Quienquiera que asuma la Presidencia de la República de Costa Rica en 2026 recibirá las riendas de un país con una economía aparentemente estable, pero llena de grietas.
Las cifras fiscales muestran superávits primarios y déficits controlados, pero debajo de esa calma se agitan amenazas sobre el principal motor de la producción, un estancamiento crónico de la economía local, una nueva debilidad de los ingresos fiscales y servicios públicos desfinanciados.
Costa Rica aplicó un ajuste fiscal en 2018, al borde de una nueva crisis de la deuda pública, pero otras crisis quedaron pospuestas o ignoradas.
El ajuste fue efectivo en lo contable, pero recortó inversión en áreas esenciales como educación, infraestructura y seguridad; y permitió disimular el estancamiento económico fuera de las zonas francas.
A todo ello ahora se suma otro peligro: el aislacionismo de Donald Trump y su arancel del 15% a los productos costarricenses, que encienden las alarmas del pequeño gran motor de la economía costarricense que se daba por sentado.
La nueva administración heredará cierta estabilidad macroeconómica, es cierto, pero también deudas sociales crecientes, incógnitas graves sobre su modelo de desarrollo y un margen fiscal muy limitado para atenderlas.
Finanzas insuficientes
La nueva administración iniciará con cuentas fiscales ordenadas, pero insuficientes.
El Banco Central y el Ministerio de Hacienda prevén superávits primarios en 2026 y 2027, y una leve reducción en el déficit financiero. Sin embargo, esas cifras asumen que el país seguirá limitado para invertir en los sectores sobre los que ya recayeron los principales recortes en los últimos años.
Si bien es cierto que el país ya empezó a percibir algunos ahorros —al tener que usar una menor porción de su presupuesto para pagar intereses—, aún hablamos de cifras menores en comparación con el retroceso de la última década.
El mayor ejemplo de ello es la inversión en educación. Si bien el Ministerio de Hacienda presupuestó un 5,3% más de recursos para el Ministerio de Educación Pública en 2026, el monto general para la cartera es un 5% de la producción estimada para el próximo año: todavía una tercera parte menos que hace solo ocho años.
Los ingresos tributarios, además, se han estancado.
La reforma fiscal de 2018 permitió que los ingresos tributarios crecieran un 28,2% en 2021 y un 13,4% en 2022, una vez que pasó la pandemia; pero desde 2023 en adelante la tasa de crecimiento no supera el 2,5% y, hasta agosto de este 2025, apenas era de 1,7%.
La situación entonces es sencilla: hay estabilidad financiera, pero a costa de presupuestos débiles y difíciles de fortalecer con los ingresos disponibles.
El estancamiento de los ingresos tributarios, según economistas consultados, responde a varios factores. Entre ellos, a una economía interna débil y un tipo de cambio bajo que reducen las rentas gravables de sectores dolarizados; a las rebajas en el impuesto sobre la propiedad de vehículos; y al avance de la electrificación vehicular (que ya debería estar erosionando el tributo a los combustibles).
Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda e investigador de la Universidad Nacional (UNA), considera que el país debe explorar vías para mejorar su recaudación y que, si no existe anuencia política para elevar tasas, entonces se podrían analizar otras alternativas. Por ejemplo, mencionó la posibilidad de trazar mejor las transferencias comerciales por Sinpe, aprovechar las nuevas herramientas digitales de tributación para fiscalizar mejor el pago de impuestos, y revertir los cambios aplicados en el cálculo del marchamo. Asimismo, subrayó la urgencia de reactivar la economía local.
“Si lográsemos reactivar los sectores de la economía local podríamos ver un salto en recaudación, pero eso no va a llegar automáticamente... hay que hacer inversión pública, tirar salvavidas a sectores como el agro y reducir el costo del financiamiento, que sigue siendo altísimo, incluso ahora que no tenemos inflación”, subrayó.
