Según datos del Ministerio de Hacienda, un total de 35.000 personas reciben un salario líquido menor al mínimo, de las cuales, 26.807 corresponden a educación y 4.492 a seguridad.

El resto se lo dividen otros 28 ministerios e instituciones del Gobierno Central.

Se trata de empleados que tienen comprometido más del 60% de su salario mensual en pago de préstamos a cooperativas, cajas, asociaciones solidaristas y otras entidades financieras.

Los educadores y policías tienen también la planilla más grande de todo el sistema.

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Del total de funcionarios con deducciones automáticas, 90.373 son educación y 16.730 son de seguridad.

Otras entidades más pequeñas tienen también una porción importante en deducciones que sobrepasan el salario mínimo.

La Dirección General de Adaptación Social mantiene 1.043 personas que reciben menos del salario mínimo, una población que representa el 20% de todos sus empleados a los que se les hace deducciones.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes mantiene 968 personas bajo esas mismas condiciones, al igual que el Ministerio de Salud, la Imprenta Nacional y Desarrollo de la Comunidad.

Todas las anteriores tienen más del 20% de sus empleados con deducciones que exceden el salario mínimo inembargable. (Vea la tabla “Menos de ¢190.000 mensuales”, al final de esta nota).

De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, las deducciones son mecanismos que solicitan las entidades financieras al servicio de deducción de la Tesorería Nacional.

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A partir de la solicitud se realiza un estudio y es la Tesorería quien aprueba que la entidad pueda ‘cobrarle’ a la planilla del Gobierno Central directamente desde el salario.

Al inicio de cada mes la entidad financiera presenta la lista de los asociados a los que se les deben aplicar deducciones y, cuando la Tesorería realiza el proceso para la emisión del pago de salario o pensión, se aplican las deducciones que fueron previamente cargadas.

Según Hacienda, el 31% de la planilla del sector público recibe al menos una deducción a su salario mensual.

Más de la mitad son realizadas por cajas; como la Caja de Ande, mutuales, cooperativas y otras entidades financieras.

Una porción equivalente al 7,91% de los ingresos de los empleados públicos los reciben los bancos estatales, particularmente el Banco Nacional, y un pedazo más pequeño del pastel se lo reparten los colegios profesionales, asociaciones solidaristas, sindicatos y otras entidades.

Tres entidades ya aplican límite

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Municipalidad de San José y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) dieron luz verde al límite a las deducciones automáticas aplicadas al salario por motivo de deudas u otros. La decisión llegó inclusive sin existir un decreto o ley que los obligue a hacerlo.

Con la medida, pretenden garantizar que sus empleados reciban como paga al menos esos ¢190.377 como salario mínimo. Este es monto del salario bruto vigente del servicio doméstico, dispuesto como inembargable para todo trabajador en el Código de Trabajo.

La Procuraduría General de la República emitió un criterio en el que dictó que sobre ese monto se pueden amparar las deducciones automáticas por préstamos.

Entonces, los trabajadores de estas tres instituciones no pueden recibir menos de ese salario mínimo al mes. En el ICE aplica (el límite) cuando lo solicita el empleado y en los otros dos casos, a nivel de toda la planilla.

El “liberar” más recursos a los empleados no es sinónimo de una condonación de deudas. Los deudores deben atender los préstamos a través de otros canales de pago, como las ventanillas o sucursales electrónicas.

Estas tres entidades resaltaron a EF que ninguna entidad financiera o cooperativa se ha acercado a ellos en busca de una solución ante el desequilibrio de las finanzas de sus empleados.

A quienes lo solicitan, el ICE les aplican las deducciones de ley, se reserva el salario mínimo y al monto restante se le aplican las deducciones de las entidades financieras hasta donde el salario lo permita, explicó la División de Talento Humano del ICE.

Esta institución cuenta con una planilla de 12.847 personas, de la cual 11.673 empleados (91%) reciben alguna deducción por parte de entidades financieras.

Por su lado, la Municipalidad de San José cuenta con 2.983 funcionarios, y el 88,4% de ellos recibe una deducción automática.

Además, cada uno de estos empleados recibe en promedio 3,5 deducciones distintas a sus salarios. La MSJ reporta un total de 9.162 registros diferentes que se aplican a los funcionarios.

Este municipio aplicó el límite a las deducciones desde abril del 2018.

Respecto del impacto de la medida en la morosidad, la Municipalidad aclaró que el pago de las deudas es responsabilidad de cada empleado.

El volumen de embargos judiciales recibidos después de la medida, no muestra signos de incrementos abruptos que puedan considerarse críticos, explicó Allan Vásquez, director de Recursos Humanos de MSJ.

El INVU asegura el salario mínimo a sus 178 empleados desde el 2018. En setiembre de ese año comunicó a las entidades financieras crediticias sobre la medida.

Del total de funcionarios, la mayoría (140) recibe alguna deducción.

Recientemente se ha incorporado en las constancias de salario, la suma correspondiente a la suma inembargable vigente, con el fin de que los analistas de las entidades crediticias tengan elemento de juicio para valorar si la deducción es elegible, explicó Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo del INVU.