El debate sobre la generación distribuida en Costa Rica se alarga y, esta vez, un nuevo episodio lo protagonizan el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y empresas del sector agrupadas en la Cámara Costarricense de Generación Distribuida (CGD).

El pulso se da a raíz del proyecto de ley 22.009, denominado Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de fuentes renovables, que inició el trámite legislativo en junio del año anterior y es impulsado por la liberacionista Paola Valladares, el socialcristiano Erwen Masís y la diputada de Restauración Nacional (PRN) Mileidy Alvarado.

La generación distribuida se refiere a la posibilidad de que una persona o empresa implementen sistemas de producción de electricidad por medio de fuentes renovables para el autoconsumo.

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A mediados de setiembre, el ICE manifestó su oposición a algunos artículos de dicho proyecto, pues considera que provocaría “impactos negativos” para los consumidores y para el Sistema Eléctrico Nacional en general.

La institución argumentó que el proyecto actual va más allá de la promoción del autoconsumo y abre la puerta a la venta de excedentes. También aseguró que el texto modifica parcialmente las áreas geográficas de concesión de cada empresa distribuidora de electricidad, pues las faculta a adquirir usuarios fuera de sus respectivas jurisdicciones.

El artículo 23 del texto autoriza a las distribuidoras a la compra de excedentes energía eléctrica, la cual “no podrá ser discriminatoria para ningún abonado”.

El ICE también cuestionó la exoneración de impuestos, tasas, aranceles y derechos de importación a los equipos destinados o relacionados con la inversión en la generación distribuida con fuentes renovables, como se establece en el artículo 24.

Dicha exoneración, que regiría los primeros 10 años desde la publicación de la ley para luego irse ajustando de acuerdo con las tasas vigentes, “podría provocar fallas y afectar la calidad y continuidad del servicio, al facilitar un desarrollo desordenado de los sistemas”, según el Instituto.

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Los argumentos del ICE chocan con la posición que mantiene la CGD.

La Cámara acusa al ICE de obstruir la modernización del sistema eléctrico y, más bien, asegura que el país requiere con urgencia repensar el nuevo modelo solidario del Siglo XXI.

“La situación actual del sector eléctrico es insostenible. La construcción de iniciativas han ido de la mano del diálogo y la negociación entre todos los actores del sector energía”, manifestó William Villalobos, director ejecutivo de la CGD.

Villalobos refutó los argumentos del ICE, pues afirmó no hay artículo alguno que habilite a las empresas eléctricas a vender electricidad fuera de su zona de concesión, y que el proyecto otorga a diversas instituciones la obligación de establecer condiciones técnicas y de seguridad.

Traspiés

El proyecto de ley 22.009 cuenta con el apoyo de la mayoría de fracciones en la Asamblea Legislativa, pero enfrenta la férrea oposición del Frente Amplio (FA) y de la diputada –ahora independiente– Paola Vega.

El texto está en proceso para recibir el primer debate, pero las mociones presentadas esta semana lo mantienen sin avance significativo.

Desde la CGD celebraron el apoyo de la mayoría de agrupaciones al proyecto que, según su criterio, podría traer un alivio en los bolsillos de los costarricenses ante el alto costo de las tarifas eléctricas.

No obstante, reclamaron que existe un obstruccionismo sobre temas “superados y ampliamente discutidos”.

Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos –actual candidato presidencial– han externado su respaldo al proyecto de ley pero le han solicitado al presidente Carlos Alvarado no firmar el nuevo reglamento del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que está listo y a la espera de la rúbrica.

El rechazo al reglamento se basa en el argumento de que pondría en peligro el modelo solidario, según Ramos.

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La generación distribuida se rige actualmente en el país por medio de un reglamento que está en vigencia desde el 2015.

Un nuevo reglamento se redactó durante el 2020 y está listo para recibir la firma de la ministra de Ambiente y del Presidente de la República, lo cual todavía no se ha concretado.

Según las estadísticas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), ente encargado de llevar los datos oficiales, para el 29 de julio de este año existían en el país 2.338 sistemas de generación distribuida para autoconsumo.

Para el 21 de setiembre del 2020, la institución contabilizaba 2.007 sistemas, lo cual refleja un crecimiento del 16,5% en casi un año.

Se intentó conocer la posición de los diputados José María Villalta y Paola Vega, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.