El 24 de septiembre, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) comunicó que mantendría la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3,0% anual, en un acto contrario a la recomendación oficial de su propio equipo técnico de aplicar una reducción de 25 puntos base.
Durante la sesión del 24 de septiembre, según consta en el acta de esa fecha, la Administración y la División Económica justificaron la necesidad de una reducción al señalar que la inflación subyacente sigue en terreno negativo, las expectativas están por debajo de la meta y el crecimiento económico muestra señales de desaceleración.
Sin embargo, la mayoría de los directores se inclinó por una postura de prudencia debido al agravamiento de los riesgos geopolíticos, el alza en los precios internacionales de las materias primas y la presión de las tasas de interés en el exterior.
El temor a presiones en el mercado cambiario y a una fuga de capitales por el diferencial de rendimientos con Estados Unidos fue un factor determinante en el debate.
“Costa Rica es el único país de América Latina que tiene tasas de política monetaria por debajo de la Reserva Federal desde hace ya muchos meses, pero no solo eso, sino que esa brecha se ha incrementado”, justificó Max Soto, directivo, sobre su negativa a bajar la tasa.
Bajo esta línea de cautela, que el propio equipo técnico calificó como una alternativa válida de “pausa con sesgo a la baja”, la cúpula del BCCR prefirió esperar nueva información antes de reactivar los recortes.
“Lo conveniente y lo prudente para un banco central que espera que las tasas pudieran volver a subir por parte de, o por influencia de la economía externa, es mantener su posición a la espera de que las cosas se aclaren”, comentó Jorge Guardia, también directivo.
La decisión de mantener la tasa en 3,0% quedó en firme con una votación dividida de cinco contra dos, como se hizo público en la Reunión de Política Monetaria del 24 de setiembre.
Los directores Rudolf Lücke y Juan Andrés Robalino fueron los únicos que apoyaron sin éxito la rebaja sugerida por la Administración, argumentando que la dinámica local de precios justificaba plenamente el recorte.
