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La potestad de modificar condiciones de la relación contractual debe ejercerse con justificación, de modo que si un trabajador se opone, la empresa pueda contrapesar los argumentos del trabajador con las necesidades de la operación.

La liquidación periódica es una práctica legal en Costa Rica, siempre que cumpla con condiciones básicas: mantener la continuidad de la relación laboral, representar un beneficio igual o mayor al que correspondería por ley y respetar las condiciones mínimas de la cesantía una vez que llegue el momento de aplicarla por ley.

Leyes dan la posibilidad al patrono de finalizar la relación laboral sin causa justificada, pero en resoluciones recientes la Sala Constitucional consideró esta práctica como contraria a los derechos fundamentales del trabajador

Por reglamento, personas incapacitadas deben guardar reposo absoluto y forzoso, aún cuando su padecimiento les permita cumplir ciertas labores de su puesto.

Toda empresa pública o privada ahora tendrá que llevar un registro de las personas que ha sancionado por acoso. Incumplir esta normativa podría acarrarle multas y hasta eventuales pagos de indemnizaciones.

¿Pueden los trabajadores irse a laborar a la playa o montaña? ¿Qué sucede con los seguros? ¿Se facilita la mudanza a otras zonas? Las preguntas que surgen de la nueva normalidad.

Las restricciones de movilización y el cierre de comercios ubicados en los cantones en zona naranja, son factores que podrían desatar conflictos dentro de las empresas.

La principal responsabilidad de las empresas es velar por la salud de sus colaboradores, coinciden los especialistas consultados por EF. Ante una amenaza, como la que representó el virus AH1N1 y ahora el COVID-19, se deben desarrollar políticas claras de prevención y se debe concientizar a los trabajadores para prevenir contagios.

Comunicar un despido no es nada fácil. Sin embargo, hay ciertas consideraciones que debe tener presentes para que no se convierta en un problema legal. La primera de ellas, es tener clara la causa del despido.

La lentitud en la declaratoria de la huelga, las dificultades que enfrentaron los jueces para notificar a los sindicatos y la paralización de los servicios esenciales, son tres aspectos que ponen contra las cuerdas a la histórica reforma.