EscucharEl Gobierno de la República al fin comunicó sus intenciones en relación con las frecuencias de radio y televisión, cuyas concesiones actuales vencían el 28 de junio anterior. A solo dos días de esa fecha fatal, el Poder Ejecutivo anunció que amplió los permisos actuales 15 meses por decreto y que instruyó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que realice un concurso público de cara a la nueva fecha de vencimiento.
Además de estas dos medidas, el Gobierno comunicó que también promoverá un cambio legal para que los concesionarios de radio y televisión tengan que pagar más por las frecuencias. Los cobros actuales, tal como alegan las autoridades, son excesivamente bajos y están desactualizados desde hace más de medio siglo.
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A pesar de ser un asunto técnico, un concurso público como el ordenado por el Gobierno también tiene implicaciones económicas y políticas.
En el plano económico y de negocio, las frecuencias tienen un valor primordial para las marcas de televisión y de radio, pero ahora quedarían en una disputa inédita.
En el plano político, la decisión de abrir el espectro a concurso proviene de un gobierno cuyo máximo representante, el presidente Rodrigo Chaves, mantiene una dinámica de alta confrontación y desprestigio en contra de los medios de comunicación tradicionales, y que en campaña electoral incluso planteó, en sus propias palabras, “causar la destrucción de las estructuras corruptas” de Televisora de Costa Rica (Teletica) y del periódico La Nación (parte de Grupo Nación, al igual que este medio).
La propuesta
El concurso por las frecuencias de radio y televisión sería el primero de su tipo que se realice en la historia de Costa Rica.
Según explicó la ministra Paula Bogantes, del Micitt, los estudios de necesidad y factibilidad realizados por la Sutel demostraron que existe suficiente interés en el mercado por las frecuencias, motivo por el cual se consideró pertinente solicitar la apertura del concurso.
A través de un proceso de consulta pública, Sutel logró determinar que el potencial interés de demanda es “significativamente superior” a la disponibilidad de frecuencias en el sector de frecuencia modulada (radio FM) y “ligeramente superior” en el sector televisivo. Únicamente se estimó una relación “significativamente inferior” entre demanda y disponibilidad de frecuencias en el segmento de amplitud modulada (radio AM).
Por disposición legal, las concesiones de radio y televisión tienen un plazo máximo de 25 años. Vencido ese período, le corresponde a las autoridades decidir si las renuevan automáticamente vía decreto o si abren espacio a un nuevo concurso. Hasta este año la tradición había sido optar por las renovaciones administrativas; sin embargo, el Ejecutivo ahora plantea la competencia.
“Lo que estamos firmando hoy“ es diciéndole a la Sutel: ‘Saque a subasta, a licitación, a concurso o la palabra que usted quiera usar, para que cualquiera pueda decir: ‘Pa’ mí eso vale tanto’ en una puja de precios”, describió el presidente Chaves, en conferencia de prensa.
Por otra parte, la ministra Bogantes añadió que el Gobierno de la República también presentará un proyecto de ley, en paralelo, para intentar aumentar los cánones que se cobran a las empresas del sector por el uso de las frecuencias.
Esos montos actualmente no superan los ¢120.000 anuales, en el caso televisivo, y son calificados como “ridículos” y hasta “ofensivos” por parte del presidente Chaves. Según explicó la ministra Bogantes, la propuesta del Gobierno sería pasar a cobrar entre un 3% y un 4% sobre las ganancias de las emisoras de radio, y hasta un 7,48% sobre las utilidades de las empresas de televisión.
Para modificar la ley, sin embargo, el Ejecutivo tendría que negociar y llegar a puntos de encuentro con los diputados en la Asamblea Legislativa, en donde algunos legisladores de oposición ya han impulsado otro proyecto para subir a solo ¢3,6 millones los montos anuales que pagan los concesionarios de televisión y a montos aún menores el cobro a los operadores radiales. Esa propuesta desagrada al Gobierno, que cuestiona el bajo impacto que tendría esa modificación para las empresas más grandes y el alto costo que, por el contrario, representaría para las más pequeñas empresas.
“Para una empresa grande no significa nada”, aseguró la ministra Bogantes. “En cambio, para empresas pequeñas, puede representar el 75% de sus ingresos”, subrayó.
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Efecto económico
A partir de la orden del Poder Ejecutivo, Sutel tendrá que aplicar las normas establecidas en el tercer capítulo de la Ley General de Telecomunicaciones (8.642), según explicó el Poder Ejecutivo en su acuerdo publicado al respecto en el diario oficial La Gaceta el pasado 26 de junio. Esto nunca se ha hecho en el caso del espectro de radio y televisión.
