El nuevo presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, asegura que la forma en que está planteado el secreto bancario en Costa Rica es una traba para tener una institución más flexible para las personas y empresas que hoy se quedan en la informalidad.
En su crítica al secreto bancario, asegura, “coincidió siempre” y “tiene la misma posición” que el presidente Rodrigo Chaves; quien también ha dicho que el modelo de confidencialidad financiera actual es una llave para la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Ramos realizó las declaraciones en una entrevista que sostuvo este 30 de mayo con EF. Esa fue su respuesta cuando se le consultó sobre la rigidez de la institución que ahora dirige y el impacto que esto tiene sobre el mercado de trabajo.
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“Esta manía nuestra, porque casi hay que llamarla así, de no querer que nos encuentren en el banco, ni en la casa... ese ‘vea a ver cómo me agarra’... lo que provoca es una contrarreacción natural de las instituciones a las que hemos encargado que ‘nos agarren’”, afirmó Ramos. “Hablamos de un Estado que pasa golpeando a todo el mundo para ver qué toca, qué agarra, para ver dónde estás”, dijo el economista laboral, graduado de la Universidad de Berkeley, en California.
Tal como indicó el nuevo jerarca de la Caja, sus críticas son similares a las que ya hizo públicas el presidente de la República, Rodrigo Chaves. El mandatario habló sobre el tema como ministro de Hacienda y cuando fue candidato presidencial, bajo la premisa de que el Estado necesita controlar los flujos de dinero para detectar actividades informales e ilegales.
Ese discurso le valió múltiples críticas a Chaves por parte del sector financiero y del empresariado, en febrero 2020. En aquel entonces, Chaves pidió al Congreso –como ministro de Hacienda– levantar el secreto bancario para fines de control tributario. El planteamiento fue inicialmente respaldado por el entonces presidente Carlos Alvarado, pero luego la idea quedó rezagada cuando Chaves renunció a esa administración y ante las voces contrarias de alerta de diversos grupos.
El secreto bancario resguarda información sensible de personas y empresas como sus ingresos recurrentes, su patrimonio financiero y sus patrones de gasto. Por eso, la discusión en torno a esos datos, y si pueden o no quedar descubiertos para la mirada de la administración pública, es un punto de conflicto. El límite actual lo impone el artículo 615 del Código de Comercio (3.284). Ese numeral establece que “las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, o por orden de autoridad judicial competente”.
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La crítica
Los argumentos del presidente ejecutivo de la Caja y del presidente de la República son similares. Desde su punto de vista, la imposibilidad de acceder a los movimientos bancarios de las empresas y de las personas genera mayores espacios para el ocultamiento de actividades irregulares.
La afectación no se queda ahí. Según Ramos, los pocos mecanismos de control y de notificación de los que dispone la administración pública se traducen en requisitos más estrictos para las personas. En ese sentido es que el jerarca del seguro social mencionó el secreto bancario.
“Yo pienso que por ahí va mucho la rigidez en la reacción de instituciones como la Caja o como Hacienda. Les dimos esta discrepancia entre las responsabilidades que les hemos asignado y las herramientas que les hemos dado”, anotó Ramos. “En España, la Tributación tiene acceso hasta a tu factura eléctrica y, si ella es muy alta para ser una casa, te van a revisar porque supone que tenés un negocio escondido (...) Esa es la capacidad española, y ni hablar de la que tienen a nivel de cuentas bancarias”.
El presidente Rodrigo Chaves, como ministro de Hacienda, usó un discurso similar en una audiencia que sostuvo con los diputados el 10 de febrero de 2020. Aquel día, el ahora mandatario dijo que la administración tributaria debería acceder a la información sobre los activos y el ingreso de las empresas, así como el patrón de gasto de tarjetas de créditos y de cuentas corrientes, como “una pieza fundamental” para el combate a la evasión fiscal. No dio muchos más detalles.
