La presentación de un recurso o denuncia ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) implica contar con las pruebas requeridas.
Es el caso de una persona, cuya identidad se mantiene confidencial en el respectivo expediente, presentó una denuncia indicando que, al tramitar el permiso de portación de armas ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), se dio cuenta de que tiene un parte policial por decomiso de drogas.
“El día indicado me encontraba en el hospital”, aseguró el denunciante, que aportó un comprobante del Hospital San Juan de Dios en su solicitud para que se elimine ese parte. “Nunca he consumido sustancias de este tipo y me parece un abuso de autoridad el que expongan mis datos y me manchen de esta manera”, manifestó el denunciante.
En el MSP se recibió una solicitud de la persona en marzo de 2025 para que se eliminara esa información de su expediente, pero nueve meses después no se había resuelto el problema. Por esa razón, Prodhab resolvió inicialmente a favor del ofendido, ordenando suprimir la información de los registros policiales del Departamento de Dactiloscopia.

Sin embargo, el MSP interpuso un recurso de reconsideración basándose en que la solicitud presentada por el interesado fue debidamente tramitada por las dependencias institucionales competentes y resuelta mediante un acto administrativo expreso, debidamente motivado y comunicado al solicitante, según la respuesta de la entidad enviada el pasado 10 de noviembre a El Financiero.
El MSP rechazó la gestión de eliminación del registro policial, con fundamento en el análisis de los antecedentes administrativos, los elementos probatorios disponibles y la jurisprudencia constitucional aplicable a la conservación y utilización de información policial.
“Asimismo, se expuso que la documentación aportada por el gestionante no resultaba suficiente para acreditar las circunstancias alegadas como fundamento de su solicitud, pese a habérsele prevenido la presentación de una certificación oficial que permitiera verificar los hechos invocados”, indicó el MSP.
Y agregó: “En virtud de lo anterior, el Ministerio sostuvo que no existía fundamento suficiente para ordenar la supresión del registro y que la actuación administrativa debía valorarse conforme al marco jurídico aplicable a los archivos policiales y a las competencias institucionales en materia de seguridad pública”.
El MSP indicó que el recurso fue acogido por Prodhab, que declaró sin lugar la denuncia presentada en su contra.
Segundo caso
En otro caso, una persona denunció a la Municipalidad de Sarapiquí alegando que aparecía como deudor de este gobierno local sin ser residente de ese cantón ni contribuyente de esa entidad.
Además, alegó que sus datos fueron extraídos por una funcionaria de una empresa de crédito y aparecieron en los mensajes de personas investigadas por las autoridades judiciales, calificando de negligencia a los funcionarios del municipio.
La persona denunciante solicitó “que se sancione a la parte denunciada y resarcir el agravio sufrido”.
La Municipalidad respondió a la Prodhab que cuenta con el servicio para fines de cobranza, en el que puede consultar información de personas no residentes del cantón “para establecer si la persona investigada es o no sujeto pasivo de los tributos que administra” y que los datos aparecidos en mensajes de las personas investigadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se pueden obtener del Registro Civil o del Registro Nacional.
“En consecuencia, cualquier persona puede tener acceso a esa información personal”, alegó el municipio.
Excepto el número telefónico. El problema es que el denunciante no ofreció prueba documental que acredite que su número telefónico fue obtenido de la información de la firma de protección crediticia.
“Adicionalmente, tampoco existe prueba de que el domicilio del señor [PERSONA DENUNCIANTE] corresponda realmente al dato de dirección física consignado en la imagen capturada de la pantalla del teléfono celular decomisado”, se agrega en el documento.
La Prodhab recordó cuáles son los datos sensibles (aquellos relacionados con su origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, de salud, y de vida y orientación sexual, entre otros), de acceso restringido (los permitidos para fines públicos y con su consentimiento), de acceso restringido (obtenidos de bases de datos públicos de acceso general según dispongan leyes especiales) y referentes al comportamiento crediticio.
Los datos de acceso restringido pueden ser la dirección exacta de la residencia (excepto si su uso es producto de un mandato, citación o notificación administrativa o judicial, o bien, de una operación bancaria o financiera), la fotografía, los números de teléfono privados “y otros de igual naturaleza cuyo tratamiento pueda afectar los derechos y los intereses de la persona titular”.
Así, la consulta de la información crediticia por la Municipalidad está “plenamente justificada” dada la autoridad del municipio.
Prodhab también recordó a la persona denunciante cuáles son los recursos y procedimientos que se pueden presentar ante esa instancia.
Finalmente, declaró sin lugar la denuncia y solicitó al municipio que acredite la capacitación de sus funcionarios en materia de gestión y protección de datos.
