Escuchar“Dios quiera que la Contraloría no siga poniendo obstáculos”, rezó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la sesión solemne del Consejo de Gobierno desde Puntarenas, celebrada el 30 de septiembre. Esta vez se refería al proceso de licitación de Puerto Caldera, el cual, dijo, ha implicado una “espera infame”.
En sintonía con su mensaje –similar al que ha expresado en ocasiones anteriores–, el 17 de septiembre se había emitido un comunicado conjunto entre 13 cámaras y asociaciones representantes del sector productivo costarricense, en el cual instaron a la Contraloría General de la República (CGR) a agilizar el proceso licitatorio.
“La situación de Puerto Caldera es crítica y su modernización resulta prioritaria para aliviar la saturación de la terminal, dinamizar el comercio nacional e impulsar la competitividad del país. Los atrasos en el proceso generan sobrecostos logísticos que afectan directamente a las empresas y, en última instancia, al consumidor final”, decía el comunicado.
La respuesta de la CGR no tardó en llegar, también mediante un comunicado, en el cual señaló al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) como responsable del atraso sufrido en la licitación.
Según el ente contralor, desde julio de 2020 le advirtió al Incop sobre la necesidad de proceder con la licitación, dado que los actuales contratos de concesión del puerto se vencerán en 2026. Sin embargo, fue hasta octubre de 2024 que el Instituto inició con ese proceso.
“La Contraloría coincide con la necesidad de hacer eficiente el trámite de la licitación, lo cual corresponde al Incop”, dijo Alfredo Aguilar, gerente asociado de la División de Contratación Pública de la CGR, a través de un video que acompañaba el comunicado.
Por su parte, el Incop reaccionó el 24 de septiembre, señalando ”atrasos derivados por las exigencias de la CGR” con respecto al cartel de licitación.
“Contrario a lo que se ha afirmado, el proceso no comenzó con la publicación del cartel de licitación el 30 de octubre de 2024. Dicho paso vino precedido de hitos técnicos clave: la aprobación de la Prefactibilidad en junio de 2024 y la aprobación de la Factibilidad en septiembre de ese mismo año”, aclaró el Instituto.
Sin embargo, más allá de la fecha de inicio del proceso, los atrasos recientes se atribuyen a las correcciones requeridas en el cartel de la licitación, elaborado por el Incop: en menos de un año se han presentado cinco versiones del pliego de condiciones.
Objeciones al cartel
Los servicios que se brindan en Puerto Caldera se ejecutan mediante tres contratos de concesión que vencerán entre agosto y diciembre de 2026, tras 20 años de vigencia. El administrador actual es la Sociedad Portuaria de Caldera.
En efecto, en octubre de 2024 se publicó el primer cartel para la licitación, cuyo objetivo es modernizar la infraestructura y el equipamiento del puerto, que es el principal centro de importación del país y hoy presenta una elevada congestión.
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La Ley General de Concesión de Obras Públicas (N.° 7762) establece que todo oferente potencial podrá interponer un recurso de objeción contra un cartel cuando considere que existen vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios de la contratación o se ha quebrantado el ordenamiento regulador de la materia.
Los recursos de objeción pueden interponerse dentro del primer tercio del plazo para realizar ofertas y deben presentarse ante la CGR, que tiene 30 días naturales para resolver.
En este proceso de licitación han surgido tres rondas de objeciones contra el cartel y la Contraloría ha declarado “con lugar” o “parcialmente con lugar” 83 de unos 200 alegatos presentados por las empresas. Entre ellos, 19 inconformidades que fueron aceptadas por el Incop en la primera ronda, detalló la CGR.
“Esto refleja un pliego de condiciones que presenta problemas sustantivos desde el inicio y eso es responsabilidad de la administración, es decir, del Incop, de modo que cualquier aseveración de atraso o burocracia, no es atribuible a la Contraloría General”, sostuvo la gerencia de la División de Contratación Pública de esa entidad, en respuesta a consultas de El Financiero.
Según dijo, en algunos casos los temas impugnados no fueron atendidos de forma adecuada por parte del Incop, lo que originó otras objeciones, pero también se realizaron varios ajustes por iniciativa del propio Instituto. Por eso, aunque han sido tres rondas de objeciones, se han generado cinco versiones del cartel.
Las impugnaciones a la cuarta versión –publicada el 24 de junio de 2025– se atendieron con la resolución R-DCP-00043-2025 del 31 de julio, en la cual se indicó que todavía había temas relevantes por resolverse. Por ejemplo, la CGR señaló omisiones en lo concerniente a la infraestructura necesaria para la interconexión del puerto al sistema eléctrico, aspecto indispensable para su operatividad.
Con base en esa resolución, el Incop publicó la quinta versión del cartel, el pasado 23 de septiembre.
“Hemos atendido de forma puntual todas las observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, esto a pesar de que muchas de sus observaciones no son compartidas por los equipos técnicos y jurídicos a cargo del proyecto”, aseguró Wagner Quesada, presidente ejecutivo del Incop, consultado por este medio.
