Nicaragua canceló el lunes la personería jurídica a 18 asociaciones gremiales de empresarios, entre ellas al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que aglutina a otras cámaras patronales.
La decisión del Ministerio de Gobernación (Interior), publicada en el diario oficial La Gaceta, priva de personería prácticamente a todas las asociaciones empresariales del país y se suma a otras medidas del gobierno izquierdista de Daniel Ortega que le han valido el aislamiento internacional.
Según la resolución, el COSEP y las restantes asociaciones "no completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información" de estados financieros, sin detalle de ingresos y gastos o sin soporte para los mismos.
"Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros en el periodo fiscal 2022", sostiene la resolución dictada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, el 3 de marzo.
Entre los gremios cancelados se encuentran las asociaciones de exportadores de café, de productores agropecuarios, de la industria textil y confección, así como las cámaras de urbanizadores, de la construcción, de pesca, de microfinanzas, de comercio y servicios, de industrias y de turismo.
La medida del gobierno de Ortega fue rechazada por empresarios de la región.
"Consideramos que esta lamentable decisión pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociatividad y representatividad en el hermano país de Nicaragua", señaló en un comunicado la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
La Federación indicó que la resolución "interfiere" con "la libertad empresarial, la libertad de expresión" y "todas las demás libertades civiles" que "son la base de la democracia", por lo que hizo un "enérgico llamado" al gobierno para que "reconsidere" la medida.
El COSEP acompañó la gestión de Ortega desde que volvió al poder en 2007, pero ambas partes se distanciaron a partir de la crisis política de 2018, marcada por protestas callejeras contra el gobierno y choques entre manifestantes opositores y oficialistas.
Tras las protestas de 2018, el presidente del COSEP, Adán Aguerri, fue detenido en 2021 en el marco de una ola represiva que llevó a la cárcel a más de 200 opositores y significó el cierre de más de 2.000 organismos no gubernamentales.
El 9 de febrero, el gobierno excarceló a 222 opositores presos, entre ellos Aguerri, y los expulsó hacia Estados Unidos, al tiempo que les despojó de su nacionalidad y confiscó sus bienes.
El COSEP consideró la liberación de los 222 presos como "un paso grande para iniciar la unidad de la familia nicaragüense".
Aguerri, de 62 años, había sido condenado a 13 años de cárcel en agosto de 2022 por delitos de traición a la patria. Suerte similar corrieron otros directivos de cámaras empresariales afiliadas al COSEP.
La justicia nicaragüense también despojó de su nacionalidad a 94 opositores exiliados el 15 de febrero, entre ellos los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, en un hecho que generó duras críticas internacionales.
Varios gobiernos ofrecieron darles nacionalidad a los afectados.
El 3 de febrero el gobierno de Ortega había despojado de la personería jurídica a la Asociación de Bancos Privados y a otras 16 entidades, entre ellas la Asociación de Comerciantes del Mercado Central y la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericano.
La Ley 1115, en vigor desde mayo de 2022, regula los organismos sin fines de lucro y establece que en caso de incumplimientos, el gobierno puede privarlos de su personería y tomar el control de sus bienes.