Ese discurso lo repitió después, cuando ya era candidato presidencial. En una entrevista con este medio dijo que Costa Rica tiene un sistema desfasado, apenas comparable con el de países como Nicaragua o Guatemala; y que por eso se hace necesario disponer de un mayor control sobre los flujos de efectivo para evitar casos de comercio ilegal, narcotráfico, lavado de dinero y evasión fiscal.
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Ramos dijo esperar que esa posición de Chaves siga vigente.
“Don Rodrigo fue muy claro y creo que en parte le costó su puesto en Hacienda. Él dijo que el tema de secreto bancario no tiene ni pies ni cabeza. Ahora él está en la silla presidencial y me imagino que él no se ha olvidado de lo que dijo en aquel momento”, remarcó.
Para Ramos, la discusión sobre el secreto bancario es un asunto que puede medirse en términos de desarrollo y de subdesarrollo del país. “Vos vas a la mayoría de los países desarrollados y entidades como la Caja y como Hacienda se preocupan muchísimo menos por tener tantos temas como formularios, rigidez y todo esto porque es muy simple: vos sos un ciudadano, tenés una cuenta bancaria y una dirección para notificaciones, algo tan básico como eso”, concluyó.
La discusión sobre el secreto de las cuentas bancarias y su impacto en la informalidad ha sido un tema recurrente en el debate público de los últimos años; sin embargo, ha derivado en pocas reformas.
No solo lo han mencionado Chaves y ahora su presidente ejecutivo designado en la Caja; sino el exministro de Hacienda, Elian Villegas. Él afirmó en junio de 2021, por poner un ejemplo, que era posible que Sinpe, la plataforma gratuita de transacciones operada por el Banco Central, estuviera siendo utilizada para la realización de pagos de comercio informal sin pagar impuestos y llamó a cerrar portillos en esa materia.
El manejo de la información
Los flujos entre cuentas bancarias son un tema excesivamente sensible y en el que se cuestiona abiertamente el manejo que realiza la administración pública de los datos de los ciudadanos.
Uno de los principales cuestionamientos es si la administración cuenta con garantías suficientes para asegurar el uso correcto de los datos, en caso de acceder a ella. La duda persiste desde hace muchos años y ahora se exacerba con los recientes hackeos que vulneraron los sistemas tributarios del país y con las estafas denunciadas por usuarios de bancos públicos, entre otros factores.
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En 2020, con las primeras afirmaciones de Chaves en que solicitaba reformar la ley para brindar un mayor acceso de la tributación a las cuentas nacionales, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ya alertó de que dar esa facultad “sin discriminación de ningún tipo” podría ser inconveniente. En ese momento, la representación bancaria dijo considerar que el límite actual, que obliga a la administración a primero contar con la autorización de un juez, es un buen control para garantizar la seguridad de las personas.
Algo similar añadió en marzo de 2020 la entonces ministra saliente de Hacienda y ahora superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar. Ella dijo en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, que el país primero tendría que garantizar que no haya filtraciones de información y que, “si antes no se hace realmente un buen trabajo con eso (...) el levantar ese tema en este momento no parecía hacer mucho sentido”. Las declaraciones constan en una nota del periódico La Nación publicada entonces.
El empresariado tampoco escapa de la reticencia cuando se habla de levantar el secreto bancario para controlar actividades informales o ilegales. José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), resumió la el asunto en términos de desconfianza.
“La posición que siempre hemos tenido es que se trata de información muy personal de los individuos”, afirmó, consultado por EF. “Nuestra posición es que solo un juez el que podría detener ese derecho y no querríamos que una institución pueda hacerlo, por la seguridad de la información. Ya pasó con Hacienda en el pasado, que quería tener esa información, e igual dijimos que no hay la seguridad suficiente en esas instituciones como para guardar ese secreto”.
Uccaep y el sector empresarial tienen tres de los nueve puestos representados en la Junta Directiva de la Caja.