El jerarca recordó que el Instituto ha contado con el respaldo técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo del Banco Mundial que fue contratado por esta administración para estructurar la licitación.
“En cuanto al suministro de energía, este aspecto nunca fue omitido, es ofensivo hacia el equipo del IFC del Banco Mundial y al equipo del Incop el realizar dicha afirmación de ‘omisión’. Lo que se realizó fue una revisión y redistribución de responsabilidades entre las partes, con el objetivo de asignar de manera más eficiente los riesgos y asegurar que la solución energética para la nueva terminal sea robusta, sostenible y acorde con las mejores prácticas internacionales”, añadió.
A partir de la publicación del cartel se estableció el 7 de noviembre como nueva fecha para la apertura de ofertas, pero el plazo para impugnar vence el próximo miércoles 8 de octubre, por lo cual existe la posibilidad de que surjan nuevas objeciones.
El llamado
En el comunicado emitido el 17 de septiembre, las cámaras empresariales reconocieron “los esfuerzos del Incop por acelerar el proceso” y apuntaron su llamado hacia el ente contralor: “la CGR también puede aportar de manera decisiva al avance del proyecto, resolviendo dentro de los plazos legales y, de ser posible, antes del límite máximo establecido”.
A ese mensaje conjunto se unieron la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham), entre otras.
Según Arturo Rosabal, presidente de la CCCR, el mensaje se dirigió a la CGR porque se acercaba la publicación del nuevo cartel y se previó la posibilidad de que surjan nuevas observaciones. Sin embargo, aseguró que el llamado se extiende a todos los actores involucrados en el proceso.
“Desde la Cámara de Comercio estamos conscientes de que todas estas observaciones surgen de inquietudes legítimas de potenciales oferentes y que sin duda muchas de esas observaciones se tuvieron que haber tomado en consideración en el desarrollo del cartel original. Entonces, aquí obviamente hay muchas partes que tienen una cuota de responsabilidad”, dijo en entrevista con este medio.
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“Nuestro llamado es al Incop, nuestro llamado es al gobierno, nuestro llamado es también a la Contraloría General de la República, que tomen en consideración el sentido de urgencia que tenemos en el país para que este proceso de licitación se pueda concretar lo más rápido posible”, añadió.
No obstante, esto no se evidenció ni era el mensaje central en el comunicado que las agrupaciones distribuyeron a los medios de comunicación, que apuntaba a un único blanco: “sector empresarial hace un llamado a la CGR a resolver recursos en el menor plazo posible".
Un criterio similar al de Rosabal fue expresado por Carlos Díaz, director ejecutivo de Cadexco, en entrevista con EF.
“Debemos reconocer que nos agarró tarde para el proceso de modernización de Puerto Caldera, porque debimos hacerlo hace mucho y no esperar a tener el puerto ya con la capacidad comprometida. Hoy estamos operando en la tardanza y todos estamos haciendo lo mejor posible, en las condiciones que tenemos”, lamentó.
Destacó que Caldera es la principal conexión de Costa Rica con el Pacífico y que las deficiencias actuales afectan tanto a los exportadores como a los importadores y a la población en general, ya que por este puerto ingresa gran parte de los granos que se consumen en el país. Por ello –añadió– es urgente ampliar su capacidad para recibir buques de mayor dimensión y manejar mayores volúmenes de carga.
“El llamado que hacemos es a que todas las autoridades pertinentes prioricen este tema por la afectación que tiene para la competitividad del país y para el poder adquisitivo de los costarricenses. El llamado es a que los tiempos se puedan optimizar y que este proceso se atienda con prioridad, no con normalidad”, puntualizó.
Por su parte, la CGR sostiene que la mejor forma de agilizar el proceso consiste en que la administración atienda de forma adecuada lo indicado en las resoluciones.
“Se comprende la existencia de una urgencia por buscar la agilización del procedimiento, pero estamos hablando de un negocio complejo que se va a prolongar durante 30 años, es muy importante no saltarse etapas y poder contar con un pliego de condiciones robusto que brinde seguridad jurídica para las etapas siguientes”, dijo la División de Contratación Pública del ente contralor.
Ahora bien, ¿qué pasaría si el proceso se prolonga y no se logra la licitación antes de vencerse los contratos actuales?
Wagner Quesada descartó esa posibilidad, aunque aclaró que la legislación contempla mecanismos para asegurar la continuidad del servicio portuario en casos excepcionales, lo cual también implicaría la participación de la CGR.
Por su parte, la Contraloría dijo que no adelantará criterio sobre posibles escenarios.
“Por ley, el Incop tiene el mandato de gestionar y prestar los servicios portuarios, ya sea de manera directa o indirecta. Si no logra concesionar el servicio en el tiempo requerido, él mismo tendría que seguir operando el puerto”, explicó Leonardo Sancho, administrador público y docente de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.
Quesada aseguró que el Incop mantiene la meta de contar con un nuevo concesionario adjudicado para agosto de 2026.
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