EscucharSe suponía que el fin del apartheid sería un comienzo. Judith Sikade se imaginaba escapando de las áreas reservadas donde el gobierno había obligado a los negros a vivir. Su meta era encontrar trabajo en Ciudad del Cabo y cambiar su casucha por una casa con servicios modernos.
Más de dos décadas después, Sikade, de 69 años, vive en el lodo lleno de basura del área reservada de Crossroads, donde miles de familias negras han usado tablones astillados y láminas de metal para construir cuchitriles sin ventilación por falta de otro lugar donde vivir.
“He ido de una casucha a otra”, dice Sikade. “Seguimos viviendo en el apartheid ”.
En la historia de los derechos civiles, Sudáfrica reclama un logro trascendental: el fin del apartheid y la construcción de una democracia. Sin embargo, para los negros de Sudáfrica, que constituyen tres cuartas partes de este país de aproximadamente 55 millones de habitantes, la liberación política aún debe traducirse en logros materiales más amplios.
Básicamente, el apartheid persiste en términos económicos.
Esta realidad es palpable ahora que la agitación política atrapa a Sudáfrica. Manifestantes enojados exigen la destitución del presidente Jacob Zuma por la divulgación de actos de corrupción a tan alto nivel que a menudo se describen como una captura del Estado, con intereses privados que han comprado eficazmente el poder para desviar los recursos estatales hacia ellos. La economía está cayendo en una recesión, empeorando una tasa oficial de desempleo que llega casi al 28 por ciento.
Al enojo le subyacen arraigadas disparidades en la riqueza. Tras el apartheid , el gobierno dejó las tierras y otros activos mayoritariamente en manos de una élite predominantemente blanca. La resistencia del gobierno a transferencias de la tierra a gran escala reflejó su reticencia a inquietar a los inversionistas internacionales.
Hoy en día, millones de sudafricanos negros están crónicamente cortos del capital necesario para comenzar un negocio. Menos de la mitad de la población en edad laboral está oficialmente empleada.
El partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano, construyó imperios de nuevas casas para los sudafricanos negros, pero los concentró en las áreas reservadas, reiterando las estructuras geográficas del apartheid . Grandes sectores de la población negra siguen sumidos en la miseria, en tierras que no poseen legalmente.
“Nunca desmantelamos el apartheid ”, dijo Ayabonga Cawe, execonomista de Oxfam, la organización internacional para el combate a la pobreza, y ahora presentador de un programa de radio que examina asuntos nacionales.
En la era posterior al apartheid , Sudáfrica debía diseñar de nuevo una economía dominada por la minería y expandirse con industrias modernas como el turismo y la agricultura, superando el legado de explotación colonial, opresión racial y aislamiento global: los resultados de décadas de sanciones internacionales.
Aun así, de 1998 a 2008, la economía creció cerca de un 3,5% anual, duplicando el tamaño de la clase media negra. El gobierno construyó millones de casas, amplió el alcance del agua potable y la electricidad, además de entregar subvenciones en efectivo a millones de pobres.
Sin embargo, la crisis financiera mundial de 2008 asoló a Sudáfrica, echando por tierra la demanda de los depósitos minerales centrales para su economía. Desapareció la mitad de los cerca de dos millones de nuevos empleos que se habían creado en los cuatro años anteriores.
Sin tierra, sin aval
Mientras crecía en un área reservada cerca de Durban, en la costa este de Sudáfrica, Siyabonga Mzulwini depositó su fe en el poder transformador de la educación.
Durante el apartheid , la educación para los negros había sido un compromiso con la pobreza permanente. El sistema educativo bantú había sido configurado para producir en masa grandes cantidades de trabajadores negros poco calificados y con salarios bajos para alimentar las operaciones mineras.
Hace cuatro años, Mzulwini, de 28 años, se graduó de una universidad técnica como administrador de empresas.
Sus solicitudes de trabajo no obtenían respuesta. Así que él y tres socios registraron su propia empresa, con la esperanza de conseguir algún contrato gubernamental de los reservados para empresas propiedad de negros.
Sin embargo, cuando solicitaron préstamos, los bancos los rechazaron. No tenían aval.
El 10% de todos los sudafricanos (la mayoría de ese porcentaje son blancos) posee más del 90% de la riqueza nacional, de acuerdo con un trabajo de investigación realizado por Anna Orthofer, una estudiante de posgrado en la Universidad Stellenbosch. Casi el 80% de la población (predominantemente negra) no posee nada.
Esto fue tanto el producto del colonialismo como el precio negociado para terminar con el apartheid sin una guerra civil. Para lograr que el Partido Nacional consintiera las elecciones, el Congreso Nacional Africano renunció a que se transfirieran a los negros tierras en control de los blancos.
Una vez en el poder, los funcionarios del Congreso Nacional Africano no quisieron seguir políticas que los inversionistas internacionales pudieran considerar radicales, pues se podría dañar la calificación crediticia de Sudáfrica.
