Por: Laura Ávila.   4 abril

La iniciativa de ley que regularía el hospedaje no tradicional mediante plataformas digitales, como Airbnb, avanza a paso firme en la corriente legislativa, y obtuvo el dictamen afirmativo de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.

El proyecto, que continuaría su transformación durante la discusión legislativa, pretende crear un marco normativo para las plataformas digitales y personas físicas o jurídicas que brinden el servicio. (Foto: Mayela López).
El proyecto, que continuaría su transformación durante la discusión legislativa, pretende crear un marco normativo para las plataformas digitales y personas físicas o jurídicas que brinden el servicio. (Foto: Mayela López).

El proyecto ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, pretende definir reglas para las empresas comercializadoras y los prestatarios de servicios turísticos que alquilen viviendas, apartamentos, villas, chalés y cualquier otra unidad de alojamiento.

La necesidad de regular nace del crecimiento de los modelos de negocio cobijados bajo la economía colaborativa y que incluye servicios de transporte de carga, entrega de comidas rápidas y turismo, mediante plataformas digitales como Uber o Booking.com.

El proyecto, que continuaría su transformación en su trámite legislativo, vendría a emparejar la cancha entre los empresarios turísticos y prestatarios, que hasta el día de hoy, están libres de regulaciones y del pago de impuestos.

Discusión expedita

El texto llegó a Cuesta de Moras en el 2018 y su principal objetivo es regular las plataformas digitales –como Airbnb–, y a las personas físicas o jurídicas que brinden servicios de alojamiento no tradicionales, por un periodo no mayor a un año ni menor a las 24 horas.

“Va a ponerle algunas reglas básicas (a las plataformas digitales). No quisimos hacer una ley pretenciosa, es un marco general”, afirmó Heriberto Abarca, diputado socialcristiano.

El texto ya se discutió en la Comisión de Asuntos Económicos donde se recibieron observaciones de actores como el Ministerio de Hacienda, el Registro Nacional, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Cámara Costarricense de Hoteles.

La iniciativa tiene buen ambiente en los pasillos legislativos, por lo que su avance podría ser ágil. El plan ha sido un proyecto “muy consensuado”, según Luis Ramón Carranza, congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Después del análisis en comisión, continúa el trámite en el Plenario con las mociones de consulta y luego las modificaciones vía artículo 137.

En caso de que los legisladores deseen hacer cambios a través de esta normativa, el proyecto pasaría a la comisión dictaminadora y luego volvería para que lo discuta el Pleno. Si no se realizan mociones vía artículo 137, la iniciativa podría votarse en primer debate en los próximos días.

Alcances

El expediente 20.865 podría continuar experimentando cambios, conforme los diputados agreguen mociones. De momento, el texto sustitutivo que se aplicó en comisión contempla aspectos sustantivos.

La iniciativa establece obligaciones y derechos para usuarios, prestatarios y empresas comercializadoras.

Una de las obligaciones más importantes para los prestatarios está el cumplimiento del artículo 88 del Código Municipal, que exige el pago de una tarifa anual escalonada a la municipalidad correspondiente. Para eso se establecen tres tarifas.

Capacidad de alojamiento Tarifa
Hasta dos huéspedes 10% del salario base
Hasta cinco huéspedes 30% del salario base
Seis huéspedes o más 80% del salario base

Fuente: Proyecto ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales

Los prestatarios deberán de inscribirse ante la Dirección General de Tributación para el respectivo pago de los impuestos. Además, deberá ofrecer factura digital, documento en donde deberá desglosar los servicios brindados.

Las empresas comercializadoras o intermediarias, como Airbnb, también deberán inscribirse ante la administración tributaria para el pago de impuestos.

Sin embargo, a criterio de Luis Ramón Carranza, diputado oficialista, este es un bache del texto. “Hacienda no ha logrado un esquema para cobrar renta a estas plataformas, tendríamos que ver si se puede subsanar”, agregó.

De momento, lo que sí es claro es el desembolso del 13% del Impuesto del Valor Agregado (IVA) que realizarán los usuarios, una vez que el tributo comience a regir en julio.

El texto indica que las empresas comercializadoras deberán “retener y pagar” a Hacienda los impuestos correspondientes, en caso de que el usuario realice el pago mediante la plataforma.

Otra de las obligaciones que tendrían ambas partes es la de brindar información.

En el caso de los prestatarios, deberán inscribirse en el registro digital que creará el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), institución que tendrá facultades para confirmar esta información con las plataformas digitales.

Las empresas estarán en la obligación de brindar los datos que solicite el ICT, la iniciativa de ley sí aclara que este ejercicio no violaría el principio de confidencialidad.

En cuanto a los usuarios, la iniciativa contempla que estos tienen derecho a que el alojamiento les brinde condiciones que garanticen la seguridad física y la de sus bienes.

¿Se empareja la cancha?

Una de las principales quejas de los empresarios turísticos son las disparidades que hay con respecto a los servicios que se ofrecen mediante las plataformas digitales.

De momento, el proyecto parece emparejar la cancha entre las partes, al exigir el pago de algunos impuestos y el cumplimiento del artículo 88 del Código Municipal.

Si bien es cierto que los prestatarios no pagan una patente como sí lo hacen los hoteles, sí deberán de desembolsar dinero a las municipalidades correspondientes.

Para María Amalia Revelo, ministra de Turismo, el proyecto no solo pretende eliminar las diferencias regulatorias, sino que beneficia al turista al garantizar una mayor seguridad sobre el lugar donde va a hospedarse.

Por su parte, Flora Ayub, directora de Ejecutiva de la Cámara de Hoteles, está a favor de la iniciativa de ley, ya que el ente no está en contra de las plataformas siempre y cuando estén reguladas.

El proyecto cerraría brechas, ya que el alto costo de los hoteles se debe al pago de las tarifas diferenciadas en servicios como el agua y la electricidad, la patente de funcionamiento y el pago de impuestos, de acuerdo con las declaraciones de Ayub.

EF consultó a Airbnb sobre la propuesta de ley y mediante comunicado de prensa indicó: “continuamos revisando el proyecto de ley y seguimos dispuestos a trabajar de manera colaborativa con el Gobierno y los legisladores para desarrollar una regulación razonable y moderna".

La discusión del plan sienta un precedente para regulaciones de otras plataformas, como Uber, que ofrece servicios de transporte y entrega de comida rápida.

En enero el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de ley para regular a esta plataforma, con la que pretende cobrarle ¢8.300 millones para que se inscriba como empresa privada operadora de servicios de transporte.

Además de gravar sus ganancias con una tasa del 13% por el IVA y el 8,5% de tributo por las remesas.