Costa Rica es un país con una amplia tradición de protesta social que incluye desde manifestaciones públicas por medio de comunicados o conferencias de prensa, hasta huelgas, bloqueos en carretera, piquetes y paralización de servicios.
A este amplio portafolio de manifestaciones se les conoce como acciones colectivas y siempre tienen tres características: son movimientos que se desarrollan por un objetivo común que debe ser alcanzable, se nutren de la unión de personas para tener mayor impacto y buscan abrir espacios de negociación.
La historia del país recuerda protestas sociales que llevaron a la polarización, dentro de esta carpeta se encuentran las manifestaciones contra Alcoa, la huelga de maestros de 1995, el Combo del ICE, la movilización contra Riteve, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, el rechazo a la concesión de OAS para ampliar la carretera a San Ramón y, ahora, la reforma fiscal.
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No todas las protestas del país nacieron en el seno del movimiento sindical, pero en la mayoría de los casos estos gremios fungieron como mentores y ejecutores, lo que sin duda acarrea un problema implícito: si la movilización no consigue ningún resultado, la credibilidad y fuerza de los sindicatos -y sus líderes- se desgasta.
La huelga contra la reforma fiscal que levantó el bloque llamado Unión Sindical y Social Nacional se desarrolla bajo una sola consigna que se convirtió en premisa de estos grupos: el Gobierno debe retirar el proyecto de ley.
Surgen entonces algunas preguntas. Si el objetivo de partida es tan radical, ¿cómo se puede negociar? Si el Gobierno no retira la reforma, pero los sindicatos aceptan dialogar, ¿entonces la huelga fue un fracaso?
La Torre de Babel sindical
Los sindicatos nunca han sido un cuerpo uniforme, con una sola voz y con una sola posición política. De hecho, son un movimiento que ha sufrido fisuras y desgastes a lo largo del tiempo.
A inicios de la década de los 80 los trabajadores de las instituciones públicas y privadas solo tenían una forma de asociarse para luchar por sus derechos laborales y para obtener fuentes de financiamiento extra bancarias, el sindicalismo reinaba entre la clase trabajadora.
En 1984 las cosas cambiaron y la aprobación de la Ley de Asociaciones Solidaristas le atestó un golpe al movimiento sindical costarricense. Los trabajadores del sector privado empezaron a migrar hacia la nueva modalidad y el sindicalismo se arraigó dentro del sector público amén de su cobertura legal.
A lo largo del tiempo los sindicatos se unieron para luchar por causas comunes y luego se dividieron por resquemores entre sus líderes.
Las huelgas y movimientos sociales que se llevaron a cabo en las décadas de los 80 y los 90 eran encabezadas por pocas personas. Era común ver figuras como Rodrigo Aguilar, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum o Denis Cabezas, presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses.
Estos líderes estaban investidos de autoridad, poder de decisión y credibilidad de todo el bloque sindical para sentarse a negociar con el Gobierno y buscar acuerdos satisfactorios. De hecho, en esas épocas las delegaciones para dialogar con el Ejecutivo estaban conformadas solamente por dos o tres dirigentes gremiales.
En la actualidad existen dos grandes bloques sindicales en Costa Rica, uno de ellos es Patria Justa, encabezado por Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y conformado por grupos de municipalidades y de algunas instituciones públicas.
ANEP no es un cuerpo sindical tan grande dentro del universo gremial del país, pero Vargas logró ganar espacios para posicionarse como uno de los líderes más visibles y mediáticos del país.
El otro gran grupo que opera en el país en este momento es el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) que funciona como una organización sombrilla y agrupa a los educadores, uno de los gremios más grandes del país.
Dentro del Bussco se encuentra la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), los tres grupos que cuentan con la mayor cantidad de agremiados.
La relación entre Patria Justa y el Buscco no es muy cercana, los dos bloques tienen visiones y posiciones distintas. A su vez, dentro de cada uno de los bandos existen diferentes opiniones de los sindicatos que los conforman.
La reforma fiscal impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado es un tema que logró unir a Patria Justa y al Bussco para que revivieran la Unión Sindical y Social Nacional. Sin embargo, después de la huelga es posible que los dos bandos se distancien nuevamente.
La diversidad de opiniones y desconfianzas que existen entre los líderes sindicales se refleja en la numerosa comitiva que dialoga con el Gobierno. 12 representantes de diferentes agrupaciones se sentaron a la mesa, la semana anterior, para entablar conversaciones con una delegación de cinco personas enviadas por el Ejecutivo.
¿Un objetivo posible?
Las protestas sociales nacen con la intención de oponerse a algo, pero el objetivo inicial debe ser posible de alcanzar, responsable y debe ofrecer opciones de diálogo y negociación. De lo contrario, la acción colectiva nace con un camino empinado.
En 2013, vecinos de las comunidades del occidente de Alajuela, grupos de la sociedad civil y algunas figuras políticas se organizaron para oponerse articuladamente al contrato de concesión que el Gobierno otorgó a la firma brasileña OAS para ampliar la carretera entre San José y San Ramón.
