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Una operación eficiente y a costos competitivos en la Terminal de Contenedores de Limón es, sin duda alguna, vital para la economía nacional.

Desde la entrada en operaciones de la TCM, Japdeva ha enfrentado cambios y obstáculos: cambio de jerarca, el embargo de sus cuentas y la pandemia han dejado a la entidad caribeña con pocos avances en la reestructuración y en una delicada situación financiera.

El megapuerto es mucho más que una promesa de eficiencia y abaratar costos, también se vendió políticamente como la mejor ruta para generar empleo, atraer Inversión Extranjera Directa (IED), mejorar la infraestructura, abrir nuevos mercados a las exportaciones.

A Goeritz, quien no estuvo en territorio nacional durante el difícil camino previo a la concreción de la obra, le corresponde ahora cumplir con las promesas sociales, económicas, productivas y políticas que se construyeron para blindar la concesión de la terminal de los $1.000 millones en Moín.

Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, considera que esta nueva ofensiva legal para tratar de impedir la liberación de recursos hará más daño a las frágiles y lastimadas finanzas de la entidad.

intrajap inicialmente presentó una solicitud para congelar la cuenta bancaria donde Japdeva recibe el dinero del canon que paga APM Terminals, monto que a la fecha ronda los $21 millones.

También solicitó un adelanto de pago de servicios portuarios por ¢600 millones a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

EF conversó en exclusiva con Leu Huisman, jefe regional de APM Terminals para Latinoamérica, con el objetivo de conocer las posiciones de la empresa sobre la posibilidad de cambiar las tarifas, los problemas que agitaron las aguas durante el primer año en Costa Rica y los retos a futuro.

Descargar un buque de 200 metros de longitud cargado con 435 contenedores en el nuevo megapuerto del Caribe resulta $56.509 más oneroso por semana respecto al muelle de Japdeva, monto que representa $2,9 millones al año.

El Incop catalogó las obras valoradas en $251 millones para actualizar el mayor muelle del Pacífico como “urgentes”, ya que puerto Caldera se encuentra colapsado desde el 2016.