Recientes investigaciones y operativos policiales reabrieron una de las preguntas más delicadas que pueden hacerse en la Costa Rica contemporánea: ¿hasta qué punto las organizaciones criminales están logrando corromper a los funcionarios públicos, particularmente a las policías?
La pregunta cobró fuerza con varios hechos conocidos en las últimas semanas.
El presunto líder narco, alias Diablo, aseguró tras su captura que había contado con colaboración de oficiales de la Fuerza Pública; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una red en la que habrían participado agentes de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras para exportar toneladas de cocaína desde Limón; y días más tarde el periódico La Nación publicó un informe interno del Ministerio de Seguridad que vinculaba a 116 policías de la Zona Sur con actividades de narcotráfico, contrabando y trata de personas.
Por otra parte, la presidenta Laura Fernández aseguró en días recientes que el crimen organizado y el narcotráfico se han metido “hasta los tuétanos” en el Poder Judicial, aludiendo a supuestos favorecimientos por parte de autoridades judiciales en beneficio de “gente súper peligrosa” y a la reciente extradición a Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa por presuntos delitos de narcotráfico.
Más allá de las disputas políticas, los distintos episodios forman parte de un fenómeno mucho más amplio: conforme el crimen organizado aumenta su capacidad económica y operativa, también crece su capacidad de corromper funcionarios públicos para facilitar sus actividades... y eso no se limita a un solo tipo de funcionario o a un solo tipo de institución pública.
Sin distinciones
La discusión política tiende a presentar la corrupción como un problema que se concentra en determinadas instituciones y, en medio del enfrentamiento reciente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, los señalamientos suelen dirigirse hacia la acera del frente. Sin embargo, los casos conocidos durante los últimos meses muestran un panorama mucho más complejo.
Dentro de los cuerpos policiales del Ejecutivo, los casos revelados en las últimas semanas han implicado a oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía Penitenciaria y hasta a oficiales de Tránsito. Pero la corrupción vinculada con el crimen organizado tampoco se limita a esas instituciones.
El propio Poder Judicial ha detenido e investigado a funcionarios de su propia estructura por presuntas colaboraciones con estructuras criminales. Solo en junio de 2024, por ejemplo, se registraron 11 detenciones de funcionarios judiciales.
Entre ellos figuraban un juez penal en Limón como sospechoso de almacenar drogas en su vivienda; un juez y varios funcionarios judiciales que habrían participado en el entramado de apropiación ilegal de inmuebles conocido como caso Madre Patria; y otros tres jueces y tres fiscales que presuntamente beneficiaron a un exjuez que entonces defendía a bandas criminales.
Autoridades del OIJ también han expresado preocupación por exfuncionarios judiciales que, poco después de abandonar sus cargos, pasan a trabajar para personas u organizaciones investigadas, ya sea como abogados o como asesores de sus estrategias de defensa.
Además, en junio del año pasado fue detenido para enfrentar un proceso de extradición a Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico el exmagistrado Celso Gamboa: un personaje de alto perfil que también laboró como fiscal adjunto en el Poder Judicial y que antes había ocupado puestos de alto nivel en el Ejecutivo, como el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Visto en conjunto, el panorama no se limita a instituciones de un solo tipo y va incluso más allá de las estructuras policiales. Durante los últimos años también se han abierto investigaciones o procesos contra autoridades locales, exdiputados y otros muchos funcionarios de instituciones públicas —desde bancos hasta entidades de control ambiental— que habrían favorecido o se habrían beneficiado de entramados ilegales.
Para Tania Molina, criminóloga y experta en crimen organizado, intentar determinar cuál institución está más contaminada parte precisamente de una premisa errónea.
“El crimen organizado en realidad no elige a sus aliados por institución. Los elige por función”, afirmó a EF; y luego explicó que una organización puede necesitar alguien en fronteras que “mire para otro lado”, un policía de tránsito que no detenga determinado vehículo, un oficial de la Fuerza Pública que filtre operativos o información, o una persona dentro del sistema judicial capaz de ralentizar procesos o favorecer sus intereses mediante alguna decisión.
“Eso no es una corrupción puntual en un solo lugar”, describió. “Son redes de complicidades que se cruzan en todas las instituciones porque el crimen organizado se dedica a eso”.
Por ese motivo, Molina considera que es “un error analítico grave y políticamente conveniente” señalar únicamente al Poder Judicial o a cualquier otra institución como foco del problema. Una narrativa de ese tipo, sostiene, puede provocar que se deje de mirar “con la misma intensidad” lo que ocurre en otros eslabones de la cadena.
Mejor que confrontar
Para el crimen organizado, corromper funcionarios puede resultar mucho más rentable que enfrentarse directamente con el Estado. Según Molina, las estructuras criminales siempre buscan contaminar tantos ámbitos como puedan conforme van ampliando sus operaciones.
“Ellos habitan un ecosistema criminal muy amplio, una cartera criminal muy amplia, entonces si pueden insertarse (...) van a estar mucho más conformes porque no van a necesitar imprimir desde el crimen organizado, ni a más alto nivel, violencia contra el Estado”, explicó.
“El crimen organizado es un modelo económico”, resumió Molina, por lo que le es más rentable conseguir contactos dentro de las instituciones que le garanticen información, protección, facilidades logísticas, influencia o impunidad.
