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Con el cierre del año fiscal en setiembre, la Tributación Directa analiza los frutos rendidos por la estrategia de fiscalización empleada.
El reto es sacarle más filo a las armas de Hacienda y nutrir unos ingresos tributarios golpeados por la actividad económica desacelerada.
La misión tiene carácter urgente. El déficit fiscal rasguñará el 5% de la producción para finales de 2013. Con gastos que crecen casi inercialmente, la presión recae sobre la Tributación Directa, pues debe incrementar la recaudación.
La estrategia de este año concentró los recursos en sectores económicos de interés para Hacienda como los profesionales liberales, el comercio minorista y los servicios de educación privada.
También bajo la lupa se colocó a los contribuyentes que presentaban señales de alerta como el registro consistente de una renta neta insuficiente, aumentos injustificados de patrimonio o cuyas declaraciones chocaban con la información obtenida de terceros.
“Este año se ha recuperado alrededor de ¢20.000 millones producto de planes de cobro”, comentó Carlos Vargas, director de la Tributación Directa.
Sin embargo, el fruto del programa de control es más elevado. Hasta el momento, las acciones de fiscalización han logrado detectar ¢57.000 millones en impuestos que se dejaron de pagar.
La detección no asegura que se logren recuperar. Según las disposiciones anteriores a las reformas del Código Tributario, hay deudas con el fisco que no quedan en firme hasta que se cumpla el proceso en los tribunales.
En el tintero
Aunque todavía no están definidas las modificaciones que la Tributación Directa hará sobre su estrategia de fiscalización, sí están claros los frentes en los que lanzarán nuevas acciones.
“Actualmente, la fiscalización está centrada en temas contables. Nuestra idea es focalizarnos en una labor más investigativa, de análisis”, explicó Vargas.
La información será vital, y los fiscalizadores estrecharán lazos no solo con los organismos policiales sino con otras administraciones tributarias aprovechando los tratados de intercambio de datos.
Otra meta para el próximo ejercicio fiscal es ampliar la cobertura de las fiscalizaciones para aumentar el monto de dinero recuperado.
Además, la Tributación Directa deberá implementar el reciente reglamento de precios de transferencia que norma las transacciones en personas jurídicas relacionadas.
“El reglamento otorga a la Tributación Directa las facultad de comprobar que las operaciones entre entes vinculados, hayan sido realizadas a precios de mercado”, explicó Francisco Ovares, socio de Moore Stephens Costa Rica.
Además, Hacienda podrá realizar los ajustes correspondientes, cuando los precios transados no estén dentro de lo que hubieren pactado partes independientes
También en camino está la plataforma gratuita de factura digital que, actualmente, Hacienda prueba con un plan piloto. El objetivo es que el uso de la herramienta se extienda entre profesionales liberales para facilitar su fiscalización.
Debido a la débil participación de profesionales en el plan piloto, es posible que este se extienda en tiempo para poder determinar los puntos flacos del sistema.
“Preferimos ir despacio pero seguro”, afirmó Vargas.
