EscucharLos tramos del impuesto sobre la renta cambiarían a partir del próximo 2025, con la aprobación de un proyecto de ley para reducir ese gravamen en favor de los trabajadores independientes.
Entre otros efectos, el plan subiría el mínimo exento en más de un 50%, pasándolo de ¢4,13 millones al año a ¢6,24 millones.
El proyecto fue aprobado el 23 de septiembre pasado en primer debate por la mayoría de los diputados en el Congreso, con excepción de los legisladores afines al gobierno del presidente Rodrigo Chaves. El Poder Ejecutivo ha rechazado férreamente los proyectos tendientes a reducir tributos cuando, estima, no se contemplan las medidas suficientes para compensar el impacto negativo que generan en las arcas estatales.
Según Jonathan Acuña, del Frente Amplio, la reforma busca hacer un poco más justo el sistema de impuestos costarricense, el cual es más duro con los trabajadores independientes que con los trabajadores asalariados. El proponente de la iniciativa recordó que estos últimos tienen ingresos mínimos exentos de ¢929.000 mensuales; es decir, ¢11,15 millones al año.
EF revisó los nuevos tramos de la reforma aprobada en primer debate y le explica de qué tamaño podrían ser los ahorros si tiene que pagar el gravamen.
Nuevos tramos
La enmienda a la Ley del Impuesto sobre la Renta (7.092) aprobada en primer debate subiría todos los escalones sobre los cuales pagan sus impuestos los trabajadores independientes en Costa Rica.
Además de aumentar el mínimo exento en más de ¢2 millones, la iniciativa también subiría los “escalones” a partir de los cuales se empiezan a pagar tasas mayores; del 15%, 20% y 25%.
El 15% se empezaría a pagar a partir de los ¢8,33 millones al año (¢695.000 al mes suponiendo que el trabajador tenga ingresos iguales cada 30 días), el 20% a partir de los ¢10,41 millones (¢867.000 al mes)y el 25% a partir de los ¢20,87 millones (¢1.739.000 al mes). Estas mismas tasas hoy se pagan sobre los ¢6,16 millones, los ¢10,28 millones y los ¢20,61 millones, respectivamente.
Inicialmente, el proyecto de ley del diputado Acuña pretendía compensar la caída en la recaudación de impuestos rebajando a solo ¢14,4 millones el escalón de ganancias para empezar a pagar un 25%, y también planteaba introducir una tarifa del 26% a partir de los ¢24 millones. Sin embargo, estas ideas se reformaron durante el trámite legislativo, a cargo de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Ejemplos
Estos cambios implican una reducción significativa en el pago de impuestos para cualquier persona con ingresos como trabajador independiente.
De entrada, los trabajadores con ganancias netas anuales de ¢6,24 millones (unos ¢520.000 mensuales suponiendo que el trabajador tenga ingresos iguales cada 30 días) no tendrían que pagar impuestos; mientras que, con la escala vigente, tendrían que tributar ¢215.700 al año.
Pero el eventual ahorro es mayor conforme suben los niveles de ingresos.
Si el trabajador registra ganancias netas anuales de más de ¢10 millones anuales (unos ¢833.000 mensuales), entonces el monto que dejaría de pagar al fisco es mayor a ¢300.000 al año en todos los casos.
Según la consultora Deloitte, sin embargo, la magnitud específica de cada caso varía y “deberá de analizarse de forma independiente, de acuerdo con las utilidades que obtenga cada contribuyente”.
Según Acuña, la diferencia en el tratamiento tributario entre trabajadores independientes y asalariados ha sido históricamente “muy desproporcionada”; sin embargo, su iniciativa ayudaría a “cerrar un poco esa brecha”, aunque no del todo.
El nuevo mínimo exento de los trabajadores independientes (de ¢6,24 millones anuales) seguiría siendo menor que el de los trabajadores asalariados; sin embargo, los primeros pueden registrar deducciones sobre sus ganancias brutas para pagar menos impuestos, a diferencia de los segundos.
Oposición oficialista
Más allá de la votación negativa por parte de los diputados afines al gobierno, el propio presidente Rodrigo Chaves podría oponerse a firmar el proyecto y convertirlo en Ley de la República, aún si se aprueba en segundo debate. Para ello, tendría que vetarlo.
En ese caso, la Asamblea Legislativa solo volver a aprobar el proyecto y apartarse de la decisión del Ejecutivo, resellando su decisión. Esto implicaría una votación positiva de al menos dos terceras partes del Congreso; es decir, al menos 38 de los 57 diputados que lo componen.
Evitar un resello de este tipo es un tarea difícil para la actual administración, aunque no imposible. El gobierno dispone de menos de 10 congresistas en la Asamblea y esto, en otras palabras, implica que deba negociar con diputados de otras fracciones o esperar que los mismos no se presenten a la sesión correspondiente para emitir su voto.