El nuevo gobierno enfrentó grandes déficits de presupuesto, junto con una demanda extraordinaria de vivienda y electricidad. Construir requería de préstamos por parte de inversionistas internacionales. La transferencia de la tierra podía asustar a los mercados, lo cual ponía en peligro los planes del gobierno.
El gobierno satisfizo a los mercados internacionales y llenó las áreas reservadas de construcciones. Sin embargo, este enfoque trajo consigo un costo, uno que Mzulwini y sus socios estaban pagando.
Cuando comenzaron su negocio, estaban operando con los mismos activos que sus padres habían tenido durante el apartheid : nada.
“El sistema no funciona”, dijo Mzulwini.
Resulta que el sistema funciona, pero a menudo para beneficio de quienes lo dirigen.
Personas como Marcus Moloeli.
A los 38 años, Moloeli vive en una comunidad cerrada ubicada en la cima de cerros cubiertos de vegetación selvática al norte de Durban, en el océano Índico. Su casa de dos pisos presume baños relucientes, un par de lugares donde estaciona dos Mercedes y un Audi, más un carrito de golf que maneja hacia el club campestre en el centro del complejo.
Una tarde reciente, reflexionaba sobre cómo un hombre negro nacido en la era del apartheid en Sudáfrica había terminado aquí.
En la escuela de su área reservada, diez niños compartían un solo libro de texto. Durante la preparatoria consiguió ingresar a una escuela técnica exclusiva para gente de la India. Después de graduarse, empacaba abarrotes, luego se mudó a Johannesburgo y tomó un trabajo en el que entregaba muebles antiguos. Se postuló como voluntario para una liga juvenil administrada por el Gobierno. En su momento, esa actividad se convirtió en un puesto en Zuma, que consistía en supervisar los asuntos de la juventud.
Hace dos años, comenzó su propio negocio de consultoría. Asegura contratos de gobiernos locales, aconsejándoles cómo gestionar su infraestructura. Pronto se hizo rico.
El total de negros, asiáticos y mestizos millonarios en Sudáfrica se amplió a 17.300 en 2015 de los 6.200 que había en 2007, de acuerdo con New World Wealth, una empresa de consultoría con sede en Johannesburgo. Lo que muchas de estas personas tienen en común son vínculos lucrativos con el gobierno.
Hace cuatro años, Andile Lili, que entonces era un miembro del Consejo Ciudadano de Ciudad del Cabo de 37 años de edad, comenzó a oír sobre votantes insatisfechos en un precario asentamiento enclavado en un basurero cerca del aeropuerto, con el nombre inverosímil de Barcelona.
Las autoridades locales habían construido baños públicos que se vaciaban en grandes contenedores blancos y le entregaron la responsabilidad de la recolección a una empresa privada. Supuestamente, la empresa engañó a los trabajadores, quienes se fueron a huelga. A lo largo de los caminos de lodo de Barcelona, los desechos humanos formaban charcos. El hedor era insoportable.
Estas circunstancias se derivaban de una decisión económica tomada en los primeros años de la era posapartheid .
De cara al imperativo de convertir el empoderamiento político de los negros en ganancias materiales, algunos dentro del Congreso Nacional Africano pidieron que las áreas reservadas se desmantelaran mientras se reasentaba a la gente cerca de las ciudades. Era mejor construir viviendas conectadas al transporte, y así acercar a la gente a los empleos.
Sin embargo, Nelson Mandela, como presidente, argumentó que Sudáfrica no podía esperar a que estuvieran listos esos desarrollos inmobiliarios. Escogió mejorar las casas existentes mientras expandía las áreas reservadas mediante la compra de tierra.
De 1994 a 2004, el gobierno construyó cerca de dos millones de casas nuevas en áreas reservadas y asentamientos informales.
“Básicamente, agravamos los problemas del apartheid comprando todas estas tierras baratas tan lejos de la ciudad como fuera posible”, dijo Alan Hirsch, un funcionario sénior del Departamento de Comercio e Industria durante el gobierno de Mandela, y ahora director de la Escuela de Posgrado de Práctica y Política del Desarrollo en la Universidad de Ciudad del Cabo.
Hoy en día, en Barcelona, llega un contratista a vaciar los contenedores cada tres días, pero ese sistema primitivo sigue siendo un aspecto central de la vida diaria.
Por su parte, una residente del precario Barcelona, Nombulelo Sakwe, de 38 años y madre de cuatro, nunca ha logrado asegurar un trabajo de tiempo completo, pero trabaja dos días a la semana como ayudante doméstica para una familia blanca en Ciudad del Cabo, por lo que gana 220 rands al día, o cerca de $16. Llegar a su trabajo y regresar en autobús privado absorbe más de la mitad de su paga.
Sus tres hijas mayores están en preparatoria, y espera que su vida termine siendo diferente.
Sin embargo, “aún queremos ver esa libertad”, dijo.
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