Las remuneraciones de los principales jerarcas del país en los tres Poderes de la República son muy diferentes y, a veces, entre personas que comparten el mismo tipo de puestos.
Si bien el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial recientemente adoptaron nuevas escalas de salario global, estas apenas se empiezan a utilizar y muchos jerarcas todavía tienen los viejos salarios compuestos (con pluses). Por otra parte, los diputados tienen un régimen aparte y, aunque todos pueden cobrar la misma cifra mensual, esto casi nunca ocurre.
EF recopiló los salarios del gabinete de Gobierno, de los diputados y de los magistrados del Poder Judicial, así como de otras figuras preponderantes de la función pública, en las últimas semanas. Estos fueron los principales hallazgos.
Gobierno
El Poder Ejecutivo recientemente estrenó un nuevo sistema de salario global. Este contempla un pago de ¢5,57 millones para el Presidente de la República, ¢5,29 millones para los vicepresidentes y ¢4,17 millones para los ministros, entre otros cargos relevantes.
No obstante, ese salario está vigente apenas desde marzo de 2023 y solo cuatro ministros lo reciben en la actualidad. Tres de ellos ingresaron como ministros de forma posterior a ese mes; mientras que el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, inicialmente trabajó ad honorem, según el Ejecutivo, pero ahora cobra la nueva remuneración.
El presidente, los vicepresidentes y los demás ministros del gabinete reciben salarios compuestos (las viejas remuneraciones con pluses). El mandatario Rodrigo Chaves cobra ¢2,9 millones, el vicepresidente Stephan Brunner devenga ¢2,6 millones y los ministros, entre ¢3,5 millones y ¢5,5 millones, gracias al aumento salarial que decretó el presidente para estos cargos al inicio de su administración.
Dos ministros ingresaron de forma posterior a marzo de 2023, pero no cobran el salario global. Uno cobra más (Mario Zamora, de Seguridad) y otra cobra menos (Mary Munive, de Salud).
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Asamblea Legislativa
Los diputados de la Asamblea Legislativa, por otra parte, pueden cobrar hasta ¢4 millones mensuales. Además, tienen derecho a otras retribuciones adicionales en especie, a modo de viáticos, como el dinero para pagar hasta 500 litros de combustible mensuales (no acumulables por más de un año), servicios de telefonía y choferes.
No obstante, los legisladores no siempre cobran todo su sueldo. Reciben rebajos por sus ausencias a sesiones de trabajo en el Congreso. En diciembre, por ejemplo, los montos cobrados por los diputados oscilaron entre los ¢2,6 millones y los ¢4 millones.
A pesar de que los diputados obtienen remuneraciones, estas no se consideran de la misma manera que los demás salarios comunes y corrientes de la población en términos legales. Al tratarse de personas que ejercen puestos de representación pública y no de trabajadores contratados, en sentido estricto, los congresistas tienen un modelo de compensación diferente.
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Poder Judicial
Por último, los magistrados del Poder Judicial son los funcionarios que reciben mayores remuneraciones, en términos generales. De hecho, los salarios netos de los magistrados de la Corte Plena y del fiscal general actuales (ya habiendo restado las deducciones de ley) van desde los ¢3,63 millones hasta los ¢6 millones; aunque los montos brutos son mayores.
Las sumas varían sustancialmente entre magistrados porque la nueva escala de salario global se estableció recientemente y únicamente aplica para nuevas contrataciones, al igual que en el Poder Ejecutivo. Esta definió que el presidente de la Corte debería de empezar cobrar ¢5,38 millones, el vicepresidente ¢5,29 millones, los magistrados presidentes de Sala ¢5,04 millones y los demás ¢4,86 millones.
El mayor salario de todos los magistrados es el de Orlando Aguirre, el máximo representante del Poder Judicial.
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Otros funcionarios públicos de alto rango como el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, o la contralora general, Marta Acosta, cobran salarios de ¢5,74 millones. Estos son los montos globales establecidos desde hace varios años por ambas instituciones. No obstante, estas cifras tendrían que redefinirse una vez que se active el nuevo salario global para el Presidente de la República. Las reformas legales más recientes definieron que la remuneración del mandatario tendría que ser la más alta de la Administración Pública, salvo entidades en competencia o el servicio diplomático.
