Economía y Política

Restauranteros señalan objeciones a plan de comercio al aire libre en su recta final

El proyecto de ley 22.188 está listo para ser votado en primer debate y a la espera de ser convocado a las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo

La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) manifiesta que aunque apoyan el proyecto de ley 22.188, pues le daría un espacio adicional a los patentados para llevar a cabo sus actividades comerciales al aire libre y permitiría que el sector perciba ingresos adicionales, tienen tres preocupaciones puntuales sobre el mismo.

De acuerdo con el director ejecutivo de Cacore, Mauricio Rodríguez, las inquietudes giran en torno a los costos del permiso, falta de una mejor regulación para que los patentados solo usen “mobiliario móvil”, y un otorgamiento de gran poder a las municipalidades para determinar dónde sí se pueden usar los espacios públicos y dónde no.

La iniciativa de Ley de Comercio al Aire Libre ya camina hacia su recta final rumbo a ser votada en primer debate, solo está a la espera de ser convocada a las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.

Preocupaciones sobre la iniciativa

El proyecto 22.188 busca facultar a las municipalidades para autorizar a los patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de la actividad comercial y cultural en espacios públicos como aceras, calles, plazas y parques; por el plazo en que se otorgó la patente o licencia.

Los comerciantes que reciban la autorización de comercio al aire libre tendrán que pagar trimestralmente, ante la municipalidad respectiva, por ese derecho. El costo del permiso será establecido por cada ayuntamiento.

La iniciativa de ley dicta que ese monto no podrá superar el 50% del pago que realiza el establecimiento por su patente comercial. Ese porcentaje máximo genera preocupación entre los comerciantes.

“Nos preocupa muchísimo el abuso por parte de las municipalidades con el cobro. Hasta un 50% de la patente que estamos pagando actualmente nos parece abusivo (...) creemos que lo máximo que se debería de cobrar debería ser un 25% más del porcentaje que estemos obteniendo adicional”, comentó Rodríguez.

Otra de las inquietudes surge porque el texto menciona que serán las municipalidades las que establezcan cuáles tipologías de mobiliario urbano estarán permitidas, sin embargo, la Cámara expresa que debe ser el proyecto el que defina cuáles materiales se pueden colocar en los espacios públicos. Esto con el objetivo de que no existanm abusos por parte de los patentados, como por ejemplo, la instalación de refrigeradoras; sino que usen mobiliario que “realmente se pueda quitar y poner”.

“Hemos venido insistiendo en que en el proyecto hay suficientes consideraciones y limitaciones como para que en ningún caso se utilice mobiliario fijo, ni se pueda construir en espacios públicos ningún tipo de infraestructura permanente, que todo tenga que ser mobiliario, que pueda retirarse y que se utilice única y exclusivamente para extender el negocio, es decir, con la misma patente del negocio”, explicó a EF el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y uno de los proponentes del proyecto, Roberto Thompson.

La tercera preocupación de Cacore se da porque, según el proyecto de ley, cada gobierno local deberá fijar, en su reglamento, los criterios de utilización de espacios públicos, requisitos, y condiciones aptas para el cumplimiento de lo establecido en el expediente 22.188.

El texto de la iniciativa define que cada reglamento municipal identificará como mínimo los lineamientos de utilización del espacio, tipologías permitidas de mobiliario urbano, horarios de operación, máximos de ruido, estándares de iluminación y rotulación máxima de los comercios en resguardo del paisaje urbano.

Asimismo, el desarrollo de los criterios de utilización del área para distintas tipologías de espacios deberá incluir, al menos, parques, plazas, aceras, vías cantonales, vías nacionales —que siempre cuenten con la aprobación de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito— y causas de rescisión de la autorización.

“En el caso de las aceras, solo podrán ser otorgados permisos para la utilización del espacio que comprende el frente comercial”, dice el artículo 4 de la iniciativa de ley.

Por lo anterior, Rodríguez expresó que el proyecto dejaría en el “poder” de los ayuntamientos el tema de adónde sí se pueden usar los espacios públicos y adónde no; y eso es una preocupación porque “sabemos que a veces hay municipalidades que no son muy amigas con el desarrollo y con verse bonito el lugar”.

Adicionalmente, en esta iniciativa, los food trucks sí quedarían habilitados para operar bajo su concepción original, según Thompson; pero serán las municipalidades las que determinen cuáles espacios son aptos para este propósito.

El funcionario de Cacore dejó en claro que están en desacuerdo con esa habilitación porque no quieren que los food trucks se instalen cerca o al frente de uno de los negocios que representan y les haga una competencia desleal.

Avance en el Plenario

El proyecto de ley, que pretende incentivar y extender el comercio, el aprovechamiento del espacio público, la seguridad ciudadana y generar mayor actividad económica, fue dictaminado afirmativamente, el 3 de noviembre de 2020, en la comisión de Asuntos Económicos e ingresó al orden del día del Plenario el 26 de noviembre del mismo año.

En el periodo de sesiones ordinarias han logrado avanzar en el conocimiento de los dos días de mociones 137. Las discusiones se dieron, básicamente, con el diputado liberacionista, Carlos Benavides, en torno a la tipificación de cuáles materiales se pueden colocar en los espacios públicos (misma inquietud de Cacore).

Los tres proponentes de la iniciativa: Thompson, Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y la diputada independiente, Paola Vega, han estado en conversaciones con Benavides para buscar una redacción que permita que todos se sientan “un poco más cómodos”, plantear una moción en el periodo de reiteraciones y “ojalá votarlo”.

“(Para ser votado en primer debate) ocuparía un lugar prioritario en la agenda del Plenario y yo creo que ya hay un acuerdo de las mociones que fueron reiteradas, algunas pueden ser aprobadas, de manera que ya con eso blindemos el proyecto (...) Si hay voluntad del Poder Ejecutivo yo creo que nosotros podríamos estar votando la próxima semana (del 13 de diciembre al 16 de diciembre) esta iniciativa en los dos debates”, manifestó Thompson.

La intención de votar el proyecto en diciembre es que los negocios aprovechen la temporada navideña para sacar sus mesas y sillas, por ejemplo, a los espacios públicos; permitiéndole a las personas apoyar la reactivación del comercio, uno de los sectores más golpeados por la pandemia de la COVID-19.

Mónica Cerdas

Mónica Cerdas

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduada de la carrera de Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica.