Cuando el liberacionista Gustavo Viales dio su apoyo para liberar a la canasta básica del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no solo le restó más de ¢65.000 millones anuales a la recaudación esperada de la reforma fiscal. Al levantar su mano, sacudió la confianza de una alianza incómoda y reventó una bomba de drama legislativo que se extendió durante días.
Según estimaciones del PLN, la reforma podría votarse en primer debate en agosto. De ser así, pasaría inmediatamente a consulta a la Sala Constitucional por un mes y se le daría segundo debate antes de terminar el mes de setiembre.
Se acabó la paz legislativa que quiso comprar el Gobierno tras reunirse con las siete bancadas legislativas en su primera semana de labores.
Las principales fuerzas políticas mostraron el 1° de mayo pasado una profunda vocación de responsabilidad para facilitar la gobernabilidad a la nueva Administración. Mención especial debe recibir la actitud del Partido Liberación Nacional (PLN) al otorgar con sus votos la presidencia del directorio y vicepresidencia a los dos partidos oficialistas, a pesar del carácter minoritario de ambos.
Su llegada a la máxima silla del Ministerio de Hacienda en 2012 fue un llamado a liderar un proceso que se venía discutiendo en el país desde hacía dos décadas. La compleja situación financiera de Costa Rica urgía -desde entonces- una reforma fiscal.
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