Costa Rica enfrenta una crisis de seguridad ciudadana. En 2022 aumentaron los registros de denuncias por asaltos, robos, hurtos, fraudes y homicidios. También crecieron los indicadores de tachas de vehículos, de sustracción de contenedores y hasta de robo de ganado.
Todos esos datos de aumento de la actividad delictiva se pueden revisar en la última Memoria Institucional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual dibuja un deterioro innegable incluso para las autoridades de seguridad.
La policía judicial argumenta que parte del incremento se debe la reactivación de la actividad económica y social tras la normalización de la pandemia de la covid-19. Sin embargo, ya para 2021 (el año base de las comparaciones estadísticas), los peores frenos de la emergencia sanitaria ya habían pasado.
Los registros delictivos son preocupantes, sin importar las relativizaciones. El país registró 657 homicidios en 2022, para una tasa 12,7 por cada 100.000 habitantes: la más alta de la historia.
Las implicaciones de una crisis de este tipo son múltiples. Las principales se cuentan en términos sociales y de vidas, pero también hay consecuencias en materia económica. La inestabilidad en términos de seguridad se traduce en perdidas y gastos para productores y negocios locales. Además, a largo plazo, puede dañar la imagen de un país que en gran medida vive del turismo y de la inversión extranjera directa.
Entre tanto, el Gobierno acusa de “abandono” a las administraciones pasadas y promete que confeccionará y presentará un plan estructural para contener la crisis en las próximas semanas.
Las cifras
El término crisis de inseguridad parece demasiado duro, pero se fundamenta en los registros oficiales de delitos.
Costa Rica registró 657 homicidios en 2022; es decir, 69 más que en 2021, para un crecimiento de 11,7%. Las denuncias de asalto fueron 11.149; es decir, 1.735 más que en 2021 (un 18,4%) entre personas y viviendas.
También aumentaron las denuncias por otros delitos contra la propiedad. El OIJ registró que los reportes de robos a viviendas aumentaron un 15,1%, las de robos a otras edificaciones un 6,8% y las de robos de vehículos un 30,1%.
Ningún indicador se quedó estático en 2022. También aumentaron las cifras de fraudes, hurtos, tachas de vehículos y otros delitos, como el robo de ganado.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, reconoció el deterioro en una reciente entrevista con La Nación. Lo atribuyó a “un abandono que ha sufrido Costa Rica en los últimos años en materia de seguridad” que, según dijo, incluye “no contar con una política pública de seguridad nacional, escaso recurso humano y mala planificación en la proyección de infraestructura para los cuerpos policiales, que se ha visto como un gasto y no como una inversión”.
Consecuencias graves
Las consecuencias más graves de un deterioro en la seguridad de un país usualmente son más evidentes en el mediano y el largo plazo. Por ejemplo, un decrecimiento en la inversión extranjera o un decaimiento de la actividad turística, producto de una mayor inestabilidad, usualmente son efectos que requieren de más tiempo para concretarse.
Sin embargo, es posible asegurar que las condiciones actuales de inseguridad ya encarecen las operaciones de la producción local.
Siany Villalobos, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), explicó a EF que ese encarecimiento se da no solo por la pérdida de bienes robados. Además, se debe contemplar el costo económico que ya implican las medidas de prevención adicionales que se tienen que tomar para proteger la integridad de los cargamentos y de las personas que los movilizan por el territorio nacional.
Además de las pérdidas que implican los robos para el sector empresarial, la prevención de los mismos obliga a realizar inversiones como la compra de dispositivos de geolocalización, la instalación de cámaras de vigilancia, el aseguramiento de las mercancías y hasta la contratación de personal de seguridad y de escoltas.
Algo similar ocurre con los negocios estáticos, que deben reforzar el cuidado de sus establecimientos.
Una modalidad delictiva que afecta con especial énfasis al sector exportador es el robo de contenedores. Este es uno de los delitos sobre los cuales el OIJ registra estadísticas por separado y, en 2022, se presentaron 129 denuncias por sustracciones. 16 unidades más que en 2021.
