Asociación de bancos solicita al BCCR garantizar la seguridad y el uso indicado de los datos sobre transacciones cambiarias

La petición de la ABC llega un día después de que el Central anunciara que los intermediarios cambiarios tendrán que suministrarle, a partir de abril próximo, las transacciones de compra y venta de dólares de sus clientes con número de identificación.

Según el ente emisor, el número de identificación de los usuarios permitiría clasificar con mayor precisión la razón de las transacciones de dólares en las ventanillas de los intermediarios.

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“En ese contexto, la organización gremial solicitó al Banco Central de Costa Rica garantía de utilizar la información en estricto apego al objetivo del requerimiento, sin obviar que la institución pública es un competidor de la banca comercial en el mercado de divisas”, añadió en el comunicado de prensa que envió la ABC este martes 20 de febrero.

Una de las razones que incentivó al BCCR a realizar el nuevo requerimiento es la imprecisión de la categoría de “otros” dentro de las estadísticas cambiarias que recibe por parte de las instituciones financieras.

Actualmente, cuando se compran o venden dólares se debe justificar el motivo de los movimientos. En la conferencia de prensa que realizó la autoridad monetaria el 19 de febrero se indicó que para eso hay 29 categorías como exportaciones, importaciones, pago de salarios e intereses. Entre ellas hay una que se clasifica como “otros” y su finalidad es agrupar las operaciones que no pertenecen a ninguna de las otras 28 opciones.

“No es una categoría indefinida, sino que es una clasificación inadecuada del origen o el destino de los fondos, entonces está claro que el análisis de la información que tenemos hoy en ventanillas tiene grandes limitaciones”, dijo Hazel Valverde, gerenta general del BCCR.

El asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense, Mario Gómez, explicó que actualmente existe una norma que faculta al BCCR para solicitar la información de las operaciones cambiarias de los clientes, y las entidades financieras supervisadas están obligadas a suministrarla.

“La entidad gubernamental tiene el poder y deber de administrar y resguardar adecuadamente la información que se le suministrará de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que protegen el uso de los datos de las personas”, mencionó Gómez.