La desconfianza en la institucionalidad públicas es una traba que incluso reconoce el mismo Ramos. Según dijo en la misma entrevista con EF, en su pasado por Hacienda (donde fue viceministro y director general) supo de “un montón” de denuncias que se tuvieron que realizar por presuntos robos de información.
“Aquí tenemos un problema serio, porque el robo de información no es tratado bien. Entonces, claro, parte del argumento a nivel de cámaras empresariales, y les doy toda la razón, es que si abrimos el secreto bancario quién nos garantiza que los empleados no se van a robar toda la información”, lamentó.
Entre tanto, dijo que el país debería reforzar sus acciones para frenar la impunidad de los delitos relacionados con esta materia. Reformas como las que él considera necesarias, afirmó, dependen de una mayor confianza.
La entrevista con Ramos se realizó solo un día antes de que la CCSS sufriera también un hackeo que le obligó a pausar sus operaciones digitales y a trabajar con expedientes de papel, entre otros inconvenientes.
Informalidad campante
El presidente ejecutivo de la Caja considera que, más allá de la flexibilidad o la rigidez que pueda ofrecerle la Caja a sus cotizantes, Costa Rica tiene una serie de factores que alientan la informalidad desde vertientes mucho más profundas de las que puede controlar su institución. El diagnóstico que hace le trasciende.
Entre esas causas profundas, Ramos apuntó a la alta tolerancia que históricamente muestra el país con las actividades informales, la desmedida carga sobre las planillas (que van más allá de los seguros que opera la Caja) y al efecto de los múltiples salarios mínimos que todavía rigen en el país.
Además de esas causas, Ramos mencionó fallas estructurales de la economía costarricense en su diseño más amplio que se reflejan en el mero hecho de que los sectores más boyantes de la economía costarricense sean precisamente aquellos que reciben tratos diferenciados, como el turismo o las empresas de zona franca.
“Entonces uno se va empezando a inquietar y se pregunta si es que hemos construido una economía que no funciona a menos de que les demos a las empresas tratos diferenciados, y parece que la respuesta es sí”, lamentó.
Las mediciones oficiales señalan que hasta unas 900.000 de las 2,1 millones de personas ocupadas en el país laboran en la informalidad. Eso agudiza los problemas de la institución, que ya espera un déficit de ¢89.166 millones en 2024, solo en su seguro de enfermedad y maternidad, según los resultados de su más reciente informe de Valuación Actuarial, con corte a setiembre del 2020, publicada por el periódico La Nación. La sostenibilidad del régimen de pensiones, por su parte, apenas se alargó recientemente al año 2050, según las estimaciones al momento de las últimas reformas en edad de retiro y otros factores.
Por ahora, sin embargo, las soluciones de corto plazo para la formalización en el país son pocas en el discurso de Ramos. Menciona que se pueden realizar algunas mejoras en campos como la fórmula de cálculo de la base mínima contributiva o en los cobros retroactivos que actualmente se realizan a personas que buscan formalizar sus actividades, con cálculos de hasta 10 años de cuotas omisas. Pero el panorama que dibuja como causa de la informalidad va mucho más allá de eso.
Ramos afirma que su principal responsabilidad por el momento es empezar a dibujar ese escenario más amplio de barreras estructurales, narrárselo a la población y dejar algunas discusiones planteadas.
Entre esas discusiones, por supuesto, está la del secreto bancario, aunque –en un tono pesimista– dice creer que va a “persuadir a pocos”.
Consultado sobre cómo se debería balancear una eventual vigilancia de la Caja sobre los flujos de dinero y la propia privacidad de los datos financieros de las personas, precisamente habló en términos de un debate que apenas está poniendo sobre la mesa.
“No sé. Esa es una buena pregunta”, contestó al cuestionamiento. “Ahora estoy en una silla que me permite tratar de empujar estos temas y ver si empezamos a tener un diálogo más franco”, redondeó sin decir mucho más que eso.
