El diputado José María Villalta vuelve por segunda vez al ruedo electoral como candidato presidencial del partido Frente Amplio (FA), tras un primer intento en el 2014.
Ese año, su partido creció como la espuma hasta colocarse en un tercer lugar y conseguir nueve curules en la Asamblea Legislativa, su récord actual. Pero cuatro años después volvió a caer a la típica única diputación que ha ostentado históricamente.
Los ocho años de experiencia de Villalta como legislador son su principal carta de presentación. Esta vez se muestra como una opción con posiciones más moderadas, bajo la sombrilla de lo que llama el “socialismo a la tica”.
Las últimas encuestas lo colocan entre los primeros cinco lugares, con posibilidades de colarse en una segunda ronda.
A continuación un extracto de la entrevista de Villalta con EF sobre su visión en torno a algunos de los grandes temas país y varias de sus propuestas.
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Algunos sectores de izquierda le reclaman haberse acomodado a la política tradicional y venderse como centro en búsqueda de adeptos, mientras otros siguen insistiendo en su relación y simpatía con gobiernos de izquierda como los de Venezuela o Nicaragua. ¿Quién es usted hoy? ¿No lo aleja esa posición de su base electoral tradicional?
—No son posturas acomodadas al proceso electoral. Son producto de la reflexión en nuestros congresos del análisis de la realidad nacional. Somos una fuerza política más madura con más experiencia, que echa sus raíces en las tradiciones democráticas de Costa Rica. El Frente Amplio representa una izquierda moderna, democrática que para algunos sectores podría ser vista como moderada. Ese ha sido siempre mi talante político. Yo soy firme respaldando las luchas sociales, pero siempre he creído que hay que construir acuerdos para sacar a este país adelante, con todos los sectores. Algunos podrían señalar eso como centrismo. Hoy probablemente estemos más cerca del centro que de posturas radicales. Pero también tiene que ver con que los otros partidos se han desdibujado.
¿Qué es lo que usted ha llamado el socialismo “a la tica”? ¿Cómo se diferencia de las experiencias en América Latina?
—Estamos hablando de un socialismo que echa sus raíces en los valores y tradiciones de la sociedad costarricense, profundamente democrático, y eso nos distancia abismalmente de cualquier gobierno o partido de otros países que han decidido seguir caminos autoritarios y romper con la democracia.
Yo no tengo ningún vínculo con otros gobiernos. Mi vínculo es con el pueblo costarricense. Creemos que la democracia es el camino para lograr transformaciones y que hay que profundizarla para que sea más participativa. La democracia debe ser también democracia económica. Nos preocupa muchísimo la concentración del capital en pocas manos, la destrucción de pequeñas empresas que se está dando en Costa Rica. Toda persona tiene derecho a una parte de la economía, así como tenemos derecho a un voto garantizado solo por ser ciudadano. Para nosotros, socialismo a la tica es democracia profunda, real y avanzada, democracia económica. Y eso no es incompatible con la empresa privada, es complementario más bien.
Usted defiende fortalecer el papel del Estado a nivel general y a algunas instituciones en particular. Pero hemos visto recientes casos de corrupción. ¿Cómo explicarle al ciudadano que un Estado con estos antecedentes debe fortalecer su presencia?
—Nosotros no creemos que el Estado haya que fortalecerlo como un fin en sí mismo. Nuestra visión es fortalecer la institucionalidad para que sirva mejor a la gente y fortalecer no implica hacerlo más grande, implica que funcione mejor, que sea más eficaz y eficiente. Implica darle más participación a la ciudadanía. Todos los que ocupamos cargos públicos somos empleados de la gente y deberíamos servir a la gente.
La discusión gira en torno a quienes plantean como postura fanática que la soluciones para todos los problemas es desmantelar lo público. La corrupción que usted menciona no es exclusiva de lo público. Para que exista debe haber también un corruptor del sector privado. Entonces la corrupción se da cuando no hay controles adecuados, no hay transparencia; cuando las compras públicas no están digitalizadas ni democratizadas y cuando no hay un control ciudadano sobre el poder de los jerarcas. Defendemos lo público pero no creemos que lo público sea un fin en sí mismo.
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¿Usted cerraría, vendería o fusionaría algunas de las instituciones públicas?
—Yo creo que hay que fusionar y reordenar algunas instituciones.
¿Cuáles, por ejemplo?
