Por: Laura Ávila.   27 diciembre, 2018
Con el tiempo en contra, Roberto Azevedo, director general de la OMC, insta a los miembros a abordar urgentemente el riesgo sistémico en el que se encuentra el Órgano de Apelación. Además de concentrarse en realizar esfuerzos para aliviar las tensiones. (Foto: AFP para EF).
Con el tiempo en contra, Roberto Azevedo, director general de la OMC, insta a los miembros a abordar urgentemente el riesgo sistémico en el que se encuentra el Órgano de Apelación. Además de concentrarse en realizar esfuerzos para aliviar las tensiones. (Foto: AFP para EF).

Tres factores que amenazan la continuidad del sistema multilateral que desde 1995 ha regido el comercio a nivel mundial: el proteccionismo que germina en las economías mundiales, la guerra arancelaria y la oposición de Estados Unidos para reelegir a los jueces que integran el Órgano de Apelación.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) nació hace más de dos décadas para velar por el cumplimiento de las normas del comercio internacional. Durante su existencia ha solucionado más de 560 diferencias entre países, tanto por la vía diplomática como la judicial.

Con un ambiente internacional que cada día pone más presión, el organismo tiene como consigna el fortalecimiento para continuar con vida durante los próximos años.

El vendaval del proteccionismo

El resurgimiento del nacionalismo y la animadversión hacia los flujos migratorios alimentan los aires de antiglobalización que recorren el planeta.

El proteccionismo nuevamente germina en diferentes economías, y ya deja sus primeras secuelas para el comercio exterior.

Estados Unidos fue la primera potencia en dar el golpe, al asegurar que las importaciones de acero y aluminio iban en contra de su seguridad nacional.

Más allá de ser una simple ocurrencia de la administración Trump, la medida estaba sustentada dentro de su marco legal. El artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, le da luz verde a la Casa Blanca para investigar si el comercio exterior está en contra de sus intereses.

La medida proteccionista desató una guerra arancelaria entre Estados y China. Luego la Unión Europea, Canadá, México –dos de sus importantes socios comerciales– y hasta Costa Rica, también sufrieron las consecuencias.

Apelar a la seguridad nacional es un antecedente importante en el contexto actual, porque abrió un portillo y esta tendencia podría alentar a otras naciones a replicar la fórmula.

Los números hablan por sí solos. Entre el 16 de octubre del 2017 y el 15 de mayo del 2018 los miembros del organismo multilateral aplicaron 75 nuevas medidas restrictivas. Es decir, un promedio de 11 nuevas restricciones por mes, que tendrían un impacto de $84.500 millones, según la OMC.

Entre las medidas están el aumento de los aranceles, impuestos a la importación y normativas aduaneras más estrictas.

La imposición de aranceles a las exportaciones de aluminio y acero generó que la Unión Europea elevara el caso hasta las instancias de la OMC.

La gran incógnita ahora es si Estados Unidos acatará la resolución del organismo multilateral. La respuesta está llena de incertidumbre y podría resquebrajar los cimientos de la OMC, sobre todo porque durante la contienda electoral Donald Trump amenazó con retirar a Estados Unidos de este organismo.

Latinoamérica tampoco es ajena a esta situación. México ya planteó su preocupación por la medida que implementó Argentina con la Ley 27.263 sobre el desarrollo y fortalecimiento de autopartes.

Mientras que Costa Rica enfrenta una demanda ante la OMC al impedir la importación del aguacate mexicano Hass desde el 2015. La estrategia proteccionista no se tradujo en beneficios para los consumidores, ya que se encareció el precio de la fruta y la mayor parte de la producción nacional se exporta.

Las tensiones comerciales podrían tener importantes repercusiones en el corto plazo, una escalada del conflicto recortaría el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 0,8% para el 2020.

Además, podría generarse un estancamiento de la producción manufacturera, retrocesos en la exportación, postergación de la decisión de las inversiones e incertidumbre en la producción y el abastecimiento.

La desaceleración ya muestra sus primeros síntomas, el crecimiento del comercio mundial para el 2019 sería de 3,7%, según estimaciones de la OMC. Esta cifra contrasta con la del 2018 que fue de 3,9%.

Las restricciones de los últimos meses afectaron principalmente a los sectores de maquinaria eléctrica, aparatos mecánicos, combustibles minerales y aceites, y vehículos, partes y accesorios.

Órgano de Apelación muere por asfixia

La otra arista que pone en aprietos al organismo multilateral es de índole jurídico. Para eso es importante explicar cómo funciona el Órgano de Apelaciones.

Desde 1995 la OMC cuenta con él Órgano de Solución de Diferencias, integrado por siete jueces que evalúan los procesos que no se resolvieron por la vía diplomática o arbitral.

Los miembros tienen un mandato de cuatro años, que puede ser prorrogado por otros cuatro años más.

Cuando un conflicto llega a instancias del organismo multilateral, todos los jueces conocen la controversia, pero solo tres se involucran en el caso.

El organismo funcionó de esta forma durante más de dos décadas, sin embargo, empezó a fragmentarse con la salida del coreano Seung Wha Chang en el 2016. En ese momento Estados Unidos bloqueó el proceso de selección y el Órgano de Apelación quedó con seis miembros.

Un año más tarde el mexicano Ricardo Ramírez Hernández terminó su periodo de ocho años y nuevamente se suspendió el proceso para seleccionar a un nuevo miembro.

Ahora el Órgano de Apelación solo cuenta con tres integrantes: Ujal Singh Bhatia y Thomas Graham, quienes concluyen labores el 10 de diciembre del 2019, y Hong Zhao que finalizará su gestión el 30 de noviembre del 2020.

Esto significa que el tribunal cuenta con la cantidad mínima de jueces y si la situación no cambia, el órgano de apelación está a pocos meses de sucumbir.

El bloqueo se debe a que Estados Unidos se opone a la regla 15 de la OMC, la cual establece que si un juez está próximo a cumplir sus ocho años de mandato y está a cargo de una apelación, puede continuar en el organismo hasta finalizar el caso.

Sin embargo, la potencia considera que esto es ilegal y argumenta que si un juez requiere continuar, debe tramitar un permiso ante los 164 miembros de la OMC.

En teoría, el tribunal tiene un plazo de 90 días para resolver los casos, sin embargo, cumplirlo en ocasiones es prácticamente imposible, de acuerdo con el criterio de Ricardo Ramírez, antiguo miembro del órgano.

La discusión se alimenta con el choque de concepciones sobre la naturaleza jurídica del órgano. Algunas naciones consideran que es un tribunal con autonomía propia –como es el caso de la Unión Europea–, mientras que Estados Unidos cree que es un mecanismo de resolución.

Con el tiempo en contra, Roberto Azevedo, director general de la OMC, insta a los miembros a abordar urgentemente el riesgo sistémico en el que se encuentra el Órgano de Apelación. Además de concentrarse en realizar esfuerzos para aliviar las tensiones.

De momento, todo apunta a que el 2019 será un año crucial para el organismo multilateral.