.

Primero, pretende regular el marco legal de las producciones que se realicen en el país, con cambios en la normativa del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica que le posibilite trabajar en alianzas público privadas (APP) y ampliar la posibilidad de que Costa Rica sea escenario para más producciones internacionales.

También, el mismo proyecto plantea una transformación del impuesto a los espectáculos públicos que ampliará la base contribuyente y pretende grabar la televisión de paga para responder, según sus impulsores, a las dinámicas de consumo del siglo XXI.

Este segundo punto generó conflicto. Mientras legisladores oficialistas defienden el impuesto argumentando encadenamientos productivos y reactivación económica, otros de oposición, se niegan a que se financie a través de tributos una actividad lucrativa de índole privada como lo es el cine o la producción audiovisual en general.

El proyecto de ley no es nuevo (expediente 20.661), lleva en corrillos políticos desde 2017 y ha recibido dos textos sustitutivos desde entonces. La segunda enmienda fue apenas unos días después de que con una moción, la comisión de Hacendarios redujera en ¢250 millones el presupuesto solicitado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). De estos, ¢100 millones se le restarían específicamente al Centro de Cine.

El texto ya pasó el primer peldaño tras aprobarse de manera unánime en la Comisión de Ciencia y Tecnología sin embargo, en el plenario su camino empieza cuesta arriba.

El impuesto

Cada vez que una persona asiste a un espectáculo artístico debe pagar un 6% del valor de su entrada para el impuesto de espectáculos públicos –o un 3% si el evento se desarrolla en un cantón no cabecera de provincia–.

El dinero que se recauda con el tributo se divide entre distintas instituciones como el Teatro Nacional o el Museo de Arte Costarricense. El borrador que se discute busca cambiar la base de distribución y agregar al Centro de Cine con un 20% del total recaudado. El dinero se podrá usar en un fondo de fomento.

El impuesto sufrirá una transformación más amplia. Se baja el porcentaje de recaudación a 1,5%, pero se amplía la base contributiva de manera importante. Si el proyecto se convierte en ley no solo se cobrará el impuesto por las entradas al cine, sino también por suscripciones de cable o cualquier tipo de televisión de paga y servicios de streaming, como Netflix, HBO Go o Amazon Prime.

La transformación en el cobro del tributo representaría una recaudación mayor según cálculos preliminares. Según datos del 2018, los ingresos por entradas al cine, cable y suscripciones de Netflix (exclusivamente y considerando solo el cobro básico) generaron más de ¢171.000 millones, lo que significarían más de ¢2.566 millones en impuestos.

Este aumento en la carga fiscal tan solo unos meses después de la implementación de las reformas tributarias contempladas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) es uno de los argumentos más fuertes para quienes se oponen a la ley.

“Es un aumento de la carga fiscal, no es solo un reajuste del impuesto. Se está ampliando la recaudación, estamos ante una clase política que no ve fin a su voracidad fiscal”, declaró el analista en políticas públicas, Juan Carlos Hidalgo.

En contraparte los diputados que apoyan el proyecto destacan que invertir en cine generaría decenas de encadenamientos productivos asociados a la producción audiovisual y por consecuencia, más empleos. Así lo explican Laura Guido y Enrique Sánchez, ambos legisladores del Partido Acción Ciudadana e impulsores del proyecto de ley.

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En otras bancadas la posición es menos benevolente. Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional (PLN), aseguró que el impuesto hace que se deba valorar la propuesta, ya que incluye un costo adicional que se le suma a la población en medio de una “coyuntura económica delicada”.

“Me parece que todos los diputados son conscientes de la importancia de una ley de cine, pero no por medio de la exigencia de más impuestos, los ciudadanos no pueden seguir sostenido instituciones, lo cual, es una tónica de este gobierno”, declaró Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El cobro del tributo, en caso de las plataformas de steaming, se realizaría por retención de las tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, cuatro meses después de la entrada en vigencia del IVA, Hacienda aún no cobra el impuesto a este tipo de servicios a falta de una lista oficial y una manera formal de realizar las deducciones.

Sumado a esto, Guido señaló que los servicios que pasarían a grabarse los adquieren, principalmente, las personas de los deciles más altos de la población, es decir, personas con más recursos económicos.

En la realidad, esto no es tan marcado. El acceso a televisión por cable –que es el 90,66% de la nueva base recaudatoria– llega al 70,85% de los hogares del país según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Es decir, poco más de 1,1 millones de hogares que tienen cable o algún otro servicio de televisión de paga pasarían a ser parte, automáticamente, de la base contributiva del impuesto.

“Este no es un impuesto a las personas con ingresos altos, ahí están personas de clase baja y de clase media”, declaró Hidalgo.

Hay otro punto en el que el cambio en el impuesto encuentra una oposición importante y es la subvención de producciones nacionales a partir de impuestos.