La Superintendencia primero tendría que establecer un cartel en el que indique las condiciones para la recepción de ofertas (fecha, hora y lugar) para cada frecuencia, así como los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán en la calificación de las mismas. Posteriormente, tendría que seleccionar al concesionario más adecuado con base en las reglas del cartel y remitir al Poder Ejecutivo su dictamen sobre la adjudicación.
El Poder Ejecutivo, por otra parte, podrá desestimar las ofertas cuando considere que no se ajustan al cartel o cuando evalúe que van en contra de las metas y los objetivos de los planes reguladores en la materia, o de convenios internacionales suscritos por el país.
Todo este proceso sería independiente de la actualización de tarifas, cuyas discusiones y diferencias entre diputados y gobierno se tendrían que dirimir en el Congreso.
Toda esta situación pone a los actuales concesionarios de radio y televisión en un escenario complejo y desconocido para ellos: podrían perder o ganar sus canales o emisoras, a partir de los criterios que se fijen en el concurso, con las implicaciones económicas y de negocio del caso.
¿Cuáles son esas implicaciones, puntualmente?
Para las marcas de radio y televisión mejor posicionadas, representa una amenaza. Para los medios en condiciones de crecer, una oportunidad para ganar exposición.
Según Ronney Zamora, docente de Administración de Negocios de la Universidad Fidélitas, en este proceso confluyen intereses comerciales, de audiencia y de marca.
“Si bien es cierto que cada empresa tiene una marca posicionada con un canal específico, todas van a tener que competir y hacer su mejor esfuerzo para completar los requisitos del nuevo concurso y tratar de ganarlo con la misma frecuencia que ha tenido históricamente”, explicó. “Si no cumplen con los requerimientos y otro grupo obtiene dicha frecuencia, no significa que perderán su marca; pero tendrán que competir por otra frecuencia que esté disponible y adaptarse; lo cual implica tener que invertir y hacer un intenso proceso de comunicación en todas las vías necesarias para jalar su audiencia”, remarcó.
¿Y qué dicen los principales representantes del sector sobre la propuesta de concurso y de nuevas tarifas? Prima la cautela.
Consultado por EF, el director legal de Televisora de Costa Rica, Román Fallas, declaró que la realización de un concurso público para la reasignación de las frecuencias de radio y televisión “es una decisión y potestad del Poder Ejecutivo”; sin embargo, añadió que “deben resolverse las solicitudes de prórrogas presentadas ante el Micitt desde diciembre de 2022″. Sobre los eventuales efectos de los planes presentados por el Ejecutivo en el negocio de la compañía, la principal televisora del país señaló que aún no cuenta con la información suficiente para emitir un criterio.
EF también consultó a Fernando Contreras, presidente de Repretel en Costa Rica; sin embargo, no fue posible obtener su respuesta hasta el cierre de esta edición.
La Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), por otra parte, ha sido más vehemente en su oposición a las intenciones del Ejecutivo. A través de un comunicado de prensa emitido este 27 de junio, la entidad aseguró considerar que el Gobierno “no puede desviar situaciones jurídicas consolidadas con ocurrencias de concursos” y que “no tienen en este momento la base administrativa respectiva”. “En su ocasión”, añadió, “estaremos atendiendo los pormenores y demás cuestiones devenidas”.
Sobre los planes para aumentar las tarifas por el uso de las frecuencias, Canara sostiene que “no tienen relación directa con el tema de la renovación”.
Implicaciones políticas
El concurso ordenado por el Gobierno, sin embargo, no solamente tiene implicaciones técnicas y económicas. También tiene derivaciones políticas.
El presidente Chaves suele recriminar a los medios de comunicación más grandes del país que no pagan lo suficiente por usar las frecuencias del Estado, en el caso de los sectores radial y televisivo, y también acusa a varios de ellos de formar parte de una “casta empresarial” contraria a los intereses de la mayoría de la población.
Para el politólogo Ronald Alfaro, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), la extensión de los permisos actuales por 15 meses y la apertura de un proceso de concurso público permitirán al mandatario mantener y hasta aumentar esa tensión en los próximos meses.
“Ese factor agrega más tensión a la relación y ese escenario es un escenario que de alguna forma es deseable para el Gobierno, no así para los medios. Es un eslabón más en una larga cadena de tensión, que seguramente se va a agudizar”, observó.
