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En medio de gran escepticismo de expertos en comercio exterior, el Gobierno pretende sortear las críticas que ha recibido el país de parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por su sistema de fijación de precios del arroz, con un decreto que cambie la terminología regulatoria.
La norma, la cual se hará pública el lunes de esta semana para consulta general, establecerá que el precio por el cual el industrial compra al arrocero será un precio “de referencia” y ya no un precio “fijo”, informó el ministro de Economía, Welmer Ramos.
A criterio del jerarca, el decreto propuesto es suficiente para solucionar las diferencias con la organización.
“Lo que pasó con la OMC es que se les informó mal. Se les dijo que en el país regía un precio fijo, pero vamos a establecer que rige un precio de referencia ”, explicó.
El anuncio de esta medida lo hizo el funcionario el mismo día en que dio a conocer la entrada en vigencia de una barrera arancelaria del 62% al arroz pilado para proteger a la industria local.
Sin embargo, para exfuncionarios encargados de lidiar con las quejas de la OMC en el pasado por la fijación de tales precios, la medida propuesta por la actual administración carece de sentido y no evitará problemas ante la esa organización.
Fernando Ocampo, viceministro de Comercio Exterior del gobierno pasado, catalogó tal medida como un “disparate”.
“Uno no puede, con cambiar un nombre, cambiar la realidad. Esto no sirve de nada. En la OMC no se están chupando el dedo”, sostuvo Ocampo.
Según el funcionario, para cumplir con lo requerido por la organización, hay que liberar el precio del arroz , y si se quiere poner un precio de referencia, este debe fjarlo un órgano no gubernamental.
Mayi Antillón, ministra de Economía en tiempos de Laura Chinchilla, coincidió con Ocampo. “Si la referencia la pone el Gobierno sigue habiendo una fijación de precios.”, dijo.
Para la OMC, el sistema de fijación de precio del grano del país es un subsidio que genera una distorsión del comercio en el sector arrocero.
En dos ocasiones se ha prorrogado la eliminación del sistema de precios por acuerdos entre los arroceros y el Poder Ejecutivo, lo cual expone al país a una denuncia ante la OMC.
El conflicto
Junto a las críticas de la OMC por la vigente fijación de precios del arroz , se alinean cuatro estudios independientes publicados entre el 2013 y 2014 . Estos critican que la política arrocera del país, caracterizada por altos impuestos a la importación del cereal y precios fijados por ley, tiene un impacto negativo sobre los consumidores nacionales, especialmente entre los más pobres.
Las prórrogas para la eliminación del sistema actual de fijación de precios del arroz se acordaron en el gobierno de Laura Chinchilla el 20 de diciembre del 2013 y la segunda el 11 de enero del 2014.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) reconoció en el 2014 que el acuerdo con los arroceros para prorrogar por un año la fijación del precio, expone al país, de nuevo, a una eventual denuncia en la OMC.
Los acuerdos se dieron luego de las amenazas de los arroceros de traer a la capital cosechadoras y camiones para protestar.
El grupo Consumidores de Costa Rica ha demandado ante el Poder Judicial la liberalización inmediata del precio del arroz.
