EscucharManagua. Nicaragua aguarda la concreción de un diálogo nacional aún sin fecha con el que la oposición y diversos sectores pretenden democratizar al país, mientras los estudiantes siguen convocando protestas tras dos semanas de manifestaciones que dejaron 45 muertos.
El episcopado nicaragüense, convocado por el presidente Daniel Ortega para mediar en las conversaciones, reclamó el jueves que el diálogo “debe instalarse lo más rápido posible” y que su objetivo “debe ser revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia”.
El diálogo debe incluir la discusión de “reformas institucionales que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado” y la renovación del tribunal electoral, coincidieron los empresarios al dar a conocer su agenda en un comunicado.
El sistema político del país centroamericano ha sido cuestionado por el control del gobierno sobre el tribunal electoral y por el uso de los tribunales de justicia para bloquear la participación de opositores en los comicios.
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En el comunicado de la Conferencia Episcopal (CEN) leído por el cardenal Leopoldo Brenes en rueda de prensa, también se destaca la necesidad de que “las dolorosas muertes sufridas durante (las protestas) deben ser esclarecidas a fondo” como parte del diálogo.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el gobierno rechazó un pedido para visitar el país y le mandó “aguardar el avance de los procesos internos” referidos al diálogo y a una comisión de la verdad, justicia y paz creada en el parlamento.
Ante la respuesta del estado, la CIDH dispuso instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objetivo de “dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua” y reiteró “de manera urgente su solicitud de anuencia” para visitar el país.
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En tanto, los estudiantes denunciaron que en la madrugada del jueves grupos de choque y policías atacaron a alumnos que permanecen atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, con saldo de al menos seis heridos, uno de ellos de gravedad.
En una rueda de prensa, los jóvenes -que no revelaron su identidad- dijeron que “después de este ataque” no hay “seguridad para ir a un diálogo” con el gobierno e instaron a la población a manifestarse en las calles y a un paro nacional el 9 de mayo.
El paro también es convocado por el opositor Movimiento por Nicaragua.
La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, portavoz del gobierno, reiteró ante medios oficiales la disposición al diálogo “en el momento y en las modalidades que los señores obispos decidan”.
“Un sí a la paz, a la disposición de reunirnos para conversar todos los problemas sin ninguna limitación (...) nuestro gobierno está en plena y absoluta disposición de acudir al llamado del CEN”, expresó Murillo.
El episcopado planteó en su comunicado que un mes después de que se inicie el diálogo, harán “un alto para valorar la voluntad en la implementación y cumplimiento serio y real al que han llegado las partes”.
Si los obispos de la Conferencia Episcopal evaluamos que no se están dando estos pasos, informaríamos al pueblo de Dios, al que acompañamos, y diríamos que así no se puede seguir”, agregó.
El miércoles, el movimiento estudiantil había dado un ultimátum al gobierno para que antes del 8 de mayo integre una comisión independiente para investigar las muertes en las protestas con la participación de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU.
Los estudiantes no habían reaccionado a la denegación del gobierno a una visita de la CIDH al país.
Policías antimotines, que se habían replegado a sus unidades, volvieron el miércoles a las calles e impidieron a los estudiantes marchar rumbo al parlamento para expresar su rechazo a una “comisión de la verdad” que los diputados del oficialismo sandinista formaron la semana pasada para investigar las muertes durante las protestas.
Mientras tanto, en los tribunales inició el juicio contra seis jóvenes habitantes de un barrio al este de la capital acusados de dar muerte a un manifestante durante saqueos a un supermercado.
Por su parte, empleados del gobierno se mantenían en rotondas de la capital en apoyo a Ortega.
