El mercado del asfalto en Costa Rica pasa por 12 empresas que poseen plantas para la producción de mezcla asfáltica y se reduce aún más cuando se trata de plantas de modificación del material, de las cuales únicamente disponen las empresas Meco, H Solís y la china Chec, que trabaja en el Caribe.
El asfalto que llega a Costa Rica pasa por pocas manos desde un inicio. Solo la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) importa el producto y únicamente trae del tipo AC-30 (su clasificación por grado de viscosidad).
El mercado del asfalto costarricense es atípico, según explicó a EF la ingeniera del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR), Ellen Rodríguez.
Por un lado, Recope accede a fuentes variables del producto y esto incide en que lleguen distintas calidades, dependiendo de la época del año y de la demanda internacional. Por el otro, las modificaciones asfálticas en Costa Rica se realizan en plantas de las mismas constructoras y no en plantas especializadas, lo cual deriva en procesos de modificación que carecen de mayores controles.
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Las características de mercado del asfalto en Costa Rica también han servido como pretexto para que la administración excluya a empresas en la asignación de proyectos de obra pública, según el el administrador de proyectos de la firma constructora Van Der Laat y Jiménez y expresidente de la Cámara de la Construcción, Esteban Acón.
Datos publicados por el Lanamme dan cuenta de que un 90% de la red vial nacional pavimentada, que consta de más de 5.000 kilómetros, está contruida en asfalto. El costo del concreto es 1,6 veces mayor para la construcción vial, en promedio, según un estudio basado en auditorías a 59 proyectos nacionales de entre 1997 y 2016.
12 empresas
Las 12 constructoras con plantas productoras de mezla asfáltica en Costa Rica son Meco, con tres planteles; H Solís, Pedregal, Grupo Orosi, con dos; y Dinaju, Pavicen, CBZ, Quebradores del Sur, Grupo Laboro, Albosa, Conansa y Constructora Herrera, con una.
Además, la Cámara de Comercio señaló a EF que la empresa Macoma trabaja en la instalación de una propia.
Además de las 13 empresas que poseen o que trabajan en la instalación de plantas de mezcla asfáltica, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene a su disposición cuatro planteles.
No obstante, impulsa desde hace varias semanas un proyecto de ley para donarlas a municipalidades por considerar que estas –en las que invirtió ¢3.295 millones– ya no le serían rentables.
La idea inicial de las plantas era apoyar la atención de la red vial cantonal, pero esta ahora es atendida exclusivamente por los municipios, explicó una nota del periódico La Nación.
Límite a la competencia
La Cámara de la Construcción considera que Costa Rica sí cuenta con una gran cantidad de plantas que pueden sostener las necesidades del país. Sin embargo, el presidente de la entidad, Carlos Trejos, enfatizó en que más allá de una oferta “adecuada”, algunos carteles de licitación de obra pública “limitan la participación de las empresas y benefician solo a unos pocos oferentes” para proyectos específicos.
“Se deben modificar los carteles para poder facilitar la participación de mayor cantidad de empresas productoras e instaladoras de MAC (mezcla asfáltica) en el país. Entre mayor sea la competencia se podrá obtener un mejor precio”, afirmó.
La tenencia de ciertas plantas de asfalto o la experiencia en la colocación de ciertas cantidades de ese producto son factores que han funcionado como un motivo de exclusión para empresas en el desarrollo de obra pública.
Por ejemplo, el exministro de Obras Públicas, Carlos Segnini, aseguró en una reciente entrevista con EF que factores como exigir la tenencia previa de plantas asfálticas son parte de los que limitan “muchísimo” una mayor disponibilidad de oferentes para la construcción de vía pública.
También mencionó que es problemático cuando se solicita cantidades muy altas de maquinaria especializada o equipo pesado, sin permitir que se realicen compras posteriores a la asignación del proyecto.
