Así se recoge en la página 52 de su programa de gobierno llamado “La vía costarricense al buen vivir”, disponible en el sitio web de la candidatura.

Según se indica en el texto, para determinar el monto se calcula una asignación familiar específica para cada hogar, que radica en la diferencia entre el monto del ingreso del hogar y el valor de la renta mínima familiar.

“El cálculo del piso se realiza considerando el número de personas en el hogar y su composición según personas adultas, niños y niñas. Dicha asignación complementa el ingreso de los hogares que están por debajo del piso, para subirlos hasta el valor del piso o RMF. Por tanto, el monto del beneficio por hogar no es único, sino que varía según su tamaño y composición”, explica el documento.

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El PEF promete beneficiar a 115.000 hogares pobres con niños, con lo que el candidato espera erradicar la pobreza extrema.

Además, el texto asegura que la propuesta es fiscalmente neutra, pues “no genera gasto adicional”. Para lograrlo, el PLN propone consolidar varias de las actuales transferencias sociales en un solo beneficio, calculado a nivel de hogar.

Las personas beneficiarias deberán cumplir con, al menos, alguno de los requisitos siguientes: vivir con niños e ingresos inferiores al PEF; garantizar la asistencia de menores de edad al sistema educativo, la RedCudi y citas médicas según corresponda; en caso de desempleo, la persona deberá inscribirse en un programa de búsqueda de empleo, de formación profesional o estar disponible para trabajo comunitario; por último, ser una persona adulta mayor pobre y no receptora de ninguna pensión.

El costo estimado del PEF es de ¢230.000 millones.

¿Es viable?

EF acudió a dos especialistas en materia económica para conocer sus criterios acerca de la viablidad o factibilidad de la ambiciosa propuesta de Figueres, con la que desea eliminar la pobreza extrema, una promesa que se repite cada cuatro años.

El economista Douglas Montero recordó que una idea como la renta mínima familiar no es nueva, sino que ya se han aplicado modelos similares en otros países, principalmente europeos, como en España.

En esa nación se aprobó durante la pandemia el ingreso mínimo vital, una prestación mensual para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la seguridad social.

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Según explicó el canal público español TVE, este ingreso cubre la diferencia entre los ingresos familiares (incluidos salarios) y el umbral fijado para ese tipo de hogar denominado “renta garantizada”. El monto de la prestación oscila entre 461 y 1.015 euros ($521 y $1.148), dependiendo de la cantidad de personas, aunque también existen montos adicionales.

Estas experiencias hacen que haya evidencia que se puede usar para comparar, apuntó Montero.

No obstante, en el caso de la propuesta liberacionista, el economista mostró su preocupación principalmente por el origen de los recursos, tomando en cuenta la delicada situación fiscal del país, y la reasignación que se haría con los existentes.

“Es importante definir claramente las características de la familia y el monto que se asignará; se debe pensar en la eficiencia administrativa de este beneficio”, aseguró.

Además, Montero también agregó que más allá de dar un beneficio, se debe poner énfasis en temas estructurales como procurar más y mejores oportunidades de empleo, fortalecer la educación y el bilingüismo.

Por su parte, Juan Muñoz Giró, estadístico y economista de la Universidad Lead, comentó que el diseño de este tipo de planes requiere de un proceso operativo que evite las duplicidades de asistencia social originadas de diferentes programas sociales.

“El procedimiento debe de incorporar mecanismos para evitar fraudes de individuos que no declaran la totalidad de sus ingresos con el propósito de obtener más recursos por medio de este nuevo instrumento”, mencionó Muñoz.

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El académico puso como ejemplo el Bono Proteger que otorgó el actual Gobierno a las personas afectadas durante la pandemia, en el que se detectaron entregas de este subsidio que no correspondían a los criterios adecuados preestablecidos.

Para evitar estas deficiencias, Muñoz agregó que se debe contar con una evaluación científica, de visita al lugar de residencia del potencial beneficiario y obtener información de diferentes fuentes para valorar su verdadera condición socioeconómica que defina si el subsidio tardará un periodo breve, transitorio o si amerita una renta permanente.

“La característica que condicionará la creación de este mecanismo es la capacidad institucional y política de refundir todos los programas de asistencia social en uno solo (...) y sin crear nuevas ‘contribuciones solidarias especiales’, entiéndanse, impuestos”, finalizó.