El proceso de licitación para que el Instituto Nacional de Seguros (INS) elija un proveedor del marchamo digital suma un nuevo capítulo.
Este lunes 31 de marzo la Contraloría General de la República informó que rechazó el recurso de objeción presentado por parte de Refricenter Sociedad de Responsabilidad Limitada.
La empresa objetó el pliego de condiciones de la licitación mayor promovida por el INS para la “adquisición de tags pasivos RFID y servicios para marchamo digital”.
La razón es muy simple: “fue rechazado de plano por extemporáneo”.
Con este rechazo de parte de la CGR, el pliego de condiciones de dicha licitación se encuentra en firme y la Administración puede proceder con la recepción y apertura de ofertas que está prevista para el 1.° de abril de 2025.
Este marchamo digital será utilizado por el parque automotor del país. En Costa Rica se contabilizaron, hasta finales de 2024, casi 1,9 millones de vehículos.
Resolución
La resolución de la Contraloría indica que los recursos de objeción deben ser interpuestos en el plazo de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de un cartel o una modificación al mismo.
El plazo rige para interponer objeciones contra de los pliegos de condiciones y sus modificaciones, de las licitaciones mayores o los concursos promovidos.
Así se dispone en los artículos 95 inciso a) de la Ley General de Contratación Pública y 254 y 256 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.
La Contraloría indicó que el INS publicó la modificación al pliego de condiciones el 17 de enero de 2025.
El Instituto confirmó esa fecha en respuesta a una audiencia especial y en la cual indicó que los cambios introducidos eran “modificaciones esenciales”
Así, el plazo para interponer el recurso venció el 29 de enero de 2025, indicó la Contraloría, y el recurso fue interpuesto hasta el 25 de marzo anterior, casi dos meses después.
“Se tiene por extemporáneo, lo que trae como consecuencia su rechazo de plano”, recalcó la Contraloría.
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Nuevo proceso
En enero anterior la Contraloría dio luz verde para que el Instituto reiniciara el proceso de licitación.
En ese momento, el órgano contralor declaró parcialmente con lugar los recursos interpuestos por Capris, SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas y Central de Servicios PC. Además, rechazó de plano los recursos interpuestos por las empresas D.P.S Data Printing Solutions Sociedad Anónima y Sistemat.
El proyecto de marchamo digital pretende, en una primera etapa, que las personas propietarias de vehículos adquieran una etiqueta de derecho de circulación.
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Tal etiqueta tendría un valor de ¢2.000 y una vida útil de 10 años, así como sustituirá a los papeles que se colocan en los parabrisas actualmente. En una segunda etapa, el proyecto permitirá la habilitación de iniciativas de ciudades inteligentes. Por ejemplo, se utilizaría el chip para levantar la aguja del peaje o permitir el ingreso a parqueos.
Para estos efectos, el tag o etiqueta contiene un chip que realiza la transmisión de datos mediante la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), la cual utiliza ondas de radio para identificar objetos de manera inalámbrica.