Las medidas extra de los empresarios pueden ser vulneradas. “A pesar de tomar medidas y ver la tecnología como un aliado fundamental contra el hampa, los asociados advierten que han sufrido interferencias en sus señales de comunicación y alteraciones en sus dispositivos tecnológicos de seguridad como geolocalizadores”, puntualizó Villalobos.
Sobre los riesgos de más largo plazo, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) considera que el riesgo es que se genere un desincentivo a la elección del país como destino turístico o de negocios.
El clima de seguridad se ha deteriorado paulatinamente en Costa Rica en los últimos años, según la directora ejecutiva de la representación empresarial, Shirley Calvo, y “eventualmente” eso “podría repercutir sobre la imagen internacional del país”.
“Por suerte”, matizó, “consideramos que Costa Rica está en un punto en que puede tomar acciones para revertir estos signos de deterioro”.
Sin estrategia
El diagnóstico está hecho, pero los planes de atención todavía no.
La Contraloría General de la República (CGR) recién publicó los resultados de una auditoría sobre el sistema de seguridad ciudadana en diciembre pasado. En su informe DFOE-GOB-IF-00017-2022, concluyó que existen carencias básicas en materia de coordinación y comunicación entre los actores públicos, lo cual dificulta el abordaje de los problemas que se van detectando.
A eso, añadió el ente contralor, se suma una visión cortoplacistas de la administración pública, la cual reduce el margen para plantear soluciones definitivas.
“Los esfuerzos de las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana se centran en la atención de asuntos inmediatos relacionados con la (in) seguridad ciudadana, lo que se ve reflejado en el aumento en la percepción negativa del ciudadano respecto de la seguridad en los últimos años, así como el aumento en las estadísticas delictivas nacionales”, redactó.
El ministro de Seguridad, Jorge Torres, y el ministro de Justicia, Gerald Campos, aceptaron las críticas de la CGR, en diversas declaraciones posteriores a la prensa. Sin embargo, su discurso se centra en responsabilizar a gobiernos anteriores y en avisar sobre la confección de un nuevo plan de política pública, sobre el cual todavía no se conocen mayores detalles. Según las autoridades, el documento estaría listo en el primer trimestre de este año.
El discurso de los jerarcas es el mismo del presidente Rodrigo Chaves, quien –consultado sobre el aumento en las cifras de asesinatos– afirmó que los resultados de su administración se deberían empezar a medir a partir de enero de 2023 y no con los primeros nueve meses que ya pasaron.
Chaves señaló, en septiembre de 2022, que las condiciones de inseguridad y la violencia en el país “se nos salieron de las manos” y aclaró que su administración buscará poner énfasis en el ataque del crimen organizado y el narcotráfico.
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que ese (el crimen organizado) es un factor clave, que explica una buena parte del aumento en la tasa de homicidio y otros crímenes graves.
“Si ustedes ven la estadística, el principal motivo de los homicidios es lo que se conoce popularmente como ajustes de cuentas, que generalmente están relacionados con la lucha entre bandas criminales que quieren obtener el control de plazas para vender drogas”, dijo en el programa Frecuencia MP, del Ministerio Público; “esto genera violencia entre estos grupos criminales, para deshacerse de la competencia”.
421 de los 657 homicidios de 2022 fueron por ajustes de cuentas. Dicha cifra, además, fue 89 personas más alta que en el año anterior; lo cual explica el grueso del aumento en las estadísticas del último año.
Siany Villalobos, de Cadexco, explicó que atacar al narcotráfico y al crimen organizado también es importante para evitar la contaminación de mercancías (es decir, su uso para el transporte de drogas y delitos similares).
La representación empresarial señaló varias medidas que se pueden tomar para ir atendiendo problemas básicos de seguridad desde ya. Entre ellas la implementación y el buen funcionamiento de escáneres en puntos aduaneros, la prohibición del uso y la comercialización de “jammers” (dispositivos que permiten bloquear señales de geolocalización de furgones y contenedores), la intervención de problemas de inseguridad en puntos críticos de interés comercial y el trabajo conjunto de entre autoridades y sectores interesados para frenar los problemas que ellos identifican a diario. Eso solo por empezar.
