El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó la solicitud ciudadana de recolección de firmas para convocar a un referéndum sobre el texto sustitutivo del proyecto Ley Jaguar para el Impulso del Desarrollo de Costa Rica. Así consta en la resolución n° 8399-E9-2024.
El TSE tomó la decisión luego de que la Sala Constitucional señaló vicios de constitucionalidad en la segunda versión del proyecto de ley.
LEA MÁS: El proyecto de ‘Ley Jaguar’, la propuesta de Chaves para un referéndum, choca con la Constitución
La decisión de los magistrados se fundamentó en los insumos técnicos que aportó la Sala Consitucional y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Las razones son:
- Son normas aisladas que pretenden reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y que no cumplen con la “precisa unidad temática” que indica la exposición de motivos. Son disonantes la exposición de motivos, el título de la iniciativa y su contenido, y eso vulnera el principio de conexidad y afecta el principio democrático, como lo ha señalado la Sala Constitucional.
- La Ley Orgánica de la Contraloría General y la Ley General de Control Interno, distinguen de manera absolutamente clara las funciones propias de las entidades públicas, las auditorías internas y la Contraloría. La imposibilidad de que un órgano de control interno o externo participe en la toma de decisiones es consustancial a su función porque, de lo contrario, perdería independencia en el ejercicio de su labor.
- Realizar un referéndum para crear una norma que ya existe, no cumple con los parámetros de razonabilidad técnico-jurídica y de proporcionalidad, y podría considerarse un uso ineficiente de recursos públicos, pues la gestión de estos debe sujetarse, también, a principios de austeridad y razonabilidad.
El TSE informó que la recolección de firmas representa un uso ineficiente de recursos públicos, ya que se destinan más de ¢3 mil millones “para crear una norma que ya existe”.