Para argumentar a favor de que el Estado pague parte de los costos de diversas producciones audiovisuales, que son actividades privadas con fines lucrativos, Sánchez asegura que ya el país aporta a muchas otras actividades de índole privado cuando reconoce en ellas el valor público. "Por ejemplo Cinde o Corbana o Icafé y este caso no debería ser la excepción”, declaró el diputado oficialista.

A la lista se debería de sumar ya el Centro de Cine, entidad que recibe dinero del Estado para cofinanciar producciones audiovisuales, a través del Fauno. Este es un fondo concursable de ¢250 millones por año que se divide entre la cantidad de producciones ganadoras y que solo admite proyectos que certifican otras fuentes de financiamiento, de acuerdo con Ana Xóchitl Alarcón, directora del Centro de Cine.

En cuatro años de existir a cofinanciado 40 proyectos audiovisuales, desde largometrajes y documentales, hasta series televisivas y de animación.

Sin embargo, este tipo de aportes son justamente el problema de fondo, de acuerdo con Hidalgo.

“No es una industria rentable, si lo fuera tendría inversionistas privados detrás de ella. No hay buenas ganancias y estamos tirando plata buena a una industria que no tiene réditos. Hay que ser coherentes, esto aplica para todas las actividades privadas, como las cooperativas no pagando impuesto de renta o el proteccionismo con los arroceros. El cine es una industria privada y con fines de lucro”, declaró.

¿Ley de cine?

La otra parte del proyecto de ley no genera tantos anticuerpos. Bajo la premisa de dotar de seguridad jurídica a la industria cinematográfica, los que defienden el borrador aseguran que si se fomenta el cine a nivel nacional se conseguirá más inversión internacional.

Modernizar el Centro Cinematográfico de Producción Cinematográfica en un Centro de Cine y Audiovisual, como propone el texto, haría que este pase a tener una estructura normativa más ágil y flexible con la capacidad, por ejemplo, de realizar alianzas público privadas (APP).

Ahí entra en escena la figura de las producciones internacionales. La inexistencia de la normativa legal en el área es la razón principal por la que distintas producciones internacionales abortan la idea de desarrollar películas en Costa Rica.

Según datos del Comisionado Fílmico, un puesto que existe por decreto desde hace más de una década pero que apenas desde 2017 está nombrado dentro de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en solo dos años el país dejó de percibir cerca de $73 millones por producciones internacionales interesadas en realizar películas en Costa Rica y que se echaron para atrás por falta de una ley.

En contraste, República Dominicana ha generado por el mismo concepto cerca de $82 millones desde 2011, año en el que aprobó su ley de cine, según datos del mismo Castro.

Incentivar la venida a Costa Rica de producciones cinematográficas internacionales es de los aspectos más positivos de la ley, de acuerdo con Hidalgo. Esto podría lograrse a través de incentivos fiscales. “Es diferente hablar de una ley de cine, no es lo mismo que un impuesto para financiar producciones nacionales cuya viabilidad financiera es dudosa porque no hay inversionistas detrás”, aseguró.

Recorte presupuestario

La moción para disminuir el presupuesto del MCJ fue el punto que trajo de vuelta a la ley de cine a la palestra legislativa. Detrás de la enmienda está la diputada del PUSC, Shirley Díaz.

La moción venía acompañada de otros nueve cambios presupuestarios –por un monto total de ¢825 millones– que pretendían reducir los montos que se entregarán, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Presidencia de la República, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o la misma Asamblea y asignarlos a otras instituciones con menos recursos.

Al final, el único que superó el tamiz de Hacendarios fue el recorte del MCJ, pero a pesar de la disminución, el ministerio recibe 3.307 millones más que en 2019, lo que representa un incremento del 7,54%.

La incidencia del recorte sobre el centro de cine afectará directamente sobre las acciones y los fondos orientados al fomento y promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual, según señala Alarcón. Además, señala que el presupuesto del MCJ evidencia una disminución significativamente en el 2019 con una caída de ¢6.531 millones con respecto al 2018. Esto hizo que la cartera alcanzara el porcentaje más bajo en su proporción con el presupuesto nacional (0,40%).

Sin embargo, para Díaz, la reducción del dinero para Cultura se justifica cuando se analiza el total del presupuesto de la institución para el 2020. Es la quinta institución pública con un crecimiento presupuestario más grande para el próximo año.

“No es agradable tener que tocar el presupuesto de cultura. Es muy importante que en esta época de crisis donde todos hemos tenido que hacer sacrificios, entiendan que no había mala intención en esta moción. A pesar de los grandes recortes que se dieron en muchísimas instituciones el MCJ no solo mantiene su presupuesto, sino que lo incrementa”, declaró.