El fallo pone fin a un proceso que el Poder Ejecutivo defendió durante meses como un ejercicio de transparencia y justicia económica, pero que organizaciones, medios, gremios y la propia Iglesia Católica rechazaron por considerarlo una amenaza al pluralismo informativo.
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) declaró la inconstitucionalidad de los procedimientos de licitación para frecuencias de radio y televisión abierta que se encontraban en curso.