El Banco Popular deberá elegir en junio quién será su nuevo gerente general Corporativo y su subgerente general de Negocios. Sin embargo, la decisión la tomará una Junta Directiva elegida exclusivamente por el Poder Ejecutivo, en lugar de una construida de manera bipartita, como dice la ley.
La ley orgánica del Banco Popular dispone que la composición de la Junta Directiva Nacional de esta entidad —su máximo órgano de toma de decisiones— debe estar conformada por tres miembros seleccionados por el Ejecutivo y cuatro designados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular (ATT). No obstante, desde agosto del 2022 el Gobierno tiene control sobre el nombramiento de todos los directores de la Junta debido a un decreto de Presidencia.
Este control originalmente no iba a ser mayor a ocho meses, mientras se llevaba a cabo una reforma en la representatividad dentro de la ATT. Es decir, los cuatro puestos adicionales que nombró el Gobierno son pro tempore, pero un nuevo decreto publicado el 16 de mayo extendió este periodo por siete meses más, causando que la decisión sobre quién va ocupar la gerencia del Popular por los próximos cinco años sea tomada por una junta que, en su totalidad, fue puesta por el Gobierno.
Proceso de selección
A Marvin Rodríguez se le acaba su contrato como gerente general del Banco las próximas semanas y la entidad ya está en proceso de seleccionar al nuevo jerarca del cuarto intermediario más grande del país a nivel de activos.
La Oficina de Comunicación del Popular le confirmó a El Financiero que el proceso de postulación pública se cerró el pasado 14 de mayo para el puesto gerencial. En total se recibieron los documentos de 31 interesados.
La Oficina no pudo confirmarle a este medio si el actual jerarca se encuentra entre los candidatos, argumentando que solo el equipo encargado de idoneidad y análisis conoce los nombres de las personas que se postularon al cargo por motivos de autonomía y confidencialidad. Rodríguez asumió la gerencia en junio del 2018 con un contrato de cinco años.
Ahora, un equipo integrado por personal del Popular se encargará de verificar y analizar la documentación de los candidatos. Existió la posibilidad de llevar este proceso por medio de una auditoría externa cuyo costo rondaba los ¢25 millones.
Sin embargo, según explicó la oficina de comunicación del banco, la Junta Directiva desistió de este camino con el fin de contener el gasto y “priorizar la capacidad del personal de la entidad para llevar adelante este proceso con absolutas garantías de responsabilidad, imparcialidad, transparencia y apego a la normativa”.
LEA MÁS: Rocío Aguilar de Sugef le pide a los bancos “responsabilidad” en la colocación de crédito
Una vez revisados los perfiles y verificada la idoneidad, el equipo del Popular elaborará una lista priorizada por los mejores resultados para que la Junta Directiva tomé la decisión final la última semana de junio.
El mismo procedimiento se llevará a cabo para el cargo de subgerente General de Negocios, puesto al cual se postularon 43 personas.
Junta directiva por decreto
La elección de estas dos posiciones gerenciales coincidió con el decreto 43.638-MP-MTSS, el cual firmó el Presidente Rodrigo Chaves, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz y la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, el pasado 22 de julio del 2022.
Este documento buscaba implementar medidas para que el censo y la distribución de delegados que se acreditan para la ATT sea más proporcional a los sectores sociales que representan. No obstante, en el proceso de reconfiguración el decreto le da potestad al Gobierno de elegir a los cuatro miembros de la Junta Directiva que por ley representan a la Asamblea de Trabajadores.
“Con el propósito de que la Junta Directiva Nacional del Banco pueda conformarse en forma posterior al vencimiento de los actuales miembros, y para no afectar la gobernanza y sus funciones, el Consejo de Gobierno podrá nombrar en forma pro-tempore a las cuatro personas directoras representantes de los Trabajadores, las cuales deberán ser personas representantes de los cuatro sectores más representativos de acuerdo con el último censo que se haya realizado (...), dicho nombramiento pro tempore no podrá superar los ocho meses” se lee en el decreto.
Las designaciones del ejecutivo solo iban a estar vigentes hasta que el proceso de integración de la ATT del período 2022-2026 acreditara la totalidad de sus representantes para integrar la junta directiva nacional y estos fueran ratificados por el Consejo de Gobierno.
Empero, dicho proceso, a la fecha, todavía no se ha completado, así que el presidente de la República firmó otro decreto (Nº 44019-MP-MTSS) este 16 de mayo para que se extendiera por siete meses más el periodo que le permite al ejecutivo seleccionar la totalidad de la Junta.
Se le consultó tanto al Popular como a Presidencia cómo se garantizará la representación de la Asamblea de Trabajadores en la selección de los nuevos puestos gerenciales si los representantes que normalmente tendrían en la Junta Directiva fueron puestos por el Poder Ejecutivo, pero a cierre de edición no se obtuvo respuesta.
También se le consultó a la ATT si se sentían representados por los nombramientos pro tempore del Gobierno, pero tampoco se obtuvo una réplica.
La oficina de comunicación del Popular le confirmó a este medio que los puestos temporales los ocupan Iliana González Cordero (vicepresidenta), Shirley González Mora (directora), Raúl Espinoza Guido (director) y Eduardo Navarro Ceciliano (director).
El resto de la junta la conforman Genoveva Chaverri Chaverri (presidenta), María Clemencia Palomo Leitón (directora) y Jorge Eduardo Sanchez Sibaja (director).
¿Qué es la ATT?
La ATT es la máxima instancia del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la cual representa los trabajadores de Costa Rica, dueños de la institución.
Esta asamblea está compuesta por 290 personas delegadas elegidas por diez sectores sociales. Estos sectores son los siguientes: artesanal, comunal, cooperativo de autogestión, cooperativo tradicional, Magisterio Nacional, profesional, sindical confederado, sindical no confederado, solidarista y personas trabajadoras independientes.
La principal función de la Asamblea es definir el rumbo de la entidad mediante pautas que señalen los temas estratégicos que deben ser implementados en la gestión del conglomerado.