La agrupación tomó forma y se autodenominó Foro de Occidente. Los dirigentes del movimiento no solo promovieron manifestaciones en vías públicas para oponerse a la concesión, sino que también trabajaron en una contrapropuesta técnica para ampliar la carretera sin los altos peajes que pretendía cobrar OAS.
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Tras un proceso de diálogo que involucró a diputados, instituciones de Gobierno, bancos y actores de la sociedad civil, finalmente la propuesta derivó en un proyecto de fideicomiso que está en trámite y que busca ampliar la carretera a San Ramón.
Esta protesta social generó tanta presión al Gobierno que la entonces presidenta, Laura Chinchilla, anunció en cadena nacional que detendría el contrato de concesión con OAS y pagaría la indemnización correspondiente a la empresa para poner punto final al proyecto.
Otras manifestaciones y huelgas no lograron sus objetivos, pero crearon un foro de diálogo y discusión a nivel nacional. El movimiento del “No” al TLC con los Estados Unidos tuvo una fuerte participación con protestas en las calles, pero también generó un debate de altura con iniciativas para encaminar el modelo de desarrollo del país.
La protesta contra el Combo del ICE fue quizás la última acción colectiva basada en una posición radical y con pocas opciones de diálogo, que logró detener un proyecto de ley en el país. De ahí se explica que los sindicatos bautizaran la reforma tributaria con el nombre de “combo fiscal” en alegoría a aquella multitudinaria y violenta protesta del año 2000.
En el caso de la reforma fiscal, la postura sindical es bastante rígida: piden al Gobierno retirar el proyecto de ley del trámite legislativo y eliminar el capítulo de recortes al gasto en los salarios públicos.
Antes de llegar a la huelga, el pasado 30 de julio, los sindicatos presentaron su propia propuesta de reforma fiscal al Gobierno reducir el déficit financiero del país.
El documento incluye 27 medidas para recortar la brecha entre ingresos y gastos. De acuerdo con los sindicatos, la implementación de estas acciones permitiría reducir el déficit fiscal entre 2,38% y 4,20% del Producto Interno Bruto (PIB), un rango amplio.
Este plan obvia acciones en el campo de los salarios públicos, considerados por la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda como los principales disparadores del gasto público.
La huelga llega en un momento crítico para el país. Costa Rica se enfrenta a su última oportunidad para aprobar un ajuste fiscal que incluya aumento de ingresos mediante impuestos, recorte al gasto sobre todo en salarios públicos y límites al crecimiento al presupuesto nacional cada año.
Los sindicatos iniciaron el movimiento huelguístico con un objetivo muy difícil de alcanzar, según analistas políticos consultados por EF quienes agregaron que esta protesta también busca desestabilizar al Gobierno entrante.
Si una huelga empieza con una meta tan rígida como exigirle al Ejecutivo que retire la reforma tributaria y, al final del movimiento, el proyecto de ley se aprueba, la credibilidad de quienes lideraron la protesta se verá desmeritada y cuestionada.
Sin bastión político
Otro elemento que prevaleció en huelgas y protestas sociales de Costa Rica en el pasado, fue la presencia de diputados o líderes políticos como bastiones del movimiento.
En las acciones contra el Combo del ICE, José Merino del Río, diputado del Frente Amplio, fue un actor fundamental para sostener y representar la posición de los manifestantes.
El capítulo del TLC estuvo marcado por la participación del Ottón Solís, fundador y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC); Eugenio Trejos, exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y otras figuras políticas de la época.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, fue uno de los principales opositores al contrato del Estado con la empresa OAS para ampliar la ruta San José – San Ramón.
En todas estas acciones colectivas que generaron manifestaciones, huelgas y piquetes, los líderes políticos jugaron un papel fundamental como impulsores de ideas, contrapropuestas o como generadores de diálogo con los gobiernos de turno.
La huelga del sector sindical contra la reforma fiscal carece de un bastión político. José María Villalta, legislador cercano a la corriente gremial, ha mantenido su lucha en el foro legislativo.
En un acto bastante criticado, los 14 diputados del Partido Restauración Nacional (PRN) salieron del recinto legislativo para recibir y saludar los huelguistas el pasado jueves 13 de setiembre. Los congresistas evangélicos dieron mensajes de apoyo a los manifestantes y aseguraron que se opondrán a la reforma fiscal.
Pese a que la bancada de Restauración Nacional es la segunda más grande del Congreso y representa -en número- una buena porción de apoyo político, los sindicatos no aceptaron el guiño y prefirieron dejar la lucha sin bandera política explícita.
La relación con representantes el Partido Acción Ciudadana venía siendo más cálida para los sindicatos. El gobierno de Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral, una ley apetecida por ese sector que, presuntamente, aceleraría los procesos administrativos en favor de los trabajadores, pero también reescribió las reglas de la huelga en el país.
La buena relación entre los sindicatos y Solís le permitió al primer Gobierno del PAC construir un clima de paz social durante su gestión. Los datos del Informe Estado de la Nación 2017, evidenciaron una caída en la cantidad de protestas durante el periodo de 2014-2018.
Pese a que Carlos Alvarado cuenta con un líder sindical en un puesto estratégico –Marvin Rodríguez, es el segundo vicepresidente de la República–, las pasiones que despertó la reforma fiscal fueron más fuertes.
