"Uber"

“Taxificar” los servicios de movilidad colaborativa es un fenómeno común en países, sobre todo de América Latina. Costa Rica, afín a este movimiento, ya cuenta en la corriente legislativa de su Congreso, con un texto que burocratiza un modelo basado en la simplicidad, la practicidad y la versatilidad de la tecnología.

La perversidad del proyecto de ley es tal que establece que, de todos los impuestos cobrados a las plataformas tipo Uber, un 80% se destinará para que los taxistas “rojos” puedan renovar su flota. Eso es exactamente igual a que a Ud. se le cobre el impuesto territorial por la posesión de su vivienda y que la municipalidad destine el 80% de ese impuesto a subsidiar la mejora de las viviendas de los sindicalistas.

Las EPT que se encuentren en operación antes de que la ley entre en vigor –como es el caso de Uber– tendrán que pagar ¢8.299 millones (que equivalen a 18.600 salarios base del Poder Judicial), para poder registrarse ante el CTP.

Uber ofrece en Costa Rica tarifas mucho más bajas en relación con las que cobran los taxistas formales, quienes se quejan, reiteradamente, de que deben pagar impuestos, llevar el vehículo a revisión técnica dos veces año, cancelar el canon de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y cubrir una serie de obligaciones legales que les restan capacidad de competir.