—Hemos planteado por ejemplo el caso del sector vivienda. Fusionaríamos el Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en una institución que tenga una rectoría fuerte del sector vivienda y ordenamiento territorial con algunas de las competencias que hoy tiene el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Pero lo haríamos no como plantean algunos para recortar gastos nada más, lo haríamos para que funcione bien.
Otro ejemplo podría ser los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que claramente no han funcionado. Lo que hicieron al crear esos consejos fue crear más burocracia y debilitar la capacidad operativa del MOPT y de construir obras pública. Hay que hacer una reingeniería del MOPT.
También propone usted en su plan reestructurar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)…
—Hemos señalado varios elefantes blancos, instituciones que requieren reingenierías profundas. Está la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y, sobre todo, Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). El caso de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) que no funciona. En el caso de Aresep me inquieta el costo de la Aresep con respecto a los rendimientos que da. La mayoría de fijaciones tarifarias que hace responden a fórmulas automáticas que casi se podrían hacer pasando un programa por computadora. Hay poca fiscalización de la calidad de la prestación de los servicios públicos. Aresep es una institución onerosa que cobra altos cánones que se trasladan a los usuarios. No es eficaz.
¿Qué papel visualiza usted que debería cumplir el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en este contexto de la generación y del mercado eléctrico?
—El ICE es una institución fundamental que nos ha permitido tener indicadores de cobertura eléctrica de primer mundo. Pero tiene muchos problemas internos de funcionamiento. Hay que hacerlo operar de forma más eficiente, hay que revisar los costos financieros de los fideicomisos que se suscribieron en el pasado, hay que revisar el modelo de compra a generadores privados. El gran reto del ICE es reconvertirse en el contexto del cambio tecnológico y coexistir con la generación distribuida; que el desarrollo de la generación distribuida no se traduzca en un recargo de la tarifa eléctrica para los hogares que siguen dependiendo del servicio eléctrico tradicional. Yo visualizo un ICE que resuelva sus problemas financieros, que opere con más eficiencia, que pueda garantizar la solidaridad del modelo eléctrico y que pueda contribuir al desarrollo de otros sectores. Esta es tal vez mi principal diferencia con otros candidatos: yo creo que si el ICE tiene cuadrillas ociosas y capacidad técnica para coadyuvar en el desarrollo de obra pública es un recurso que no se puede desperdiciar, sobre todo atendiendo emergencias que hay que atender con urgencia. Es una institución estratégica pero hay que redireccionarla.
¿Y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)? ¿Debe seguir como está, adaptarse a las nuevas tecnologías, debe cerrarse… cuál es su propuesta?
—Yo no creo que haya que cerrar Recope, pero debe adaptarse a las nuevas tecnologías, gestionarse con más eficiencia y reducir gastos que puedan ser innecesarios o injustificados. Recope es una empresa pública que tiene activos valiosos y un personal calificado importante. Debe coadyuvar en el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Tenemos que incentivar la investigación en hidrógeno verde donde hay potencial y hoy es una posibilidad real. Hemos propuesto que una parte de las utilidades que genera Recope se destinen a financiar investigación. Yo veo a Recope como parte de la solución en esa transición que Costa Rica tiene que hacer para reducir su dependencia de combustibles fósiles.
Usted ha sido un férreo opositor al proyecto de reforma al empleo público que impulsa el Ejecutivo por diversos motivos, pero ¿cuál es la reforma al empleo público que usted impulsaría?
—Hay varios cambios de empleo público que ya fueron aprobados en la Ley 9.635 del plan fiscal. Algunas personas hablan de empleo público como si no se hubiera hecho nada en el tema. Creo firmemente en que hay que contener el crecimiento desmedido de los salarios altos. Hemos apoyado varias propuestas para poner topes al crecimiento de los salarios y creemos en un ordenamiento que promueva la justicia salarial. Creemos también en principios como la contratación por criterios de idoneidad y compromiso público, en mejorar los procesos correctivos para poder destituir a funcionarios corruptos. El criterio de este proyecto de ley es puramente fiscalista. Ese no puede ser el único objetivo de una reforma del empleo público. Tiene que lograr las mejores condiciones para lograr la eficiencia en el sector público. Nuestra crítica a este proyecto es que hay cosas que están mal hechas y rompen el marco constitucional. No nos oponemos a muchos de los principios que están en esa ley, sino a la forma en que se quieren llevar a la práctica.
