Es claro que nuestro país ha optado desde hace ya muchos años por convertirse en un país que atrae inversión extranjera y en consecuencia, resulta lógico que mantenga un sistema de renta territorial, que le permite gravar la renta que generan las empresas de capital extranjero que operan en el país.
Se requiere de un órgano que supervise al poder tributario, tanto desde el resguardo a los derechos del contribuyente, como desde su rol en la macroeconomía del país.
Ante la posible aplicación de un impuesto sobre el salario de aquellos contribuyentes que no han perdido su trabajo, poner sobre la mesa las medidas o incentivos fiscales aplicados en otros países para hacer frente a la pandemia del COVID-19 se convierte en un ejercicio necesario.
Una vez presentada la declaración, el Estado conserva la potestad de revisar si lo que he declarado es correcto o no, de conformidad con la normativa tributaria.
Como consecuencia de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, plasmada en el Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, surgió el impuesto sobre las rentas de capital inmobiliario. Este impuesto grava los ingresos que derivan del arrendamiento, subarrendamiento o la cesión de otros derechos de uso o goce sobre bienes inmuebles.
¿Por qué se carga sobre los hombros de un notario, que puede no ser especialista en derecho tributario, una responsabilidad tan delicada en materia impositiva? Pues porque no pueden asumirla ni el Registro ni la Dirección General de Tributación.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/FIAALNOFHZHTBK4JNK53XYE26Q.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/GLNMOXOP4FAVDNPLFJL3EJ343A.jpg)
/arc-anglerfish-arc2-prod-gruponacion.s3.amazonaws.com/public/JO7EKYYQ5VFFPGOHMSIYMHVSBU.jpg)
/arc-anglerfish-arc2-prod-gruponacion.s3.amazonaws.com/public/A6AZA26ACJCSXOGHIDIQDIVDVU.jpg)
/arc-anglerfish-arc2-prod-gruponacion.s3.amazonaws.com/public/WDGODSRKQVGJFBTQUP3NRFZCNE.jpg)
