Un paciente que requiere comprar una pastilla analgésica de Dolo Neurobión N puede pagar entre ¢264 y ¢495 por cada tableta. Sin embargo, los detallistas compraron ese mismo medicamento en un rango que va desde los ¢236 hasta los ¢258.

¿Cómo es que una farmacia gana un 5% sobre el precio de un producto y otra cobra un margen de hasta 124% por exactamente la misma píldora?

Para responder esta pregunta hay varios aspectos que se deben considerar. Costa Rica cuenta con un sistema de salud pública que ofrece cobertura a más del 90% de la población, pero paralelamente coexiste un mercado de medicamentos privados que mueve cerca de $550 millones cada año.

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Las cifras se desprenden del más reciente Estudio del mercado privado de medicamentos a nivel detallista en Costa Rica, publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el 14 de junio del 2019.

En este mercado que opera en libre competencia existen varios fallos. Por ejemplo, hay laboratorios que tienen droguerías (distribuidoras) y estas, a su vez, operan farmacias. Esta cadena de integración vertical ayuda a reducir costos y, por ende, les permite ofrecer precios más bajos.

También se reportan farmacias de cadenas que compran grandes cantidades de productos. Ya que en algunos casos cuentan con contratos de exclusividad, pueden tener costos más bajos y sacar ventaja competitiva frente a otros distribuidores detallistas independientes.

Por esas razones, se barajan dos proyectos de ley y un decreto ejecutivo que pretenden poner en marcha una serie de medidas para reducir el precio de los medicamentos y generar mayores controles. Las propuestas, sin embargo, no fueron bien recibidas entre las casas farmacéuticas, los laboratorios y los mismos profesionales en medicina.

Tres caminos

El primer proyecto de ley fue presentado el 23 de mayo de 2018 por Walter Muñoz, médico y diputado del Partido Integración Nacional (PIN), con el objetivo de establecer límites a los márgenes de utilidad que cobran los importadores y farmacias por la venta de medicinas.

La iniciativa que llegó nuevamente a Cuesta de Moras ya había sido impulsada en el año 2000 por el mismo legislador, pero la negativa del entonces presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, provocó que la idea de regular precios no fructificara. Así lo rememoró Muñoz en entrevista con EF.

Welmer Ramos, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien cuenta con las firmas de otros 22 congresistas, el 29 de abril de 2019 presentó otro proyecto de ley para regular el mercado de los medicamentos. El texto crea una serie de prohibiciones y busca establecer mecanismos de control para limitar prácticas monopolísticas.

Estas dos propuestas se encuentran en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Según Roberto Thompson, presidente de este foro, iniciarán un proceso de audiencias y discusión para unificarlos en un nuevo texto sustitutivo que avance al plenario.

A esta comisión asistirán representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) –principal comprador de medicinas del país–, el Ministerio de Salud, el MEIC y la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), entre otros actores interesados.

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La tercera alternativa para reducir el precio de los fármacos se gestó en el seno del Poder Ejecutivo; se trata de un decreto que busca obligar a los médicos, odontólogos y obstetras a emitir recetas con el nombre genérico de un medicamento y no con la marca específica, como ocurre en la actualidad.

La idea es que las farmacias ofrezcan a los consumidores las diferentes opciones de un mismo medicamento, lo que abre la posibilidad de acceder a un mayor rango de precios.

El Ministerio de Salud, proponente del decreto, estima que con esta modificación se podría conseguir una rebaja de entre 25% y 50% en los precios de los fármacos en el país.

Este plan fue objetado por el Colegio de Médicos y por el Colegio de Farmacéuticos, aunque sí pondría en marcha una de las recomendaciones del estudio publicado por el MEIC.

Ajustes recomendados

El informe analizó un total de 64 farmacias (41 independientes y 23 de cadena); la cifra es una muestra representativa de los 1.167 comercios de este tipo que estaban registrados en el país al 2017.

La medición, que tiene un nivel de confianza de 90% y un margen de error del 10%, develó una serie de ajustes que, a criterio de los investigadores del MEIC, deberían ponerse en marcha en el mercado de los medicamentos.

Uno de los cambios es abrir la posibilidad de que se hagan importaciones paralelas de productos como una medida para combatir los contratos exclusivos.

Al igual que lo hace el proyecto de Ramos, el estudio plantea una sistema de regulación para la publicidad de medicamentos –sobre todo la comparativa– porque considera que induce la demanda.

También propone que los productos incluyan un etiquetado que facilite al consumidor conocer si el medicamento es bioequivalente con otras marcas.

En la investigación se evaluaron los precios de una canasta de 20 medicamentos sobre los cuales se encontró información suficiente de costos, gastos y otros detalles técnicos.

El análisis mostró que cuando se contemplaron otros fármacos alternativos a los de la canasta seleccionada, se encontraron precios más bajos. Esto quiere decir que el mercado tiene opciones para disminuir lo que pagan los consumidores en la actualidad.