El país está en medio del proceso de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero con una agenda atascada en la Asamblea. ¿Cuál es su posición sobre esta agenda con el FMI y sobre el acuerdo en concreto?, ¿qué pasaría en un gobierno suyo con este?
—Las metas planteadas por el gobierno con el acuerdo con el FMI es necesario alcanzarlas, es necesario equilibrar las finanzas públicas. Pero no estamos de acuerdo con varios de los proyectos propuestos como agenda para lograr esas metas. De llegar al gobierno buscaríamos renegociar ese acuerdo para impulsar otras medidas que nos permitan alcanzar las metas.
Hemos dictaminado a favor el proyecto de impuesto a las casas de lujo, proponiendo cambios para que no se afecte a la clase media de este país. Igualmente no nos oponemos a que se avance a una renta global. Creemos que es urgente modernizar el impuesto de venta para bajarle cargas a las pymes y trabajadores independientes. Hay otras medidas que el gobierno ha dejado por fuera: la evasión fiscal aduanal, la lucha contra la evasión, cerrar portillos que favorecen la elusión y evasión de las grandes fortunas de este país. Hay otras reformas para tener un gasto público más ordenado. Hay una lista de iniciativas recomendadas por la comisión de los Papeles de Panamá que este gobierno no ha querido poner a andar.
Podría ser riesgoso que un gobierno viniera a decir simplemente que nos vamos a salir de ese acuerdo. Lo que buscaríamos es una renegociación.
Una tarea urgente en el país es la reactivación económica. ¿Cuáles son sus tres propuestas para estimular el crecimiento?
—Hay que mejorar el funcionamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y los recursos destinados al crédito. Vamos a echar a andar el fondo de avales velando porque efectivamente se destinen a apoyar mipymes que aún no tiene garantías crediticias. Hay por lo menos ¢100 millones del SBD que podrían destinarse a crédito barato para la reactivación del sector turismo y agropecuario. Creemos que hay que dar incentivos tributarios y no tributarios a las pequeñas empresas para que puedan reactivarse, como reducir o exonerar del impuesto de renta por los próximos dos años a trabajadores independientes y pymes según su monto de ingresos y esto es posible si promovemos una redistribución de las cargas tributarias.
Hay otras propuestas concretas: echar a andar la ley del cáñamo y cannabis medicinal, incentivar la producción agropecuaria orgánica, reordenar el sector pesquero. etc.
Usted mencionaba la regla fiscal que desde su curul ha criticado, ¿qué cambios introduciría de llegar a la Presidencia? ¿Cuál debe ser el límite al gasto del gobierno?
—Es necesario que exista un límite y la regla fiscal no debe eliminarse, pero si reformarse para evitar impactos negativos. Cito dos: la regla fiscal no debe aplicarse a la inversión de capital, en obra pública. Los recursos que tienen las instituciones para estos rubros no van a poder ejecutarse. Sé que hay algunos candidatos que asumen el discurso público de que la regla fiscal es intocable, pero en corrillos ustedes no se encuentran ningún disputado, incluso los más fanáticos de la regla fiscal, que no reconozca que hay que revisarla.
El otro gran tema es el blindaje de los programas sociales. Debe haber excepciones como las transferencias que financian los programas sociales indispensables para atender las poblaciones más vulnerables. Es absurdo que en el contexto de crisis social y desempleo se están recortando los recursos por ejemplo para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Esos recursos deben tener un tratamiento especial. Se está provocando una contracción de la inversión social cuando más se necesita.
Su plan propone eliminar el tope de cesantía, que actualmente es de ocho años, en casos de despidos sin justa causa o con responsabilidad patronal, y que esta sea proporcional al total de años laborados. ¿Considera que es una propuesta factible de aprobar? ¿No sería un riesgo que las empresas despidan gente a los pocos años?
—Hoy esa propuesta no tiene viabilidad política porque hay una mayoría de partidos que no la apoya. Sin embargo, creo que es lo justo y tengo que ser honesto al plantearlo en mi programa. Creo que es lo correcto para resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Al ser la cesantía una indemnización por despido injustificado, el tope es arbitrario e injusto. La indemnización debería ser proporcional al daño causado. Obviamente no aplicaría para despidos justificados, renuncias o jubilaciones.
