El Partido Acción Ciudadana (PAC) alcanzó un acuerdo de pago con la empresa Jaulares S.A., a la cual adeuda ¢102,4 millones. Además, la agrupación anunció la confección de un plan para “garantizar” la vigencia de la agrupación, la cual todavía se desempeña en gobierno pero fue borrada casi por completo del mapa político en las elecciones de este 2022.
El presidente del PAC, Fabián Solano, aseguró que dicho proceso de reestructuración incluye al menos tres acciones, de las cuales una es precisamente entablar negociaciones con acreedores.
“Acá está, por ejemplo, el caso de Jaulares. Alcanzamos una negociación exitosa que nos permite honrar esta deuda sin tener riesgo de ser embargados”, apuntó.
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El Tribunal Primero Civil de Primera Instancia de San José había dictado un embargo preventivo por este caso, el 1.° de marzo pasado. Sin embargo, esta negociación evita que se concrete.
Jaulares organizó diversas actividades de la agrupación en 2014. Sin embargo, luego el PAC alegó dudas sobre diversas facturas que derivaron en el proceso judicial, según han declarado representantes del partido oficialista a la prensa.
Deudas asfixiantes y reestructuración
El PAC fue borrado casi completamente de la escena política en las elecciones de este 2022. La agrupación quedó relegada del Poder Ejecutivo, luego de alcanzar menos del 1% de los votos válidos para la Presidencia. Tampoco consiguió adjudicarse una sola curul en la Asamblea Legislativa.
Esta situación implica que el partido no podrá acceder a recursos de la contribución estatal en este 2022, a pesar de sus cuantiosas deudas que tiene con bancos, empresas y el propio Estado.
Según publicó el periódico La Nación, en febrero pasado, el PAC acumular deudas por ¢1.250 millones. De ellas, ¢429 millones correspondían al monto que todavía no paga de la condena por estafa en el financiamiento de la campaña electoral de 2010; ¢674,2 millones a una deuda con el Banco Lafise, que financió la campaña de 2018; ¢50 millones a montos dejados de pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y las cifra restante a otros financiamientos menores.
Según explicó Solano, no todas estas deudas son obligaciones de corto plazo. Además, el Partido dice trabajar en otros frentes, para sobrevivir a la asfixia financiera.
El ex viceministro de Justicia señaló que se trabaja para colocar algunas deudas “en un escenario que sea más favorable para el partido”. Asimismo, señaló que se busca reducir los gastos mensuales de la agrupación.
A ello se suma un plan de donaciones internas que coordina la tesorería, encabezada por Karla Arrunútegui. Ese plan de donaciones, afirmó la tesorera en un comunicado de prensa, será esencial para pagar la misma deuda con el Estado; cuyos pagos periódicos están establecidos por año.
El agujero en las finanzas del PAC, sin embargo, sería menor que la suma de todas esas deudas. Según informó Solano, el Partido cuenta con una reserva superior a los ¢800 millones proveniente de la campaña electoral del 2018.
El Partido ha manifestado su intención de realizar un análisis sobre el colapso político sufrido en los comicios de este 2022, tras dos cuatrienios en el Ejecutivo. Sin embargo, no ha dado mayores detalles sobre su organización.
