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La intención del Gobierno es que el gasto en remuneraciones e incentivos salariales del sector público alcance su menor ritmo de crecimiento en la última década. Así se refleja en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2020, enviado a la Asamblea Legislativa este viernes 30 de agosto.
El monto total de las remuneraciones para el próximo año apenas aumentaría 1,1% con respecto al de 2019, este nivel crecimiento es mucho menor al promedio de los últimos diez años que se ubica en 6,7%.
Dentro de la partida de remuneraciones se encuentra el rubro de los incentivos salariales que incluye las anualidades, restricción para ejercicio liberal de la profesión, aguinaldo, salario escolar y otros pluses. Esta subpartida tendría una variación positiva de 0,9%, una cifra que se aleja de la tasa promedio de la última década estimada en 7,4%.
Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, explicó en entrevista con EF, que esta desaceleración en el nivel de crecimiento de los salarios se debe a las medidas de contención del gasto corriente que se incluyeron en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
El ajuste también es unas de las razones por las cuales Hacienda pudo aplicar la regla fiscal al proyecto del presupuesto de la República que ahora empieza su camino en el Congreso, donde podría recibir cambios importantes por parte de los diputados.
Desinflar los incentivos
Uno de los principales hitos del plan presupuestario es desinflar el gasto en incentivos salariales por medio de la aplicación de las medidas que se incluyeron en la reforma fiscal.
Los incentivos para 2020 representarán el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra levemente menor al 3,1% de la producción nacional que se registró en 2018 y 2019.
En términos nominales los incentivos aumentarán de ¢1,12 billones este año a ¢1,13 billones para el siguiente ejercicio presupuestario, en caso de que los legisladores lo aprueben sin cambios.
Sin embargo, el crecimiento porcentual de esta partida será de apenas 0,9% para 2020 y se aleja de la tasa registrada en 2019 que fue del 5%.
“Los incentivos van a ir perdiendo importancia relativa cada año, pero este es el primero en el que se denota ese esfuerzo por contener el crecimiento del gasto”, comentó Aguilar.
La reforma fiscal aprobada por el plenario legislativo el pasado 3 de diciembre y publicada un día después en el diario oficial La Gaceta, permitió implementar nuevas fórmulas para calcular y pagar algunos pluses salariales.
Un ejemplo de las medidas de ahorro que introdujo la normativa es la conversión de incentivos a montos nominales fijos con lo que se elimina el pago porcentual de cualquier compensación que exista en la función pública. Así se establece en el artículo 54 de la Ley.
El objetivo de esta disposición es evitar el aumento exponencial del gasto ya que con el modelo porcentual que operaba antes, cada vez que los salarios base tenían ajustes al alza, también incrementaban los pluses.
Por ejemplo, las reforma fiscal ordena que se pague un monto fijo e invariable por las anualidades de cada funcionario público, esa cifra se calculará en un 1,94% del salario base de enero del 2018 para trabajadores profesionales y 2,54% para no profesionales.
Primeros pasos
Las acciones de la reforma fiscal son apenas los primeros plasos para aplanar la curva de crecimiento del gasto en salarios de los empleados públicos.
El Gobierno se enfrenta a un escenario complejo para consolidar su plan. El Poder Judicial decidió eximir a sus casi 14.000 trabajadores de estas reglas de ahorro y los 57.000 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantendrán sus pluses intactos hasta que se resuelva un proceso judicial que podría tardar hasta cinco años.
El proyecto de presupuesto nacional trata de reflejar buenas señales del Ejecutivo por reducir la cantidad de dinero que se destina a remuneraciones, aunque los resultados se verán con mayor claridad en el futuro, de acuerdo con la lectura de la ministra de Hacienda.
Para 2020 los recursos de remuneraciones totales alcanzarán los ¢2,67 billones, la cifra representa un aumento –en términos nominales– con respecto a este año cuando se presupuestaron ¢2,64 billones.
En cuanto a plazas, Hacienda apenas autorizó la creación de poco menos de 400 nuevos puestos para las instituciones públicas, la mayoría se destinarán al Ministerio de Educación Pública (MEP).
El nuevo presupuesto es el primero que elabora Hacienda atado al cumplimiento de la reforma tributaria y despierta el interés de las diferentes bancadas del Congreso que lo recibirán para analizar posibles modificaciones durante los próximos tres meses.
Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), considera que es importante que el plan presentado por el Ejecutivo muestre el cumplimiento de la regla fiscal y la contención del crecimiento de los salarios, porque ese es el objetivo por el cual se aprobó el plan tributario.
Ahora el texto presupuestario inicia su ruta en Cuesta de Moras para recibir la venia y convertirse en ley antes de que finalice noviembre.
