EscucharEl Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es el pilar fundamental del sistema de pensiones de Costa Rica. Su sostenibilidad financiera y actuarial es esencial para garantizar los beneficios presentes y futuros de millones de trabajadores.
La ley encarga a la Superintendencia de Pensiones (Supén) la supervisión de este régimen, una labor que implica la emisión de informes periódicos que identifican riesgos y formulan recomendaciones a la CCSS para fortalecer la administración del seguro.
A su vez, la Contraloría General de la República (CGR) fiscaliza que la Caja atienda estas advertencias de manera oportuna y eficaz.
Recientemente, el ente contralor finalizó “una auditoría de carácter especial” enfocada precisamente en este punto: verificar si la CCSS ha gestionado adecuadamente los riesgos que la Supén le ha comunicado en los últimos años.
La CGR concluyó que la gestión de riesgos del IVM por parte de la CCSS es “fragmentada, reactiva y sin un enfoque integral”. La auditoría advierte que esta debilidad limita la capacidad de la institución para anticipar amenazas y tomar decisiones informadas que resguarden la sostenibilidad del régimen.
Alertas desatendidas y falta de estudios
El informe de la Contraloría detalla que, a más de tres años de haber sido comunicadas por la Supén, persisten al menos siete recomendaciones sin atender relacionadas con riesgos estructurales en gobernanza, sostenibilidad financiera y control interno.
“Los resultados evidencian que la respuesta institucional ha sido parcial y carece de un enfoque integral, lo cual limita la capacidad del régimen para anticipar riesgos y adoptar medidas oportunas”, señaló la gerente a.i. del Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la CGR, Jessica Víquez Alvarado.
La situación se agrava por la ausencia de una valuación actuarial con información reciente. Según la Contraloría, aunque la última valuación se aprobó en 2024, utiliza datos con corte a 2022, lo que limita su utilidad como un insumo actualizado para la toma de decisiones estratégicas.
Esta falta de estudios al día impide valorar el impacto real de eventos recientes, como la aceleración en el otorgamiento de pensiones anticipadas.
Debilidades en la estructura de control
La auditoría también encontró debilidades en la estructura de la CCSS para gestionar los riesgos. Se constató que la Dirección Institucional de Riesgos, aprobada por la Junta Directiva desde 2019, lleva seis años sin operar.
Según la CGR, la gestión de riesgos en la institución es descentralizada y no incorpora de manera sistémica las advertencias de la Supén. Esta situación, advierte el informe, incrementa la exposición del IVM a escenarios que puedan comprometer su sostenibilidad, en un contexto donde el seguro arrastra una insuficiencia de ingresos desde 2012.
Ante los hallazgos, la Contraloría emitió una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio para la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, con plazos definidos, para que se ajusten los modelos de gestión de riesgos y se garantice la elaboración oportuna de las valuaciones actuariales.