Los esfuerzos en ese sentido también serán esenciales para evitar que la deuda pública supere de nuevo el umbral del 60% del PIB, como estima que pasará a partir de 2026 el Banco Central. Ello implicaría tener que aplicar de nuevo las máximas restricciones de gasto de la regla fiscal aprobada ocho años atrás.
La economía enorme y débil
La dualidad de la economía que menciona Rodríguez es probablemente el mayor reto económico que tendrá el próximo gobierno en sus manos, pero no solo por motivos fiscales. Las empresas fuera del régimen de zona franca generan el 85% de la producción y la mayoría del empleo dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
“Es una cuestión de bienestar, de distribución de ingresos, de acceso a servicios básicos”, remarcó Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central.
El Banco Central estima que la producción total del país crecerá un 4,2% al cierre de 2025; sin embargo, ese crecimiento será mucho mayor en las zonas francas (12,8%) que entre las empresas locales (2,8%), como ha sido la costumbre en los últimos años.
Las posibles vías para revitalizar la economía local son demasiadas. Sin embargo, todas requieren de esfuerzos políticos y de análisis matemáticos complejos, que hasta ahora han sido evitados.
Rodríguez, por ejemplo, considera que se deben idear incentivos y otras formas de inversión pública que reanimen actividades económicas clave; mientras que Cubero enfatiza en la necesidad de reducir las cargas patronales a las empresas y buscar fuentes alternativas para financiar a la seguridad social.
El exministro de Hacienda, exgerente del Banco Nacional y actual presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), Fernando Naranjo, incluso señaló en un reciente artículo de opinión publicado por EF que el país continúa sin desarrollar políticas nacionales en materia agrícola e industrial: dos carencias que se mantienen “desde hace muchos años” y que dificultan disminuir cualquier disparidad de fuerzas en la producción nacional.
Motor concentrado y amenazado
El ambiente para cometer esas tareas, sin embargo, no será el de mayor estabilidad para la nueva administración.
Por el contrario, el nuevo gobierno también tendrá que abordar las amenazas que sobrevuelan la economía de zonas francas, que hoy enfrenta nubarrones relacionados con la administración de Donald Trump en Estados Unidos y sus políticas aislacionistas.
El Banco Central incluso moderó en los últimos meses sus proyecciones de crecimiento para ese sector y hoy prevé subidas de 4,9% y un 6,4% en 2026 y 2027, frente al 12,8% que se espera este año.
Róger Madrigal, presidente de la autoridad monetaria, explicó que esas moderaciones están influenciadas por las salidas de las plantas manufactureras de Qorvo e Intel, así como por “el menor ingreso disponible en Estados Unidos y el efecto de los aranceles” aplicados por Trump a Costa Rica y el resto del mundo, en distintas proporciones.
Según Cubero, en medio de ese contexto, el nuevo gobierno costarricense tendrá que dialogar y negociar activamente con las autoridades estadounidenses; al mismo tiempo que intenta reducir su dependencia de ese mercado.
Estados Unidos ya rubricó un impuesto de importación del 15% sobre todos los productos costarricenses (5 puntos porcentuales mayor que el de muchos competidores regionales) y el presidente Donald Trump insiste a las empresas de su país que reubiquen sus operaciones en Norteamérica: dos cuestiones que no pueden ignorarse.
“Al menos deberíamos intentar que no se nos trate de forma desfavorable en relación con otros países y regresar al arancel del 10%, porque el de 15% nos pone en desventaja con nuestros competidores”, señaló el expresidente del emisor.
“También deberíamos impulsar mecanismos de excepción (de aranceles) en aquellos bienes que Estados Unidos no produce, como la mayoría de los que envía el sector agro”, subrayó.
El 14 de noviembre Trump anunció que ciertos productos agrícolas no tendrán el arancel recíproco (en el caso de Costa Rica el del 15%).
A pesar de que solo acogen a un 15% de la producción nacional y de que solo producen una décima parte de los empleos en el país, los enclaves de zona franca también son una pata muy importante para la economía del país. No solo explican la mayoría de las exportaciones del país, sino que también producen la mayor parte de los empleos de alta calidadque tributan y pagan cargas sociales.
