El otorgamiento de incentivos fiscales a la importación de vehículos eléctricos es una excelente noticia. El proyecto de ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico será finalmente una realidad y con su aprobación se alcanzan dos objetivos en el desarrollo del país.

En primer lugar, se protege el medio ambiente mediante la promoción de alternativas de transporte basadas en energías limpias.

En segundo lugar, resulta muy positiva la utilización del sistema tributario como un instrumento de desarrollo, y no solo de recaudación.

Cabe recordar que, si bien los sistemas tributarios deben proveer el marco adecuado para que el Estado recaude los fondos necesarios para cumplir sus obligaciones, no deben olvidarse las funciones extra-fiscales del sistema, la cuales le permiten incentivar o desincentivar conductas que beneficien el bien común.

Resultan destacables algunas características de las exenciones otorgadas. La exención está limitada temporal y económicamente: se otorga por un plazo de cinco años (salvo repuestos que asciende a 10 años) y el monto total de lo exonerado no podrá superar 24 salarios base (aproximadamente $18.000). De esta forma, se otorga un 100% de exención en el Impuesto General sobre las Ventas, en el Impuesto Selectivo de Consumo y en el Derecho Arancelario de Importación sobre los primeros $30.000 del vehículo. Sobre ese monto se aplican exenciones reducidas.

Revisando precios de vehículos eléctricos en el mercado internacional, la mayoría superan los $30.000, por lo que es de prever que las exenciones no serán totales para la gran mayoría de vehículos.

Esperemos que la gestión administrativa sea positiva. Le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía coordinar con Hacienda. Los criterios del Departamento de Gestión de Exenciones no han sido idóneos en la valoración de otras beneficios como en proyectos eólicos. Esperemos que ahora sí se faciliten en beneficio del país.