Según explicó la especialista en una reciente entrevista con La Nación, en esa tarea tienen un rol fundamental la alta capacidad económica de las organizaciones y la ambición que puedan tener los funcionarios públicos. Desde su óptica, quienes colaboran con esas estructuras suelen hacerlo por una “decisión consciente”, alimentada por la “ambición”, y no solo porque los sueldos del Estado sean bajos o insuficientes.
Ese riesgo puede estar aumentando en Costa Rica porque el crimen organizado ha cambiado de etapa en los últimos años, según explicó el fiscal general Carlo Díaz en una reciente entrevista con el diario internacional El País.
Costa Rica dejó de ser una bodega de cocaína para convertirse en un “reexportador”: un fenómeno que se consolidó después de la pandemia y en el que grupos costarricenses asumieron nuevos segmentos de la cadena internacional del narcotráfico que les han traído mayores ganancias.
Con organizaciones locales más involucradas y con mayor capacidad económica, entonces, también crecen los recursos disponibles para comprar o forzar el acceso a información, protección o cualquier tipo de beneficio dentro de cualquier entidad del Estado.
¿Captura institucional?
El aumento de los casos de corrupción, sin embargo, no significa necesariamente que las instituciones costarricenses ya hayan sido capturadas por el crimen organizado.
Consultado sobre si el caso de Celso Gamboa constituía una señal de corrupción en el Poder Judicial, el fiscal general Carlo Díaz respondió a El País que la institución “no está exenta de tener personas que caigan en actividades irregulares”, pero resaltó que el exmagistrado fue separado de su cargo desde 2018, antes de las actividades de narcotráfico por las que ahora se le procesa en Estados Unidos, y después de procesos que activó la propia institución frente a posibles casos de corrupción.
Michael Soto, actual director interino del OIJ, declaró desde 2024 que “vendrían más” arrestos de funcionarios del Poder Judicial, pero sostuvo que esos casos también evidenciaban un sistema de controles internos que “funcionan” para “detectar los posibles focos de corrupción que, lamentablemente, involucran a personas servidoras”.
Luego de que la presidenta Fernández aseguró que el crimen organizado se había metido “hasta los tuétanos” en el Poder Judicial, la Corte reconoció en un pronunciamiento público que se han identificado “casos puntuales”, pero rechazó que esas situaciones sean representativas de los más de 13.800 funcionarios que trabajan dentro de la institución. En contraste, cuando trascendió la investigación interna sobre los 116 policías de la Zona Sur, la mandataria afirmó que un “puñado” de policías no podía “ensuciar” la labor de los más de 20.000 oficiales mayormente “valientes y honorables”.
Más allá de esas valoraciones, distinguir entre casos puntuales y una corrupción sistémica es fundamental para dimensionar el problema.
Molina explicó que, desde la criminología, una diferencia está en la capacidad de respuesta de las propias instituciones. Mientras los controles consigan detectar las irregularidades, investigarlas y eventualmente desarticular las redes involucradas, todavía existen mecanismos capaces de contenerlas.
La situación cambia cuando la corrupción “ya está integrada en todo el funcionamiento de una institución” y los controles dejan de detectarla, actúan demasiado tarde o incluso las personas encargadas de aplicarlos dejan de estar comprometidas con esa tarea.
Para Molina, Costa Rica todavía conserva mecanismos capaces de detectar la corrupción, pero muestra señales de que el problema puede estar avanzando. “Costa Rica se encuentra en un punto bastante avanzado pero incipiente a la vez porque se está moviendo hacia lo sistémico”, explicó.
El caso de los 116 policías ilustra ambas caras. El informe fue elaborado por una dependencia del propio Ministerio de Seguridad Pública, una señal de que existían mecanismos capaces de detectar el problema. Sin embargo, según el actual ministro Gerald Campos, el documento había sido remitido desde el 14 de abril a quienes entonces ocupaban los cargos de viceministro y director de la Fuerza Pública, Erick Lacayo y Marlon Cubillo, sin que “se ordenara ninguna investigación ni se mandara al Ministerio Público”. Por ese motivo presentó una denuncia posterior ante la Fiscalía.
Para Molina, que estos casos salgan a la luz debe leerse precisamente en esas dos dimensiones. Por un lado, resulta positivo que las instituciones investiguen a sus propios funcionarios, porque demuestra que “todavía funciona el sistema”. Por otro, que los casos aparezcan de manera recurrente, alcancen distintas instituciones al mismo tiempo e involucren a funcionarios con acceso a información sensible también evidencia cuánto ha avanzado la capacidad de las organizaciones criminales para encontrar colaboradores dentro del Estado.
Por eso, la especialista advierte que los expedientes conocidos hasta ahora podrían ser apenas una parte del fenómeno.
“El síntoma más claro no son los casos que están saliendo a la luz, sino lo que probablemente no está saliendo”, señaló.
La captura de alias Diablo después de casi una década prófugo ejemplifica, según Molina, la dimensión de esa incógnita. Más allá de la supuesta colaboración policial que denunció el mismo sospechoso, la criminóloga cuestiona cómo pudo permanecer escondido tantos años en un país pequeño. “La pregunta que hay que hacerse no es si hay corrupción, es cuánta hay que no estamos viendo”, dijo. “¿Hasta dónde está comprometido el Estado costarricense?“
