EscucharEl Banco Central de Costa Rica (BCCR) defendió la validez de la petición de datos de créditos y deudores que le hizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en el 2022 y derivó en una denuncia penal contra la superintendenta Rocío Aguilar.
En un comunicado de prensa enviado por el Central la tarde de este 18 de agosto, pero sin acreditar a algún funcionario u órgano, la entidad afirma que pretende aclarar al público aspectos relacionados a la petición y expone los fundamentos legales de esta solicitud.
No obstante, el documento no se refiere a los motivos de la denuncia presentada contra Aguilar en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Además, el BCCR informó que basado en su ley orgánica debe publicar un mínimo de información sobre la situación económica del país y que para eso se requieren datos del público.
“La información solicitada a la Sugef responde a la necesidad de generar nuevas estadísticas crediticias que permitirán conocer, entre otros análisis, el riesgo financiero de los créditos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria”, se lee en el documento distribuido por correo electrónico.
Al respecto defendió la necesidad del número de identificación de los deudores, pues para el BCCR sería la variable que permite relacionar diferentes bases de datos con información financiera.
“Así, desde el punto de vista estadístico y únicamente para elaboración de datos agregados (es decir, presentación de la información agrupada y sin posibilidad de identificar datos particulares de individuos o de empresas), se puede clasificar la información crediticia por variables tales como la ubicación geográfica, la actividad económica, o si el crédito fue otorgado a familias o a empresas”, afirma la entidad emisora.
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El Banco Central y Sugef mantienen un diferendo en este momento por la entrega de información crediticia con identificación de los deudores. (Rafael Pacheco Granados)
Estos datos fueron solicitados a la Sugef. Sin embargo, esa superintendencia se negó a darlos al amparo de diferentes argumentos legales. Posteriormente la Sugef remitió una consulta a la Procuradira General de la República con el fin de esclarecer las limitaciones legales. Esa consulta se resolvió el pasado 3 de julio.
No obstante, en abril del 2023 la gerencia del BCCR denunció penalmente a Rocío Aguilar por el presunto delito de desobediencia a la autoridad, según la comunicó la funcionaria la tarde del 17 de agosto.
“En este sentido, la actuación del BCCR podría considerarse prematura al presentar la denuncia sin esperar la respuesta de la PGR”, manifestó por escrito Aguilar.
El BCCR afirmó en la comunicación enviada que cuenta con amplia experiencia en la recolección y resguardo de información de los agentes económicos (entidades públicas, entidades financieras, personas físicas y jurídicas) sobre estados financieros, cifras sobre exportaciones, importaciones y empleo.
Toda esa información, el Banco Central la utiliza para la elaboración de las estadísticas macroeconómicas del país, que es el mismo fin para el cual solicitó a la Sugef la información detallada de los créditos.
