Una de las vías es que el Gobierno insista en crear su propio mecanismo, con nuevas reglas, otro interlocutor y una nueva fecha de convocatoria. Otra es que la administración Alvarado Quesada acepte ir a cancha ajena y atienda la propuesta que elabora la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
Gobierno aplicará un modelo de gestión compartida denominado Costa Rica se Cuida y Trabaja donde se pretende una mayor apertura a partir del 9 de setiembre.
Negociar este acuerdo con el FMI es crucial para la solvencia y estabilidad de la economía nacional. Aún así, el Gobierno ha presentado una serie de excusas para formalizar esas negociaciones, por lo que finalmente celebramos que sucediera.
El incremento no se debe necesariamente a un acceso más amplio a la justicia por parte de la ciudadanía o de las empresas, sino más bien a una mayor judicialización de los conflictos por cobros de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros tipos de deudas.
El texto, presentado por el Poder Ejecutivo, busca amortiguar los efectos económicos que ya deja entrever el COVID-19 en Costa Rica. En detalle, busca disminuir lo más posible, la destrucción masiva de empleos.
Aunque a primera vista parece que el Poder Judicial se someterá a las acciones de ahorro en el pago de pluses salariales, existen dos caminos que podrían cambiar la aplicación de esta medida de ahorro.
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