Según explicó Acón, las restricciones y los requisitos excesivos son aún más evidentes en algunos proyectos que otros. Mencionó que existen algunos en los que incluso se podría subcontratar el aprovisionamiento de asfalto.
“Muchas veces en los pasos a desnivel se pide una experiencia con asfalto muy alta, a pesar de que realmente son casi una forma de puentes sin un río. En un proyecto que es casi exclusivamente de concreto y que cualquier constructora que haya hecho edificios de cierto tamaño podría realizar sin problemas, ponen como requisito haber colocado 90.000 toneladas de asfalto y eso limita a muchas empresas (para participar)”, comentó.
Sin controles de calidad
El asfalto que llega a Costa Rica a través de Recope tiene una calidad aceptable, en términos generales, según el Lanamme.
Sin embargo, no existen mayores medios de verificación para decir lo mismo de las modificaciones que se realizan en plantas privadas.
Según explicó la ingeniera Rodríguez, por eso es que la mayor parte de países cuentan con una empresa (generalmente privada) que se encarga de proveer las modificaciones del producto a las constructoras y de certificarlas para el uso de otras que se encargan de las emplearlo.
En Costa Rica esto no pasa así. Recope no ve rentable realizar las modificaciones por su cuenta, por lo que aquellos proyectos que necesitan realizar modificaciones de asfalto quedan supeditados a las tres compañías que pueden desarrollarlo en el país (Meco, H Solís y Chec).
Esta realidad no es la ideal para asegurar la calidad los productos en términos de especialización, según Rodríguez; sin embargo, es la que única que se ha podido utilizar.
“En un cartel pueden pedir asfalto 76-22, ellos hacen la modificación, pero no hay un control de calidad”, explicó.
Entre tanto, una posible enmienda que recomienda el Lanamme es homogenizar los procesos de modificación en las plantas, de modo que haya productos finales menos distorsionados. Este no es el escenario óptimo, pero mejoraría los controles.
La calidad del asfalto en Costa Rica también está supeditada a la del producto importado que pueda garantizar Recope.
La empresa estatal compite en el mercado internacional y su demanda no es la más atractiva. Por ejemplo, en la época de verano en el Hemisferio Norte, las cantidades que compran Estados Unidos y Canadá suelen ser mayores y reduce la calidad del producto que se puede comprar, explicó Rodríguez.
Otra recomendación constante del Lanamme ha sido diversificar las bases de asfalto, más allá del AC-30 usual, que es muy rígido.
‘Ventaja competitiva’
La empresa Meco afirmó a EF que la experiencia adquirida por la constructora en el proceso de modificación de asfaltos le brinda “una ventaja competitiva” en la industria. Reconoció que contar con los mecanismos para estos procesos le permite cumplir con “las especificaciones más modernas de los carteles y contratos de construcción de vías”.
Atribuyó esta ventaja al ser una empresa pionera y también aseguró que ha impulsado el uso de nuevas tecnologías y laboratorios para “hacer las pruebas especiales que garanticen el desempeño final de las mezclas asfálticas”.
Esta ventaja competitiva también la tiene H Solís, la otra constructora costarricense que dispone de mecanismos para modificar asfalto en el país.
EF también consultó a la entidad sobre el impacto de esta facultad en sus operaciones; sin embargo, no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de esta edición.
Meco y H Solís, sin embargo, son investigadas por el Caso Cochinilla, un proceso judicial que persigue presuntos sobornos y otros delitos para hacerse con beneficios en la gestión de obra pública. La causa ha dejado en terreno delicado a ambas entidades, a las que se ha evitado otorgar nuevos contratos públicos.
A pesar de ello, las empresas han sostenido en distintas oportunidades que mantienen sus operaciones con regularidad en los proyectos que ya administraban.
En el caso ‘Cochinilla’ también se investiga a Constructora Herrera, pero esta solo posee planta de mezcla.
Por su parte el Grupo Orosi entró en 2019 en un proceso de salvamento para recuperar su salud financiera y evitar la quiebra en el Juzgado Concursal.