Usted propone un impuesto del 15% sobre los dividendos que distribuyan las empresas en zona franca y una “contribución especial solidaria relativamente pequeña” para el SBD. ¿Qué significa “relativamente pequeña” y cuál es el trasfondo de estos impuestos?
—En el caso del SBD es para contar con más recursos para acceso al crédito. Hemos hecho las estimaciones de lo que está en el plan de gobierno y estamos hablando de ¢10 millones anuales por empresa. Es un monto bajo.
En el caso de los dividendos no es una propuesta nueva, ya aparecía en el plan fiscal de la expresidenta Laura Chinchilla. Tiene la virtud de incentivar la reinversión de utilidades en territorio nacional. Solo se pagaría si se da la distribución de dividendos a los inversionistas. Creemos que hay una oportunidad. Yo defiendo y creo que es necesario el régimen de zonas francas, pero también lo es lograr un sistema tributario más justo para apoyar a otros sectores de la economía. No promovería ninguna medida que cause inseguridad jurídica, pero tenemos que discutir cómo vamos a financiar que se mantengan y se amplíen fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) las condiciones que hacen que las empresas vengan a nuestro país. Es increíble que no haya una zona franca en Limón. Planteamos que hay una oportunidad de revisar los incentivos que Costa Rica otorga porque a nivel global se están revisando.
¿Cómo visualiza su propuesta de “impuesto a las grandes herencias”? ¿Qué son “grandes herencias” y de cuánto sería la tasa del impuesto?
—No estamos hablando de un impuesto nuevo. En nuestra propuesta planteamos revisar ciertas exoneraciones que no son progresivas. La Ley del Impuesto sobre la Renta mantiene una exoneración para las herencias sin ningún tope. Hemos planteado un proyecto de ley que ya está en la Asamblea que busca eliminar esa exoneración para las herencias que tengan un monto mayor a ¢350 millones. Estamos hablando de herencias de valor alto. 750 salarios base dice la propuesta. Esta es una recomendación que le han hecho al país organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Su plan propone una renta mínima feminizada para mujeres jefas de hogar en pobreza. ¿Cuál es el costo estimado de este plan y de dónde saldrían los recursos?
—Planteamos la integración de varios programas que existen hoy en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El principal es el de atención a familias. Para poder hablar de una renta mínima feminizada que se entregue a todas las mujeres jefas de hogar en pobreza. Hoy la cobertura de este programa llega al 50%. Lo que proponemos es extender esa cobertura a la totalidad de mujeres que reciben un subsidio. Pero queremos replantear el concepto de esto. Tenemos que reconocer el trabajo doméstico no remunerado. Tampoco podemos decir que es un salario. Pero no es una ayuda. Es un reconocimiento de un ingreso mínimo.
Los fondos saldrían de recursos del IMAS actualmente…
—Una parte saldría de fusionar y hacer más eficiente programas del IMAS. Buscaríamos tomar ingresos de Fodesaf como parte de un plan piloto y consolidar una propuesta para complementar el financiamiento con ingresos adicionales que esperamos generar con tributos progresivos.
¿Cuántas mujeres se beneficiarían?
—Empezamos con un plan piloto en aquellos distritos con menores índices de desarrollo. Estamos hablando de extender la cobertura a 186.000 hogares jefeados por mujeres en condición de pobreza. Hoy la cobertura llega más o menos al 50% de esos hogares. Habría que abarcar a ese otro 50% a lo largo de los cuatro años de gobierno. Es una propuesta interesante. Hemos analizado el caso de otros países.
En la presentación de su plan de gobierno se habló de detener la especulación de precios y se mencionaron sectores como la educación privada, los medicamentos o los alquileres. ¿Cómo abordaría una intervención a esta escala en estos sectores u otros?
—Creemos que este tema hay que verlo sector por sector, en cada mercado. Hay condiciones distintas. En primer lugar, hay que echar a andar la nueva legislación que fortaleció la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). Hay sectores como el de alimentos donde se han identificado prácticas monopolísticas y esto afecta el costo de los alimentos y nuestros productores locales. La Coprocom y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) han sido pasivos en aplicar los instrumentos de ley para frenar estos abusos. Los medicamentos requieren una atención especial. Hay estudios que demuestran que hay abusos grandes y hay que entrarle a la raíz del problema. Muchos casos tienen que ver con los intermediarios que tienen contratos de exclusividad para comercializar medicamentos en el país. El problema no está muchas veces en las farmacias minoristas.