Entre muchas otras amenazas, Estados Unidos analiza más impuestos de importación sobre bienes “críticos” como los dispositivos médicos: una gama que domina la mayor parte de la oferta exportadora del país, según los datos de Procomer. El equipo médico y de precisión representa hoy un 40% del valor exportado por Costa Rica al resto del mundo.
Hasta septiembre de este 2025, Procomer estima un crecimiento del 20% en las exportaciones de bienes. No obstante, esas cifras no garantizan el mismo comportamiento en el futuro. Además, economistas como Daniel Ortiz, socio de Cefsa, han advertido que dicho comportamiento podría responder precisamente a adelantos de exportaciones futuras por temor a cambios impositivos en el corto plazo.
Las claves inciertas
El nuevo gobierno también tendrá que lidiar con dos variables que están fuera de su control y que más bien dependen del BCCR y de su política monetaria: el dólar barato y la inflación negativa que han condicionado el panorama económico del país en los últimos años.
En ese sentido, la nueva administración ni siquiera podría nombrar a un nuevo presidente del emisor en el primer año de la administración, pues el nombramiento de Róger Madrigal se hizo por un período de cinco años y él podría optar por mantenerse en su silla.
Hasta 2022, los nombramientos de los presidentes del BCCR eran por períodos de cuatro años; sin embargo, eso cambió a partir de ese año, luego de la aplicación de varias reformas para reforzar la independencia de la autoridad monetaria.
Rodrigo Cubero considera que la situación del tipo de cambio y la inflación “se han convertido en un problema para el país”. Desde su punto de vista, el Central “ha mantenido las tasas de interés en niveles mucho más altos de los que justifica la inflación” y eso ha sido uno de los factores que aprecian el colón en detrimento de sectores claves como el agro o el turismo. No obstante, señaló que esos son factores con los que tendrá que lidiar la nueva administración y que realmente no están en sus manos.
Algo similar opinó Ortiz, quien señaló que la estabilidad en inflación y tipo de cambio “se está haciendo a costa de la actividad económica”.
El tipo de cambio bajo y la inflación nula o negativa tienen efectos mixtos sobre la economía. Por un lado, pueden beneficiar menores mediciones de endeudamiento público o de pobreza; pero también se relacionan con una menor recaudación de impuestos y con la depresión de sectores económicos que reciben divisas.
Presiones de gasto
A todo ese contexto de debilidades económicas e insuficiencias tributarias, se suman presiones crecientes de gasto.
El país vive crisis en educación y seguridad pública: dos sectores en los que hoy se invierte menos que hace cuatro u ocho años. En el último presupuesto nacional que presentó la actual administración, Hacienda incluyó un 5% de la producción para el Ministerio de Educación y un 1% para el Poder Judicial: cifras inferiores a las de 2018 (7,4% y 1,3%) y 2022 (6,4% y 1,2%).
Las crisis son claras y sentidas por la población.
Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el 50% de los costarricenses mayores de 18 años percibe un deterioro de la educación y el 67% también lo hace en seguridad, cuando se les pregunta por los últimos 12 meses.
La crisis de inseguridad también es el principal problema que percibe la población del país, que vio subir la tasa de homicidio a 17 por cada 100.000 habitantes en los últimos dos años después de años cerca de la decena.
Además de esas crisis, hay otra en pensiones y salud: la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los servicios médicos se deterioran y hay dudas razonables sobre la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; mientras que la población sigue envejeciendo, cotizando menos y volviéndose más vulnerable.
Según la CCSS, la deuda estatal con la institución ya alcanzó los ¢4 billones entre el seguro de salud y el régimen de pensiones al cierre de 2024: el doble de lo reportado a finales de 2020.
Rodríguez advirtió que el nuevo gobierno puede “seguir pateando la bola” o asumir con seriedad la búsqueda de soluciones. No hacerlo, subrayó, podría modificar radicalmente a la Costa Rica que conocemos.
