EscucharLa acusación de la Fiscalía presentada esta semana en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, sacudió la ya crispada arena política en Costa Rica.
El fiscal general, Carlo Díaz, acusa a ambos jerarcas de un supuesto delito de concusión, por el caso de la contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Al tratarse de dos miembros de un supremo poder, el proceso tiene algunas particularidades con plazos abiertos y, en él, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa tienen participación.
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¿Qué es lo que sigue?
El presidente de la República y los ministros están cobijados por el fuero de improcedibilidad penal, que está incluido en la Constitución Política y se conoce popularmente como inmunidad. Este fuero cubre a todos los miembros de los Poderes.
Cuando se realiza una acusación formal contra alguna de estas personas, el proceso es distinto al procedimiento común que se realiza en los tribunales ordinarios. En este caso, se lleva a cabo un antejuicio, una etapa previa en la que tienen participación la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.
Una vez que la Fiscalía realiza una investigación inicial, debe presentar la acusación formal ante los 22 magistrados de la Corte. Este órgano debe evaluar si los hechos investigados podrían constituir un delito. Si la respuesta es afirmativa, debe enviar la petición de acusación a la Asamblea Legislativa, para lo que se necesita una mayoría de votos de los magistrados.
El siguiente paso recae en la Asamblea, una fase que está regulada en el reglamento de esa institución. Los diputados deben decidir si levantan o no el fuero que protege a los miembros de supremos poderes investigados en la causa, para lo que se realiza una votación que necesita la aprobación de, al menos, 38 diputados.
Si el Congreso vota a favor del levantamiento del fuero, le comunica la decisión a la Sala III de la Corte, la encargada de lo penal. Es en ese momento cuando comienza el procedimiento jurisdiccional.
Uno de los cinco integrantes de esa Sala es designado para que desarrolle una investigación y recargue los cargos sobre los acusados. Ese magistrado debe indicar hora y fecha para el juicio público, que se lleva a cabo dentro de la misma Sala III y no en un tribunal común, con todas las reglas de un juicio normal y sus posteriores etapas de impugnación.
Un elemento importante es que, si Chaves o Rodríguez, en este caso, dejan de ser parte del Poder Ejecutivo, por cualquier motivo, los tribunales ordinarios asumen el trámite.
Todo este proceso carece de un plazo determinado en el que debe completarse. No obstante, algunos pasos en específico sí tienen rangos de tiempo establecidos. Por ejemplo, la Sala III tiene 24 horas para pronunciarse sobre la petición de medidas cautelares luego de recibir el expediente de la Asamblea.
No obstante, al tratarse de figuras que ostentan poder, las normas contemplan cierta razonabilidad para procurar que sea un proceso expedito.
“No podríamos decir que va a durar tanto, puede alargarse (...). Todo está regulado para que sea un procedimiento expedito, pero pueden darse circunstancias que lo extiendan más de lo razonable”, comentó Gustavo Chan, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.
Existen dos antecedentes recientes de integrantes de supremos poderes que perdieron el fuero, pero cuyos procesos han tenido tiempos distintos, según recogió el medio digital CRHoy.
Uno de ellos fue contra el exdiputado liberacionista Jorge Angulo, acusado por el exfiscal Jorge Chavarría de los supuestos delitos de concusión, tráfico de influencias y extorsión. Aunque los hechos ocurrieron en 2010, el trámite ha tenido retrasos reiterados y aún no llega a juicio.
El otro fue contra el exmagistrado Celso Gamboa, tras ser acusado de tráfico de influencias por la entonces fiscala Emilia Navas. Este proceso inició en enero del 2018, dos meses después los diputados le retiraron el fuero, pero, tras dos juicios, resultó absuelto de los cargos señalados por la Fiscalía.
¿Cuál es el ambiente en la Asamblea?
Si el caso sigue su camino, la Asamblea deberá votar sobre el levantamiento del fuero de Chaves y Rodríguez. Esta decisión debería estar fundamentada en un análisis de fondo de la acusación.
“Desde un punto de vista jurídico, se supone que la Asamblea, cuando valora este levantamiento, lo hace ponderando elementos de seriedad y consistencia de la acusación; no tiene que juzgar los hechos”, comentó el abogado constitucionalista Esteban Alfaro.
Varias fracciones legislativas ya han adelantado cuál será su actuar en una posible votación.
El Frente Amplio dará sus seis votos para el levantamiento del fuero.
El Partido Liberación Nacional (PLN) indicó que actuará según la recomendación de la comisión legislativa que vea el caso; si esta recomienda retirar la inmunidad, la fracción votará a favor.
Sin embargo, el bloque podría romperse. El ex precandidato y diputado verdiblanco Gilbert Jiménez esquivó confirmar en un debate televisivo si apoyaría el levantamiento del fuero en un caso como este. Por su parte, el candidato del PLN, Álvaro Ramos, pidió a Chaves renunciar a su fuero o, en caso contrario, aseguró que la Asamblea debería retirarlo.
La bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), que quedó con tres integrantes luego de que otros tres diputados se declararan independientes, estaría dispuesta a votar a favor del levantamiento.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) evitó tomar una postura concreta y pidió, más bien, esperar el desarrollo del proceso.
¿Qué han dicho los involucrados?
Rodrigo Chaves se refirió por primera vez a esta petición de acusación del fiscal general en su contra en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del 9 de abril, realizada en el parque de Atenas.
Chaves volvió a cargar contra Díaz, con adjetivos como “desagradable” e “indigno”. En un video mostrado previo a la intervención del mandatario, se adujo que el proceso es persecución política y se rebajó importancia a las acusaciones.
“Los filibusteros que han gobernado esta patria por los 75 años recientes no sé si querrán fusilarme, pero quieren callarme, amordazarme, amedrentarme, encarcelarme”, aseveró Chaves ante un grupo de seguidores reunidos en el parque.
El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, también ha tachado la acusación como un “disparate” que no se sostiene.
Por su parte, Jorge Rodríguez, que fungía como jefe de despacho en el momento de los hechos investigados, aseguró que aún no ha recibido una notificación formal, según publicó el diario La Nación.
En sus declaraciones intentó desligarse de la causa y dirigió la responsabilidad a la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro y al contratista Christian Bulgarelli.
