Cinco años después de que comenzaron a abrirse las primeras causas penales contra Rodrigo Chaves, el panorama judicial del expresidente luce mucho más definido.
Dos terceras partes de las causas en su contra terminaron siendo desestimadas porque los hechos denunciados no constituían delito o porque no se reunieron pruebas suficientes para acusarle. Sin embargo, 42 permanecen activas.
Así avanzan los expedientes penales en contra del ahora ministro de la Presidencia y Hacienda en el gobierno de Laura Fernández.
El estado de los expedientes
La Fiscalía General documenta que existen hasta 148 expedientes en contra del expresidente Rodrigo Chaves. No obstante, las causas realmente son 123, porque 25 de los expedientes se acumularon a otros que se referían a los mismos hechos.
De las 123 causas totales, 42 siguen activas hasta este momento: 41 siguen en etapa de investigación y solo una ha llegado hasta la de acusación; es decir, la Fiscalía reunió indicios suficientes para considerar necesaria la apertura de un juicio.
Los presuntos delitos por los que se investiga más comúnmente a Chaves son tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes; sin embargo, también hay procesos por nombramientos ilegales, recepción de contribuciones privadas ilegales, legitimación de capitales, falsedad ideológica, desobediencia, instigación pública, concusión y traición, entre otros tipos penales.
Entre las investigaciones que siguen abiertas hay asuntos poco divulgados, pero también hay otros que fueron ampliamente conocidos por la opinión pública.
Por ejemplo, siguen en marcha los expedientes relacionados con las presuntas irregularidades que precedieron el cierre de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación (del cual El Financiero es parte); las supuestas presiones denunciadas por la exdiputada Vanessa Castro, quien dijo haber perdido un contrato con una empresa privada por mediación del gobierno; y una denuncia relacionada con la adquisición de una vivienda y otros bienes por parte del expresidente.
También siguen abiertas las investigaciones originadas por denuncias del empresario Leonel Baruch, dueño del medio CRHoy. Entre ellas, el banquero alegó supuestas intervenciones indebidas por parte de Chaves ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), relacionadas con un proceso de custodia en su familia.
La mayoría de las investigaciones que siguen activas fueron abiertas entre 2025 y 2026 (26 de 42); es decir, son recientes y están en etapas iniciales. No obstante, también hay otras tres que permanecen abiertas desde 2022, cuatro que lo hacen desde 2023 y nueve que iniciaron en 2024.
La apertura de una investigación penal no implica, por sí misma, que exista responsabilidad penal por parte de la persona involucrada. Durante la etapa de investigación, la Fiscalía reúne pruebas para determinar si corresponde formular una acusación o, en muchos otros casos, solicitar el cierre del expediente.
Las investigaciones, además, tienen orígenes diversos: algunas surgen de denuncias de instituciones, otras provienen de particulares y también hay casos que se abren de oficio en la propia Fiscalía, que debe actuar de ese modo cuando conoce hechos que podrían constituir delitos.
Los casos más avanzados
De las 42 causas que siguen activas, las dos que han llegado más lejos son las de los expedientes 22-000116-1218-PE y 25-000019-0033-PE.
El primero se relaciona con una denuncia interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), debido a presuntas irregularidades con el financiamiento de la campaña electoral en 2022. Según las autoridades electorales, Chaves y parte de su equipo de campaña en el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) habrían usado una estructura de financiamiento paralelo, al margen de las regulaciones oficiales, por medio de la cual se habrían canalizado contribuciones ilegales privadas.
El segundo, por otra parte, está vinculado con una contratación de servicios de comunicación que habría terminado beneficiando al entonces asesor del presidente, Federico Cruz, conocido como “Choreco”. La contratación se financió con $405.800 provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y se habría gestionado por medio de un concurso viciado. El dueño de la empresa que ganó el proceso, Christian Bulgarelli, aceptó haber participado en la elaboración de los términos de referencia con ayuda de “Choreco” y, más tarde, declaró haberle girado $32.000 para que enganchara una casa por instrucción del presidente Chaves.
La Fiscalía llegó a formular acusaciones en ambos expedientes. Sin embargo, la causa sobre financiamiento de campaña regresó al Ministerio Público de forma temporal, mientras se confecciona un expediente paralelo separado para algunas de las personas acusadas que perdieron su inmunidad en 2026, a diferencia de Chaves.
La acusación por el caso BCIE, en cambio, permanece en pausa. La Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de Chaves a finales de 2025, con el objetivo de llevarlo a juicio; sin embargo, no se reunieron los 38 votos suficientes para quitarle el fuero.
Chaves goza de inmunidad penal desde 2022. Primero la tuvo como presidente de la República, y ahora la mantiene como ministro de Estado.
La inmunidad es un fuero establecido en el artículo 121 de la Constitución Política. Este numeral señala que solo la Asamblea Legislativa podrá “admitir” las acusaciones en contra de los jerarcas de los Supremos Poderes, con una votación igual o superior a las dos terceras partes de sus escaños.
Alcanzar esa porción de votos fue imposible en el cuatrienio anterior para seguir adelante con la acusación de Chaves, a pesar de que los diputados oficialistas eran solo ocho y los opositores eran 49. El expresidente encontró respaldos adicionales en la bancada del Partido Nueva República (PNR); así como en varios diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN), que terminaron declarándose independientes o que fueron separados de esas agrupaciones.
Ahora, con 31 diputados oficialistas en la nueva conformación del Congreso, un levantamiento de la inmunidad de Chaves parece menos factible todavía.
Aun así, las acusaciones en contra de los miembros de los Supremos Poderes no quedan archivadas por el mero hecho de que no se levante el fuero de la persona investigada. Los expedientes solo se frenan hasta que la persona deja de ostentar su cargo y pasa a ser juzgada por la justicia ordinaria.
“Persecución”
Rodrigo Chaves y Laura Fernández han atribuido la apertura de causas judiciales en su contra a una supuesta “persecución” por parte de las autoridades del Ministerio Público. Esa palabra la utilizó la presidenta Fernández el 18 de mayo pasado, luego de una reunión con los miembros de los Supremos Poderes, en la que dijo que a ella misma también le han abierto causas por denuncias “ridículas”.
Fernández y Chaves han sido críticos del fiscal general Carlo Díaz. La presidenta recientemente calificó al funcionario que se encarga de llevar los casos contra miembros de los Supremos Poderes como una “vergüenza nacional”; mientras que Chaves incluso llegó a promover una marcha en contra de Díaz cuando todavía era presidente, en la cual participaron cientos de personas y buena parte de su equipo de gobierno.
La participación en esa marcha, justamente, es otra de las causas que siguen activas en contra del expresidente. Se le investiga por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
En respuesta a los ataques del oficialismo, Díaz ha reiterado que la Fiscalía General y el Ministerio Público no se instrumentalizan en contra del gobierno, como han sugerido autoridades del Poder Ejecutivo. Además, ha señalado que las causas se abren y se cierran bajo los mismos parámetros que han enfrentado las administraciones anteriores.
Las autoridades judiciales, dijo en enero pasado, “no montan casos falsos para hacer escándalos”, sino que investigan “a partir de denuncias, pruebas e indicios”.
Díaz añadió que “el propio presidente de la República es el mejor ejemplo de objetividad del Ministerio Público”. La mayoría de las causas abiertas en su contra, recordó, han terminado cerradas.