Chaves suele referirse a medios puntuales en sus conferencias de prensa. Por ejemplo, el mismo 26 de junio hizo mención directa de Teletica, su director de noticias, su presidente y su fundador, en tono acusatorio, durante el acto en el que presentó su orden de someter las frecuencias a concurso.
“Desde 1954, Ignacio Santos, don René Picado Cozza y el papá de don René Picado Cozza le han pagado a los costarricenses ¢10.000 por mes, sin concurso; entonces este Gobierno hace que no se les apague la señal y le dice a Sutel que tienen 15 meses para sacar esa licitación, esa subasta, y que gane el mejor”, aseguró el mandatario. “¿Usted no cree que Monumental, Columbia, canal 7 y Repretel puedan pagar un poquito más?”, añadió solo unos minutos más tarde.
En campaña electoral, Chaves incluso habló sobre “causar la destrucción de las estructuras corruptas” de Televisora de Costa Rica y el periódico La Nación. Usó esas palabras luego de que esos dos y otros medios de comunicación informaron sobre el proceso disciplinario que había abierto en su contra el Banco Mundial, por una dinámica de comportamientos inadecuados en contra de otras funcionarias de la institución internacional.
Ya en el Gobierno no volvió a utilizar palabras similares. Sin embargo, han sido constantes sus descalificaciones y comentarios despectivos en relación con la cobertura periodística de medios críticos (escritos, radiales y televisivos), y su gobierno se ha visto envuelto en polémicas por cuestiones como el cierre declarado inconstitucional del Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, o el supuesto uso sin sustento técnico de la pauta publicitaria estatal en favor de algunos medios y detrimento de otros.
El mandatario incluso es investigado por ambas cuestiones en el Ministerio Público, a través de las causas 22-000049-0033-PE y 23-000204-1218-PE.
Riesgo u oportunidad
Giselle Boza, abogada, comunicadora y coordinadora del Programa Libertad de Expresión y Estado de Derecho (Proledi) de la UCR, destacó que un proceso de concurso como el planteado ciertamente abre oportunidades para avanzar en una regulación de las concesiones que sea más clara y por una distribución y uso de las frecuencias que propicie más el pluralismo y la diversidad en la oferta radial y televisiva.
Sin embargo, calificó como “preocupante” que el proceso lo lleve adelante un gobierno como el actual, “sin claridad sobre cuestiones como la democratización del espectro” y que más bien “ha querido sancionar y restringir el libre ejercicio de la libertad de expresión, a unos medios sí y a otros no”.
“Nos preocupa que se convierta en un mecanismo de restricción, de censura, de castigo a medios que tengan una línea editorial crítica del Gobierno y que se quiera facilitar el acceso a frecuencias del espectro radioeléctrico a medios amigos, complacientes con la administración”, explicó Boza. “Por eso consideramos que es necesario establecer un marco normativo y una política pública que establezca muy claramente los criterios de asignación y que limite al Poder Ejecutivo para que utilice frecuencias del espectro radioeléctrico para beneficiar a unos y perjudicar a otros”, añadió en la misma dirección.
Con las reglas actuales, a pesar de que el concurso por las frecuencias lo tendría que desarrollar la Sutel, el Gobierno tendría injerencia. Así lo recordó el propio Ejecutivo a la Superintendencia en su acuerdo publicado sobre el trámite en el diario oficial La Gaceta. La Sutel, señaló la administración, deberá “aplicar los lineamientos que sobre el concurso emita y comunique a la Ministra Rectora del Sector Telecomunicaciones”.
El proceso además se realizará en pleno año preelectoral y, según el politólogo Alfaro, es poco probable que haya repercusiones directas sobre la campaña de 2026, por existir un período de cinco meses entre el vencimiento de las prórrogas otorgadas y las elecciones presidenciales. Sin embargo, en los meses previos se podría abrir un espacio para el conflicto, la polarización y hasta la presión directa o indirecta sobre las empresas de comunicación que buscan las frecuencias. “Esos intereses van a estar ahí planteados”, aventuró.
Esto solo agrega peso a un proceso que técnicamente ya es complejo, según Boza, pues la legislación actual sobre el asunto es vieja, con dudas y lagunas jurídicas múltiples sobre los procesos de asignación, los plazos de las autorizaciones, los requerimientos que se pueden pedir a los aspirantes por las concesiones y otras cuestiones procedimentales.
