Por: José María Oreamuno.   24 enero

Se tramita en expediente legislativo 21.758 un proyecto de ley de moratoria para que no se aplique –en los primeros seis meses– la multa del artículo 84 bis del Código Tributario a quienes incumplan con presentar la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, conocido popularmente como registro de accionistas. La iniciativa del diputado Heriberto Abarca fue dispensada de trámites excepto el de publicación, y el plenario legislativo entrará a conocerla el 27 de enero, la misma semana en que vence el plazo para declarar.

De una parte, la multa es severa: 2% de los ingresos brutos del año anterior, con un mínimo de tres salarios base (¢1.350.600) y un máximo de 100 salarios base (¢45.020.000). Por otra, se trata de la primera vez en que deberá declararse y la plataforma informática para ello no es nada “amigable”. Incluso puede afirmarse que la plataforma está incompleta, puesto que no permite declarar a las fundaciones, las organizaciones sin fines de lucro, los fideicomisos, etc. A hoy las únicas estructuras jurídicas que pueden declarar son las sociedades mercantiles y civiles, las sucursales de sociedades extranjeras y las sociedades extranjeras con número de cédula jurídica nacional.

Existe además una contradicción entre el artículo 3 del Reglamento que indica que están obligadas “las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país”, y el artículo 1 de la resolución conjunta de tributación con el Instituto de Control de Drogas que obliga a las personas jurídicas “inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente”. Evidentemente “domicilio” no es lo mismo que “inscripción”.

En la mente de muchos, se confunden las obligaciones materiales y formales del impuesto a las personas jurídicas, la inscripción de sociedades inactivas, y el registro de accionistas, todos los cuales vencen en este mes de enero. Y por si fuera poco, la declaración de accionistas debe volver a presentarse en abril, con lo que a los obligados a ese deber anual les parecerá que acaban de cumplirlo...

Para la declaración es necesario tener firma digital, y las citas para conseguir una tardan –dependiendo del banco o de la agencia en que se solicite– hasta dos y tres meses.

Opino que la moratoria debería aprobarse unánime y urgentemente. Se trata de facilitar a la gente cumplir en plazos razonables, no de expoliar con mutas el patrimonio de los contribuyentes.