EscucharLuego de los allanamientos de la última semana por las presuntas irregularidades relacionadas con el cierre del Parque Viva (propiedad de Grupo Nación, editor de los periódicos La Nación, La Teja y El Financiero), así como por el caso de presuntos sobreprecios en una adjudicación hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el gobierno del presidente Rodrigo Chaves optó por elevar el tono de confrontación con la Fiscalía y las autoridades judiciales que llevan adelante ambos procedimientos.
“Abuso de poder”, “hostigamiento” y “amenaza”, entre otros, fueron algunas de los calificativos usados por el presidente Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, para describir las acciones de investigación y las detenciones de presuntos implicados.
Primero ante el allanamiento por el caso de Parque Viva, el presidente Chaves reaccionó diciendo sentirse víctima de hostigamiento y de alegatos absurdos.
“Esto es absurdo; además, es una muestra más de la institucionalidad, en este caso de la Fiscalía y de la Sala III, y su presidenta Patricia Solano, siendo personas que capturaron esas instituciones para tratar de dañar al gobierno, tratar de hostigarme y tratar de callarme”, manifestó.
Una semana después, este lunes, la ministra Fernández asumió la vocería ante la investigación en la Caja, empleando adjetivos similares a los que ya había usado Chaves y agregando una solicitud a la población para que “esté alerta y vigilante”. Calificó las acciones judiciales como “una amenaza sin precedentes en la historia del país”, además de “un abuso de poder” y un “show” mediático y desmedido.
Ambas declaraciones fueron difundidas por parte de las autoridades de gobierno minutos después de las acciones judiciales. La del presidente fue una reacción en vivo, durante una de las habituales transmisiones de Presidencia de los miércoles; mientras que la declaración de Fernández llegó por medio de un vídeo colgado en el canal de YouTube de la Casa Presidencial.
Ante las primeras declaraciones del presidente, el fiscal general Carlo Díaz señaló que no se referiría sobre “manifestaciones malintencionadas” que pretenden cuestionar la objetividad y la independencia de los procesos en ejecución; y más recientemente, ante las declaraciones de Fernández, agregó que el Ministerio Público “no dejará de cumplir con su deber por miedo a discursos agresivos”.
Dos casos en una semana
El Ministerio Público realizó dos allanamientos en menos de una semana, relacionados con causas que se siguen en contra de autoridades de gobierno y la CCSS.
El 18 de septiembre pasado, las autoridades judiciales dirigieron allanamientos en instalaciones del Ministerio de Salud, relacionadas con el cierre —en condiciones aparentemente irregulares— del centro de eventos Parque Viva, perteneciente a Grupo Nación, editor de los periódicos La Nación, La Teja y El Financiero.
Esta es una de las decenas de causas por las cuales se investiga directamente al presidente Chaves, junto otros funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, ante la sospecha de los posibles delitos de prevaricato y abuso de autoridad; ante la sospecha de que se habría ordenado el cierre del centro de eventos (cuyas operaciones inciden en el financiamiento de medios de comunicación criticados por el Ejecutivo) sin que existieran criterios técnicos reales previos para sustentar la decisión.
Este 23 de septiembre, solo cinco días después, se realizaron 28 allanamientos y se detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Caja, incluida la presidenta Marta Esquivel; quienes son investigados por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En este caso, se sospecha que los directivos habrían influido en una contratación en favor de cinco entidades privadas para administrar 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, la cual se habría acordado con un “millonario sobreprecio” y por un plazo superior al que permite la ley.
La ministra Fernández no solo criticó los allanamientos y las detenciones de este lunes, sino que también cuestionó las formas en que se realizaron.
Según el criterio de la ministra, la Fiscalía empleó un “sensacionalismo innecesario” y debió haber citado a los presuntos involucrados por escrito, en lugar de buscarlos en sus casas y sin aviso previo.
“¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado?“, cuestionó. “¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido con una base tan débil haciendo uso de un sensacionalismo innecesario?”, añadió.
Ante las declaraciones de la ministra de la Presidencia sobre el último caso, el fiscal general Carlo Díaz dijo observar un “mensaje intimidatorio”. Sin embargo, subrayó que las acciones del Ministerio Público “son propias de un Estado de Derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política”; aunque “a muchos sectores o grupos de poder” les incomoda el trabajo del Poder Judicial, “principalmente cuando perseguimos delitos conocidos como ‘de cuello blanco’ o de criminalidad organizado”.
