EscucharEliminar una serie de distorsiones que encarecen el crédito es el llamado que realizó Rodrigo Cubero, asesor de la Asociación Bancaria Costarricense, a los candidatos presidenciales.
Entre ellas sobresalen quitar las cargas parafiscales, que son contribuciones que se imponen a la banca para financiar programas fiscales; el denominado peaje bancario, que exige a los bancos privados mantener en la banca estatal un 17% de los depósitos que reciben, así como el encaje mínimo legal, que corresponde al porcentaje de los depósitos que los intermediarios financieros deben mantener inmovilizados en el Banco Central y que no pueden destinarse al otorgamiento de crédito.
En Costa Rica, esta tasa se sitúa en 15%, por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es del 1%, en los países que sí lo aplican.
En el caso del encaje mínimo legal, su fijación es competencia del Banco Central, no del Poder Ejecutivo, pero la ABC considera importante que se promueva una discusión técnica orientada a valorar una eventual reducción de esta tasa.
“Reducir estas distorsiones es esencial para conseguir tasas de interés más competitivas para los ahorrantes y más crédito, a menores tasas, para los deudores, fortaleciendo la competitividad del país y promoviendo un crecimiento más dinámico y equilibrado”, agregó Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica.
De cara al proceso electoral, la Asociación Bancaria Costarricense hizo un llamado a las candidaturas presidenciales para que incorporen estos temas en sus propuestas de política económica, con un enfoque técnico, responsable y orientado a resultados.
De acuerdo con la ABC, si bien la economía del país mantiene tasas de crecimiento saludables, este dinamismo se concentra principalmente en las empresas de zonas francas.
El resto de la economía —que representa cerca del 85% del Producto Interno Bruto— ha mostrado un crecimiento bajo durante varios años, lo que limita la generación de empleo formal y un desarrollo más equilibrado.
Para la Asociación Bancaria, el aparato productivo nacional enfrenta elevados costos relacionados con cargas patronales sobre la planilla, tarifas eléctricas, rezagos en infraestructura, exceso de regulación y desajustes entre la oferta laboral y las necesidades reales de las empresas.
Estas condiciones afectan especialmente a las compañías ubicadas fuera de zonas francas y fuera de la Gran Área Metropolitana.
El resultado es una menor competitividad, una caída de la rentabilidad de los proyectos de inversión y un freno a la creación de empleo formal.
Actualmente, cerca del 40% de los trabajadores se mantiene en la informalidad, una situación que la ABC considera urgente atender mediante una estrategia integral.
Las advertencias de la ABC sobre el estancamiento del crédito coinciden con los hallazgos de una investigación de la firma Cefsa.
El estudio, elaborado por los economistas Daniel Ortiz y Luis Liberman, evidencia que el entorno macroeconómico y la rigidez regulatoria han condicionado la rentabilidad del sistema en la última década.
Se evidenció que el sistema financiero costarricense enfrenta retos estructurales cada vez más complejos y que el entorno macroeconómico cambió, la regulación se volvió más exigente y persisten distorsiones legales que condicionan la rentabilidad y, en última instancia, el rumbo futuro de la intermediación financiera.
Según el análisis, aunque el crecimiento promedio de la economía fue satisfactorio en los últimos diez años, no se tradujo en una mayor demanda de crédito ni en un fortalecimiento del ingreso disponible.
