Por: Manuel Avendaño A..   6 noviembre
Mario Umaña, especialista del BID, explicó los cambios que se propondrán en materia de competencia mediante un proyecto de ley que se presentará en el Congreso en las próximas semanas. Fotografía: Rafael Pacheco.
Mario Umaña, especialista del BID, explicó los cambios que se propondrán en materia de competencia mediante un proyecto de ley que se presentará en el Congreso en las próximas semanas. Fotografía: Rafael Pacheco.

La competencia no es un fin en sí misma. Es un instrumento al servicio de la sociedad para generar beneficios como la reducción en los precios a los consumidores y el impulso para que las empresas produzcan de manera más innovadora y eficiente.

Un país que incentiva la competencia también encuentra una ruta para sacar de la pobreza a un grupo importante de hogares en esa condición.

No en vano, las familias de los grupos de menores ingresos compran hasta un 30% de los productos que consumen con precios más altos de los que realmente deberían pagar, en mercados oligopólicos, o bien, ante la presencia de cárteles -término usado en economía como un grupo de compañías que se ponen de acuerdo en un mercado para eliminar la competencia-.

La situación fiscal de Costa Rica es compleja y se ve amenazada por un déficit financiero que llegará al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2018 y por presiones en el precio del dólar que atentan contra la estabilidad de la meta de inflación proyectada por el Banco Central. El aumento en el costo de la vida se traducirá en más hogares en pobreza.

Mario Umaña, especialista líder de comercio y competencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitó Costa Rica con la misión de abrir un debate político sobre la urgente necesidad de mejorar la competencia en el mercado.

- ¿Por qué Costa Rica es tan caro?

Costa Rica es un país caro por los niveles de rivalidad que existen en los mercados nacionales. Los países pequeños en América Latina tienen mercados muy oligopólicos, con muy pocos participantes, lo que aumenta el riesgo de que haya menor competencia.

- ¿Cómo podría ayudar a cambiar esa situación una política de competencia?

La política de competencia busca proteger la rivalidad en los mercados porque la rivalidad hace que las empresas no se sientan cómodas, en el sentido de que no tienen competencia o se ponen de acuerdo con otras, una práctica que llamamos cárteles. Entonces, al estar con esa comodidad, no hay interés en aumentar la productividad, bajar costos, reducir precios. Si eso se suma a toda la economía entendemos por qué tenemos productividades relativamente bajas en América Latina.

- ¿Cómo aplicar una política de competencia más fuerte podría ayudar a reducir la pobreza?

El quintil de menor poder adquisitivo compra bienes y servicios en sectores donde hay poca competencia. Eso significa que muchas veces la gente de menores ingresos está pagando hasta un 40% más de lo que debería estar pagando en condiciones de competencia.

“La competencia es la mejor forma de sacar hogares de la pobreza sin hacer gasto fiscal”.

- La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor se aprobó en 1995, ¿qué cambios necesita?

En 2014, el BID y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hicieron un análisis para determinar las áreas donde hay problemas. La primera y principal, es la fragilidad de la autoridad de competencia. Hoy este es un órgano dentro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con poco presupuesto, con poca autonomía y que tiene comisionados de tiempo parcial que van una vez por semana a una sesión que dura tres horas a analizar casos complejísimos de concentraciones, de carteles. Esto no funciona.

- ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?

El país trabaja en un nuevo proyecto de ley que va a entrar a la corriente legislativa en los próximos días como un texto sustitutivo del expediente 19.996, con el fin de corregir este tema y otros más.

- ¿Se debe crear una nueva institución para regular la competencia o se debería fortalecer lo que ya existe?

La primera recomendación que hicieron el BID y la OCDE es que esta autoridad de competencia debe ser fortalecida para darle mucha más autonomía. Creemos que lo ideal habría sido crear un ente descentralizado al estilo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), pero en este momento no va a ser posible por la coyuntura fiscal del país.

- Si se mantiene la Coprocom, ¿qué mejoras requiere?

Si se mantiene la forma actual de un órgano de desconcentración máxima, se cambia la forma de elegir los comisionados y se hace por un concurso público estricto y que, además, los seleccionados vengan a ser ratificados en la Asamblea Legislativa, eso la va a blindar, al estilo de la Sutel, de la interferencia política.

“Lo segundo es que la autoridad de competencia debe tener un procedimiento especial. En este momento se usa el procedimiento de la Ley General de la Administración Pública y eso trae una serie de problemas, porque en competencia, los plazos y las cosas que hace la autoridad son diferentes y la ley no se adecua a eso”.

- ¿Estos cambios van a requerir un aumento en el presupuesto?

Hay que incrementar el monto en el Presupuesto Nacional que se le asigna a la autoridad. Aquí, en un momento de crisis fiscal, la gran forma de justificar esto es que la autoridad fortalecida, entre otras cosas, podría combatir prácticas de licitaciones colusorias en contrataciones públicas (colusión es un delito en el cual se pacta un acuerdo para sacar provecho a un tercero).

- ¿Los resultados se percibirían en compras públicas?

El Estado costarricense compra bienes y servicios por un 15% del PIB, eso es un montón de dinero. En esas compras hay una gran cantidad de posibilidades de compras con colusión lo que significa que el Estado estaría pagando 20%, 30% y hasta 40% más de lo que debería estar pagando muchas de las veces. Eso ocurre no solo en Costa Rica, lo hemos visto en muchos países y cuando se corrige los ahorros son sorprendentes.

- ¿En este proyecto de ley se van a incluir cambios para hacer más fuertes las sanciones?

Sí. En las sugerencias de la OCDE se pidió revisar las sanciones para que sean efectivamente disuasivas. Si las sanciones no son disuasivas, el agente económico se la juega.

- ¿Cuáles son los efectos que tendría una mejora en la competencia?

Estamos viviendo un momento difícil por el tema fiscal, pero también por los mercados externos. Costa Rica tradicionalmente crece por el lado del sector externo porque nuestro mercado es muy pequeño y lo seguirá haciendo aunque todo está muy complicado por el Brexit y la política comercial de Estados Unidos.

Una de las pocas cosas en las que Costa Rica puede crecer es en la productividad, pero es imposible elevar productividad si no hay rivalidad en el mercado.

- ¿Cuándo estará listo el nuevo proyecto de ley para entrar al Congreso?

El texto será llevado a consulta a la OCDE en los próximos días y luego vendrá a la Asamblea Legislativa donde existe muy buen ambiente político en todas las fracciones.