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La Sala Constitucional declaró inconstitucional el proyecto que podría permitir que hasta 6.010 docentes se trasladen al régimen de pensiones del Magisterio Nacional.
Los magistrados consideraron que el texto 17.561 es inconstitucional pues viola el artículo 73 de la Constitución Política, dado se carece de un estudio que "determine técnica y científicamente cuál es el impacto real sobre la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, vicio que es de carácter esencial del procedimiento legislativo", según sostutvieron en un comunicado emitido este 26 de julio.
La decisión fue tomada por los magistrados Fernando Cruz Castro (quien presidió), Fernando Castillo Víquez, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Yerma Campos Calvo, Jorge Araya García y Ronald Salazar Murillo.
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La resolución bloquea el texto que permitiría a los trabajadores que se trasladaron al régimen de Invalidez Venez, y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retornar al régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que abandonaron durante la administración de José María Figueres (1994-1998).
Se trata de la iniciativa 17.561: un texto de larga data en la Asamblea Legislativa, que se había presentado originalmente el 21 de octubre de 2009 de manos del entonces diputado del Partido Acción Ciudadana, José Quirino Rosales, legislador guanacasteco. El texto se encuentra actualmente en discusión en la Comisión Plena Primera del Congreso.
Una asesoría de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda al departamento de Servicios Técnicos estimaba en junio que, en el mejor escenario (en que 1.847 docentes se trasladaran), el costo de asumir el traslado de las pensiones sería de ¢198.000 millones. De ellos, ¢39.000 millones serían financiados a partir de las contribuciones de los docentes y el Gobierno cubriría el déficit restante: ¢159.000 millones.
En el peor escenario (que 6.010 docentes se trasladen) el movimiento multiplicaría el costo a ¢658.731 millones. ¢535.225 de ellos deberían ser cubiertos por el Estado, debido al déficit que se generaría.
